Reforma al Código Penal de CDMX: Persecución a las OSC

Escrito por: AS CONSULTING GROUP31/08/2021

La reforma al Código Penal de CDMX no se tomó en cuenta y pasó desapercibida en el reciente proceso electoral. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) se ven amenazadas por el gobierno Federal y el de Ciudad de México. Es el mensaje claro que envía el gobierno que actualmente hace persecución a las OSC.

No obstante, los líderes del gobierno deben tener muy claro y siempre en mente, que ellos son servidores públicos y su estabilidad política depende de la sociedad y de su voto responsable. De ahí la importancia de que la sociedad exija justicia y transparencia en los procesos y ante todo legalidad.

La persecución que hace el gobierno a las organizaciones de la sociedad civil, no solo se plasma en la reforma del código penal de CDMX. También se evidencia en las acciones que diariamente ejecuta el gobierno. Pues es cierto que llega el momento es que es necesario reformar leyes.

Sin embargo, también en ocasiones es necesario derogar algunas de ellas o frenar su aprobación, si su fin es un mero instrumento con fines de control político.

Hay temor de la pasividad mostrada por la sociedad ante las acciones del gobierno para destruir esfuerzos y guerras ganadas por el pueblo. El único garante de la democracia de un país. Así lo expresó Jimena Cándano, actual directora ejecutiva de la Fundación Reintegra.

Reformas del código penal de ciudad de México

Desde el 7 de junio de este año, el personal directivo y administradores de las asociaciones civiles de CDMX que reciban apoyo público, se considerarán servidores públicos. Razón que da el gobierno para juzgarlos bajo las mismas condiciones de igualdad.

Un cambio que se considera inconstitucional y punitivo. Afirmando la persecución que ha manifestado públicamente Andrés M. López Obrador.

Esta reforma al código penal, da a entender que es posible utilizar el aparato penal con el fin de incriminar las actividades que ejecutan las diferentes organizaciones de la sociedad civil en CDMX. Según expresa Leopoldo Maldonado.

Aplicando cuando lo consideren oportuno, prisión preventiva oficiosa en contra de personas de la directiva de las OSC, durante el tiempo que tarde demostrar si son o no culpables de las acusaciones que se les imputen.

En consecuencia, las OSC rechazan los cambios del código penal. Sin que esto implique que las organizaciones queden en las sombras o si incurren en actos ilícitos no se les sancione. Se busca con este rechazo frenar las reformas que se hacen para realizar controles políticos, más que luchar contra la corrupción o para esclarecer conflictos.

En este sentido, Nancy Villafán, Experta en derecho penal de la UNAM, expresa que equiparar a directores y administradores de las OSC al mismo nivel de un servidor público, es un problema. Pues el 12 de abril de 2019, se hicieron reformas a la constitución (artículo 19). Y los acusados no podrán llevar su proceso en libertad mientras se averigua si es cierta la acusación.

Esta situación pone en riesgo la estabilidad y permanencia de las asociaciones civiles, pues tenderán a desaparecer ante la persecución del gobierno a la que están amenazadas permanentemente. Lo que en los tratados internacionales se establece como derecho universal, que cualquier persona puede asociarse libremente.

Artículo 256 del Código penal de CDMX

El artículo 256 expresa claramente que todo servidor público que no cumpla la ley o en todo caso no haga lo que se le prohíbe por percibir un beneficio ilícito estará incurriendo en el delito de corrupción. Bien sea para beneficio propio o en beneficio de un tercero.

Como servidor público se incluye a todo aquel que desempeñe un cargo de cualquier tipo o nivel en Ciudad de México, en la administración pública. Asimismo, en el Poder Legislativo local, órganos judiciales y constitucionales autónomos. Con dirección de una asociación civil y que además reciba fondos del gobierno.

Mientras que en el artículo 108 de la constitución, en ninguna parte de su contenido, cuando se refieren a la definición de servidor público, se incluyen a los directores, administradores ni a ningún otro miembro de las asociaciones civiles. Razón por la que comparar o equiparar a estos cargos con un servidor público es inconstitucional.

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