El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto de reforma a la fracción XII del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta reforma, promulgada el 2 de diciembre de 2024, busca fortalecer el derecho de las personas trabajadoras a una vivienda digna y accesible, resaltando la relevancia de la orientación social en las políticas de vivienda.
La reforma establece nuevas disposiciones que obligan a las empresas de diferentes sectores a garantizar aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda, promoviendo así un acceso equitativo a créditos habitacionales y viviendas en arrendamiento social.
Obligación Empresarial:
Las empresas deben contribuir a un fondo destinado a la vivienda para las personas trabajadoras. Este fondo permitirá:
Arrendamiento Social:
Organismo Administrador:
La reforma entra en vigor inmediatamente después de su publicación en el DOF, y el Congreso tiene 180 días para ajustar la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Durante este tiempo, también se implementará un programa para reducir costos operativos del Instituto, alineado con la orientación social de la reforma.
Esta reforma representa un paso significativo hacia la justicia social en México, al garantizar que más personas trabajadoras puedan acceder a viviendas adecuadas. Además, refuerza la importancia de un modelo colaborativo entre los sectores público y privado para satisfacer las necesidades básicas de la población.
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