En 2025, el SAT ha reforzado su marco regulatorio para el comercio exterior, incorporando nuevas obligaciones, controles más estrictos y un enfoque tecnológico más riguroso para la fiscalización de operaciones de importación y exportación.

Tener inversiones en el extranjero es cada vez más común, pero también implica obligaciones fiscales en México que no pueden ignorarse. En 2025, con mayores intercambios de información entre países y una fiscalización más precisa, es crucial saber cómo declarar correctamente los dividendos extranjeros para evitar omisiones, recargos o sanciones.

El SAT ha intensificado sus acciones de vigilancia en sectores con obligaciones específicas, como el de hidrocarburos y gasolinas, donde los controles volumétricos son fundamentales para garantizar la trazabilidad y veracidad de las operaciones.

El “Plan México” surge como una estrategia integral que busca posicionar al país como un hub de atracción para la inversión nacional y extranjera, a través de incentivos fiscales dirigidos a sectores clave, la profesionalización del talento y el fomento a la innovación tecnológica y operativa.

El SAT ha lanzado su Plan Maestro de Fiscalización 2025, con un enfoque más analítico, predictivo y automatizado para detectar inconsistencias fiscales. Este nuevo modelo prioriza el uso de inteligencia artificial, cruces masivos de información y vigilancia sobre sectores estratégicos, operaciones inusuales y contribuyentes con riesgos específicos.

La creatividad contractual en los negocios ha dado lugar a figuras cada vez más complejas y personalizadas, conocidas como contratos atípicos. Sin embargo, con la entrada en vigor del Artículo 5-A del Código Fiscal de la Federación (CFF) —que regula la cláusula general antiabuso— estas estructuras pueden ser cuestionadas por la autoridad fiscal si se considera que carecen de una razón de negocio válida.

En los últimos años, el SAT ha intensificado su fiscalización sobre sociedades civiles, aplicando criterios automatizados que, en muchos casos, ignoran el principio del flujo de efectivo que rige su régimen fiscal. Esta desconexión entre la normatividad y los algoritmos de revisión ha generado diferencias en ingresos reconocidos, determinaciones de ISR indebidas y requerimientos que ponen en riesgo la operación de estas figuras jurídicas.