El Gobierno Federal ha decidido ampliar hasta el 30 de septiembre de 2026 el plazo para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, una medida que ha generado inquietud y rechazo entre los concesionarios de autos nuevos en el país.
La reforma al transitorio ptimero del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en diciembre de 2022 entró en vigor de manera inmediata, tras su publicación este 26 de septiembre de 2024.
El decreto, que busca regularizar los vehículos conocidos popularmente como "autos chocolate", permite a los propietarios de estas unidades registrarlas y cumplir con los requisitos fiscales y normativos. Aunque la medida ha sido bien recibida por sectores de la población, sobre todo en las zonas fronterizas, la extensión hasta 2026 ha causado preocupación en la industria automotriz formal, particularmente entre los concesionarios de vehículos nuevos.
Desde su inicio en 2022, el programa ha permitido que más de 1.5 millones de vehículos se regularicen. Sin embargo, para los concesionarios de autos nuevos, la medida representa una competencia desleal que afecta sus ventas y pone en riesgo empleos dentro del sector.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), este tipo de regularización fomenta la importación de autos de baja calidad y con altos niveles de contaminación, lo que afecta tanto el medio ambiente como la competitividad del sector formal.
Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, ha señalado en diversas ocasiones que la importación de autos usados provenientes de Estados Unidos ha sido uno de los principales factores detrás de la desaceleración en las ventas de vehículos nuevos, especialmente en el segmento de bajo costo.
El Gobierno Federal, por su parte, justifica la extensión del decreto argumentando que es una medida necesaria para regularizar un parque vehicular que ya circula en el país, y que representa un riesgo para la seguridad vial al no estar registrado formalmente. Además, las autoridades han enfatizado que la regularización facilita a los propietarios cumplir con obligaciones fiscales y mejorar la trazabilidad de los vehículos.
Por otro lado, los beneficiarios directos del programa son las familias de menores recursos que no tienen acceso a vehículos nuevos y encuentran en esta medida una opción para legalizar los automóviles que ya poseen.
A pesar de las buenas intenciones detrás de la medida, la tensión entre el sector automotriz formal y el gobierno se ha intensificado. Los concesionarios argumentan que las importaciones de vehículos usados contribuyen al envejecimiento del parque vehicular mexicano, lo que tiene consecuencias negativas no solo en el ámbito económico, sino también en términos de seguridad y medio ambiente.
El Banco de México (Banxico) optó por una dirección cautelosa en el manejo de la política monetaria anticipándose a los eventos del cierre del año.
Los analistas consultados por Expansión estiman que Banxico hará dos recortes más a la tasa y esta cerrará el 2024 en niveles del 10% y de 7.5% en 2025. Consideran que el espacio para hacer recortes de 50 puntos está descartado.
"El banco central está adelantando que va a seguir bajando las tasas de interés en las próximas reuniones. Considerando que pudiéramos volver a tener un repunte en la volatilidad, dependiendo del resultado de las elecciones en los Estados Unidos, creemos que hay una probabilidad alta de que cierren el año en 10%, pero dependiendo de qué tan álgida sea la volatilidad", dijo Alejandro Saldaña, economista en jefe de Grupo Financiero Ve por Más (Bx+).
Banxico decidió recortar el jueves la tasa de referencia a 10.5% . Los miembros de la Junta de Gobierno tomaron la decisión en una votación por mayoría.
En el anuncio de política monetaria , Banxico sugiere que adoptará ahora un ciclo de flexibilización continua, aunque esto no significa que sea a un ritmo acelerado, destacó Barclays.
Los analistas buscarán que en las minutas, que se publican el 10 de octubre, algunos miembros de la junta reemplacen la palabra “gradual” (que implica recortes de 25 puntos) con un término como “contundente”.
Además de las elecciones en Estados Unidos y la probabilidad de un nuevo periodo de volatilidad, Barclays estima que los riesgos fiscales en México también pudieron provocar que Banxico mostrara cautela en su reducción de tasa y no replicara la reducción de 50 puntos base que hizo la semana pasada la Reserva Federal (Fed).
"Tras la aprobación de la reforma judicial, la atención se ha desplazado hacia los próximos propuesta presupuestaria del año, particularmente a la luz de posibles presiones fiscales por parte del implementación de las reformas de AMLO", destacó Barclays.
Pamela Díaz, economista en jefe de BNP Paribas, añadió que otro de los motivos por los que Banxico no bajó la tasa en 50 puntos fue porque a pesar de que México está en un proceso desinflacionario, el balance de riesgos sigue sesgado al alza.
"La comunicación de Banxico tampoco estaba orientada hacia un corte de 50 puntos base, no había alineación dentro de la Junta de Gobierno. Desde nuestro punto de vista es una decisión bastante acertada y consistente con la comunicación que Banxico había estado planteando en comunicados anteriores", añadió Díaz.
La economista no descarta que Banxico pueda hacer pausas en los recortes a la tasa, pero dijo que mantiene la postura de que los recortes del banco central mexicano serán continuos.
Banxico mostró un comunicado más laxo en su decisión de septiembre ante una posible desaceleración de la economía mexicana que, por ende, resultará en menos inflación pero las preocupaciones siguen en la inflación de servicios.
El economista teme que la inflación de servicios siga renuente y que haya una contaminación de precios en los siguientes meses derivado de los aumentos salariales y la depreciación en el tipo de cambio que se vivió desde junio pasado.
"Los aumentos que vimos anteriormente en la inflación no subyacente, en alimentos frescos, podría tener cierta contaminación en los servicios de preparación de alimentos y bebidas o en las mercancías alimenticias. De hacerlo, podríamos ver una inflación subyacente estancándose cerca del 4% y esto evitaría entonces que la inflación llegue al 3% y se estabilice ahí en el cuarto trimestre de 2025 como lo tiene previsto Banco de México", añadió.
