Implementarán una serie de cambios regulatorios y tecnológicos que presentan tanto desafíos como oportunidades para empresarios y emprendedores en México. Estos cambios buscan modernizar los sistemas fiscales, laborales y de vivienda, promoviendo la transparencia, la eficiencia y el cumplimiento normativo.
El REPSE tiene importantes implicaciones legales y fiscales que los empresarios y emprendedores deben considerar para evitar sanciones, multas o complicaciones en sus operaciones.
El pasado 19 de diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal 2025. Este documento estratégico define los recursos financieros que obtendrá el gobierno federal y presenta una gran oportunidad para empresarios y emprendedores mediante la inclusión de un estímulo fiscal extraordinario.
El comercio exterior en México es una gran oportunidad de crecimiento para las empresas, pero también implica cumplir estrictamente con la Ley Aduanera y la Ley de Comercio Exterior. No cumplir con estas normativas puede generar multas millonarias, decomisos e incluso sanciones penales.
Establecida en el Código Penal del Estado de Sinaloa. Esta definición abarca aplicaciones, programas o tecnologías que permiten realizar alteraciones automáticas a fotografías, audios o videos. Además, la Corte avaló la incorporación de esta definición dentro del delito de violación a la intimidad sexual, lo que implica que el uso de IA para modificar o alterar contenido multimedia con fines ilícitos podrá ser sancionado conforme al artículo 185 Bis C del Código Penal de Sinaloa, reformado mediante un decreto publicado el 12 de febrero de 2024. INTERNET2.SCJN.GOB.MX
En un mundo cada vez más digitalizado, la Inteligencia Artificial (IA) ha revolucionado la manera en que las empresas operan, automatizan procesos y generan contenido. Sin embargo, esta misma tecnología también puede ser utilizada de manera indebida, lo que ha llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a validar su definición dentro del Código Penal del Estado de Sinaloa, estableciendo sanciones para quienes la usen con fines ilícitos.