En los últimos años, los organismos fiscales han intensificado su control sobre las obligaciones tributarias, ejerciendo sanciones que pueden ser muy costosas para las empresas. Esto ha forzado a los negocios a implementar mecanismos de cumplimiento normativo para evitar riesgos e infracciones. El cumplimiento fiscal no solo evita las sanciones, sino que mejora la reputación de la empresa y fomenta una cultura de ética y legalidad, asegurando la continuidad de las operaciones.
Los recientes cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales, vinculados con el Código Fiscal de la Federación, han aumentado las consecuencias del incumplimiento. La persecución de delitos fiscales bajo disposiciones para la delincuencia organizada puede llevar a sanciones severas como la extinción de dominio o la disolución de la empresa. Estos riesgos subrayan la necesidad de un programa de cumplimiento sólido, que se ha vuelto indispensable para cualquier organización que aspire a operar de forma segura y responsable.
El término “compliance” se originó en Estados Unidos durante los años 70-80 para combatir la corrupción, y desde entonces se ha globalizado. En México, la evaluación de la OCDE en 2011 llevó a reformas para responsabilizar penalmente a las empresas por actos ilícitos.
En Quintana Roo, se modificó el Código Penal para establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas, siendo pionero en México. La implementación de modelos de organización y gestión es vital para asegurar la certeza jurídica de las empresas.