Esta ley introduce un marco regulatorio que abarca tanto la responsabilidad administrativa como penal de las empresas, buscando sancionar tanto a servidores públicos como a particulares por faltas administrativas.
Estas operaciones se realizan bajo condiciones que difieren de las que serían acordadas por empresas independientes, debido a la relación existente entre ellas. Dicha relación puede ser directa o indirecta, influyendo en la dirección, control o capital de la otra empresa, o cuando las mismas personas participan en la dirección, control o capital de ambas empresas.
Estos mecanismos no solo previenen riesgos e infracciones, que dependiendo de su gravedad pueden conllevar multas o sanciones penales, sino que también protegen la reputación de la empresa, mejoran la gestión empresarial y fomentan una cultura de ética y legalidad, asegurando la continuidad de las operaciones.
Esta herramienta permite el precargado de información de los CFDI emitidos y recibidos, especificando aquellos CFDI de Ingreso cuyo método de pago sea “Pago en una sola exhibición” (PUE) y los CFDI de Pago donde la fecha de pago corresponda al mes que se declara.