El SAT ha intensificado sus acciones de vigilancia en sectores con obligaciones específicas, como el de hidrocarburos y gasolinas, donde los controles volumétricos son fundamentales para garantizar la trazabilidad y veracidad de las operaciones.

El “Plan México” surge como una estrategia integral que busca posicionar al país como un hub de atracción para la inversión nacional y extranjera, a través de incentivos fiscales dirigidos a sectores clave, la profesionalización del talento y el fomento a la innovación tecnológica y operativa.

El SAT ha lanzado su Plan Maestro de Fiscalización 2025, con un enfoque más analítico, predictivo y automatizado para detectar inconsistencias fiscales. Este nuevo modelo prioriza el uso de inteligencia artificial, cruces masivos de información y vigilancia sobre sectores estratégicos, operaciones inusuales y contribuyentes con riesgos específicos.

Con una cifra histórica de 21,400 millones de dólares en inversión extranjera directa durante 2025, México se consolida como uno de los destinos más atractivos para el capital global. Este fenómeno, impulsado por el nearshoring, la estabilidad macroeconómica y su posición estratégica, abre un abanico de oportunidades para empresas nacionales y emprendedores.

Los precios de transferencia no solo son una obligación fiscal para empresas con operaciones entre partes relacionadas, sino también una poderosa herramienta estratégica. Bien gestionados, permiten alinear la carga tributaria con la realidad del negocio, evitar contingencias con el SAT y optimizar la rentabilidad global.

En los últimos años, el SAT ha intensificado su fiscalización sobre sociedades civiles, aplicando criterios automatizados que, en muchos casos, ignoran el principio del flujo de efectivo que rige su régimen fiscal. Esta desconexión entre la normatividad y los algoritmos de revisión ha generado diferencias en ingresos reconocidos, determinaciones de ISR indebidas y requerimientos que ponen en riesgo la operación de estas figuras jurídicas.

En el contexto del plan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) impulsado por la OCDE, los conceptos de materialidad y materialización se han consolidado como filtros clave para validar operaciones entre partes relacionadas. Ya no basta con que una operación esté documentada formalmente: ahora se exige sustancia económica real, evidencia funcional y congruencia con la realidad del negocio.