La administración obradorista llegará a su fin sin haber extraído un solo gramo de litio. La denominada nacionalización del metal se alzó como una de las grandes victorias políticas del primer gobierno morenista, después de un intento fallido por pasar una reforma en materia energética que se topó con una mayoría de votos en contra. La orden presidencial por crear la estatal LitioMX no ha derivado en grandes efectos en cuanto a la producción del metal. Y la decisión del gobierno por cancelar las concesiones de la china Ganfeng Lithium en Sonora ha dejado en pausa la puesta en marcha del único yacimiento que hasta ahora ha resultado económicamente viable.
El litio atrajo la atención del gobierno mexicano cuando hace unos años –poco después del inicio de la pandemia– el metal acumuló un aumento sin precedentes en su precio. Todo porque la demanda de baterías para autos, computadoras, celulares y otros aparatos superó por mucho la oferta.
México no está dentro de los países con mayores reservas de litio, en un listado que lidera Bolivia, Argentina, Chile y Australia, según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). Pese a ello, el gobierno mexicano vio en la extracción del metal una oportunidad y decidió declarar la producción de litio como una actividad exclusiva para el gobierno mexicano. México está en el lugar 10 de la lista del USGS que calcula que el país tiene reservas de litio por 1.7 millones de toneladas.
Pero ahora, los precios del litio han regresado a los niveles previos a la pandemia y con ello, la viabilidad de muchos de los proyectos ha quedado en duda. Los analistas dibujan un escenario de no menos de 10 años para que el país logre consolidar una industria de producción de litio, para ese momento el precio del metal podría reducirse aún más debido al aumento en producción en algunos países con mayores recursos y el uso de otros materiales para la fabricación de baterías, como el sodio.
Una de las decisiones que tomó el gobierno federal respecto al litio fue la de dejar de lado las asociaciones o la participación de privados, aunque por momentos pareció hacer más laxa su postura. Con ello, el proyecto de Bacadéhuachi, en Sonora, quedó en pausa. La china Ganfeng Lithium –uno de los más grandes productores de baterías a nivel mundial– perdió los permisos que tenía en Sonora e interrumpió el proceso de producción del metal que había comenzado hace años y que ya acumulaba años de retrasos. Ahora, el proyecto es objeto de un juicio de arbitraje, y no podrá ser echado a andar hasta que se dicte una resolución. Los permisos tenían una vigencia hasta 2065.
Así, el país ha detenido el proyecto del que preveía obtener su primera producción de litio. Pablo Taddei, el director de LitioMX, había puesto el 2028 como el año en que se obtendría el primer cargamento del metal, pero la compañía estatal no ha avanzado de manera significativa en las labores de exploración de nuevos yacimientos para su explotación. LitioMX apenas recibió poco menos de 10 millones de pesos de presupuesto para el ejercicio de este año. La cifra está muy por debajo de lo necesario para la puesta en marcha de la compañía y la creación de tecnología para la producción del litio.
“La idea fue buena y es positivo que se reservara para el Estado, pero creo que no se destinaron los recursos suficientes o una planeación realista, querían encontrar rápidamente un yacimiento, pero no eso no se logró. Cuando el Estado se percató de las reservas en Sonora, los terrenos ya habían sido comprados por los ingleses y después por los chinos. Las empresas extranjeras compraron la reserva de lo que parece ser más probablemente viable desde un sentido económico”, dice Luca Ferrari, académico del Instituto de Geociencias de la UNAM.
El alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, fue inculpado por la justicia de cinco cargos criminales, entre ellos fraude electrónico, solicitud de donaciones ilegales para la campaña electoral en el extranjero y conspiración para el soborno.
La acusación, que fue desvelada este jueves, es consecuencia de una amplia investigación al alcalde y sus colaboradores para determinar si conspiró en su campaña de 2021 con funcionarios del gobierno turco para recibir contribuciones ilegales.
Cuatro de las cinco acusaciones están relacionadas con la investigación sobre la supuesta recepción de fondos para su campaña electoral de 2021 de funcionarios turcos, lo que prohíbe la ley, y otra de soborno.
Adams "prosiguió sus relaciones de corrupción después de haberse convertido en alcalde", señala el documento judicial. Adams aseguró que se "defenderá" de las acusaciones y continuará con su trabajo en la ciudad.
"Estoy deseando defenderme", dijo Adams en su primera reacción tras conocerse los cargos. "Mi día a día no cambiará. Seguiré haciendo el trabajo para los 8,3 millones de neoyorquinos" en el puesto para el cual fue elegido.
El New York Times, citando una orden de registro, informó a principios de noviembre de 2023 de que las autoridades federales estaban investigando la posible aceptación por parte de la campaña de Adams en 2021 de donaciones ilegales, incluidas del gobierno turco. Las autoridades también han buscado información sobre las interacciones de Adams con Israel, China, Qatar, Corea del Sur y Uzbekistán, de acuerdo con el diario.
En la mañana, agentes federales registraron la residencia del alcalde de Nueva York, de acuerdo con testigos consultados por la agencia Reuters.
Un testigo de la agencia dijo que un vehículo utilitario deportivo negro con un cartel en el que se leía "Federal Law Enforcement" (Fuerzas de Seguridad Federales) en el salpicadero estaba estacionado frente a la residencia del alcalde, Gracie Mansion, en el Upper East Side de Manhattan.
Alrededor de una docena de personas vestidas con trajes de negocios fueron vistas caminando por los jardines de la mansión con maletines y bolsas de lona, dijo el testigo.
Adams es el primero de los 110 alcaldes de la ciudad en ser acusado penalmente durante su mandato. Con información de AFP y Reuters