La Constitucionalidad del Beneficiario Controlador: Un Paso Importante para la Transparencia Financiera

En un fallo histórico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que el sistema normativo relacionado con el beneficiario controlador, incorporado en el Código Fiscal de la Federación (CFF) y en las reglas fiscales de 2022, cumple con los principios fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. Esta decisión marca un hito en la regulación financiera y la lucha contra el lavado de dinero en México. Las tesis de jurisprudencia emitidas en septiembre de 2023 ratifican esta postura, allanando el camino hacia una mayor transparencia financiera.

Origen de los Hechos:

El año 2022 marcó un momento crucial en la legislación mexicana cuando se incorporó la figura del beneficiario controlador en el CFF, siguiendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta figura es esencial para rastrear y prevenir actividades financieras ilícitas, como el lavado de dinero y la evasión fiscal.

El artículo 32-B Quáter del CFF define al beneficiario controlador como la persona física o grupo de personas físicas que, de diversas maneras, obtienen beneficios de su participación en una persona moral, un fideicomiso u otra entidad legal, o ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de bienes o servicios. Esto incluye a aquellos que pueden tomar decisiones en asambleas generales de accionistas, nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores, o ejercer el voto en más del 15% del capital social.

En el caso de fideicomisos, los beneficiarios controladores pueden incluir al fideicomitente, fiduciario, fideicomisario, y otras partes involucradas que ejerzan el control efectivo en el contrato, incluso de manera contingente.

La Obligación de Transparencia:

Uno de los aspectos más destacados de esta regulación es la obligación impuesta a las personas morales, fiduciarias, fideicomitentes, fideicomisarios y otras partes involucradas en entidades legales de mantener registros de sus beneficiarios controladores como parte de su contabilidad. Esta medida busca brindar mayor transparencia en el mundo financiero y facilitar la identificación de individuos o grupos que puedan estar involucrados en actividades financieras ilícitas.

El Fallo de la SCJN:

La decisión de la Segunda Sala de la SCJN de declarar la constitucionalidad del sistema normativo relacionado con el beneficiario controlador es un paso significativo hacia la consolidación de un marco legal sólido y efectivo en la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal en México. Esta decisión confirma que el país está comprometido en cumplir con los estándares internacionales en materia de transparencia financiera y seguridad jurídica.

La constitucionalidad del beneficiario controlador es una victoria para la integridad financiera en México. Esta medida no solo fortalece el marco legal, sino que también contribuye a la construcción de un sistema financiero más transparente y confiable. A medida que el país avanza hacia un mayor cumplimiento de los estándares internacionales, se espera que esta regulación tenga un impacto positivo en la prevención de actividades financieras ilícitas y en la promoción de una economía más justa y equitativa.