En el marco de las reformas constitucionales propuestas para el Poder Judicial en México, se presentan modificaciones que buscan transformar tanto la administración de justicia como el nombramiento de sus principales actores, con el fin de garantizar una mayor transparencia, eficiencia y participación ciudadana. A continuación, se detallan los cambios más importantes que se proponen.
Uno de los cambios más destacados es la transformación del proceso de designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados de circuito y jueces de distrito. La reforma propone que estos cargos sean electos por voto directo y secreto de la ciudadanía, marcando una ruptura con el sistema actual en el que estos nombramientos eran realizados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado. Esto pretende democratizar el acceso a los altos cargos del Poder Judicial y fortalecer la confianza de la ciudadanía en la impartición de justicia.
La reforma introduce dos nuevos órganos clave: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial será responsable de sancionar y supervisar la conducta de los servidores públicos del Poder Judicial, con un enfoque en combatir la corrupción, el nepotismo y el tráfico de influencias. Por otro lado, el Órgano de Administración Judicial asumirá las funciones administrativas y de carrera judicial, como la selección, formación y evaluación de jueces y magistrados, funciones que anteriormente correspondían al Consejo de la Judicatura Federal, que desaparecerá bajo esta nueva estructura.
La reforma establece un proceso electoral extraordinario en 2025, en el que se elegirán a los nuevos ministros de la SCJN, magistrados de circuito, jueces de distrito y miembros del Tribunal de Disciplina Judicial. Para garantizar la transparencia y la equidad, el Instituto Nacional Electoral (INE) será el encargado de organizar y supervisar estos comicios. Además, se detalla un plan para la transición, que incluye la extinción del actual Consejo de la Judicatura Federal y la transferencia de sus funciones a los nuevos órganos propuestos.
Uno de los pilares de esta reforma es el refuerzo de los mecanismos de control sobre los miembros del Poder Judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial tendrá la capacidad de sancionar a jueces, magistrados y ministros que cometan actos en contra de la ley, la imparcialidad o los principios de independencia judicial. Las sanciones podrán incluir desde la suspensión temporal hasta la destitución y la inhabilitación para ocupar cargos en el futuro.
La reforma también incluye un conjunto de disposiciones transitorias que buscan asegurar una transición ordenada hacia el nuevo modelo judicial. Los cargos actuales de ministros, magistrados y jueces serán renovados en la elección extraordinaria de 2025, y las personas que se encuentren en funciones podrán participar en ese proceso electoral. Además, se estipula que no podrán crearse fondos o fideicomisos en el Poder Judicial que no estén previstos en la ley, lo que pretende garantizar un uso más eficiente y transparente de los recursos públicos.