La Clave del Éxito Empresarial: Entendiendo la Responsabilidad Administrativa y Penal en México

La reforma constitucional del 27 de mayo de 2015 en materia de combate a la corrupción dio origen a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de julio de 2016. Esta ley introduce un marco regulatorio que abarca tanto la responsabilidad administrativa como penal de las empresas, buscando sancionar tanto a servidores públicos como a particulares por faltas administrativas.

La Responsabilidad Administrativa de las Empresas

La LGRA incluye un capítulo específico sobre la integridad de las personas morales (Capítulo II, artículos 24 y 25). Este apartado subraya que las empresas serán sancionadas si los actos relacionados con faltas administrativas graves son cometidos por personas físicas en nombre o representación de la persona moral, buscando obtener beneficios para la empresa. El cumplimiento de la política de integridad, también conocido como programa de compliance, es un elemento crucial que se valorará para determinar la responsabilidad de las empresas.

¿Solo Existe Responsabilidad Administrativa para las Empresas?

Pensar que la responsabilidad de las empresas se limita solo al ámbito administrativo sería un error grave. Además de multas y clausuras, existe desde 2014 la responsabilidad penal para las personas jurídicas. En 2016 se clarificó esta responsabilidad penal, indicando que las empresas serán penalmente responsables por delitos cometidos en su nombre, por su cuenta, en su beneficio o mediante los medios que proporcionen, si se demuestra una falta de control adecuado en su organización.

La Responsabilidad Penal de las Empresas

El Código Nacional de Procedimientos Penales dispone, en los artículos 421 al 425, que las personas jurídicas serán penalmente responsables por delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen. Esto amplía el alcance del sistema sancionador más allá del ámbito administrativo, aplicando también en el penal, y subraya la importancia de prevenir delitos que pueden tener graves consecuencias para las empresas.

Los Delitos Fiscales

El Código Fiscal de la Federación (CFF) incluye un capítulo sobre delitos fiscales (Capítulo II, artículos 92 al 115-Bis). Entre los delitos fiscales más relevantes se encuentran los contenidos en los artículos 102, 108, 109, 110, 111 y 113. Estos delitos pueden incluir la defraudación fiscal, la omisión del pago de contribuciones y la obtención indebida de beneficios en perjuicio del fisco federal.

Análisis de Riesgos en la Comisión de Delitos Fiscales

Para mitigar los riesgos de cometer delitos fiscales, las empresas deben:

• Identificar los riesgos de incumplimiento.
• Asignar personal responsable para gestionar estos riesgos.
• Determinar la probabilidad de ocurrencia de estos riesgos.
• Evaluar el impacto potencial si estos riesgos se materializan.
• Establecer controles para mitigar estos riesgos.
• Monitorear continuamente los riesgos.

No hay una fórmula mágica para prevenir todos los riesgos fiscales, pero es posible minimizarlos implementando buenas prácticas y una conducta ética en todos los ámbitos de la empresa. La responsabilidad de los dirigentes empresariales es garantizar un entorno de ética y diligencia debida, beneficiando a la empresa y a sus integrantes. Un enfoque proactivo y preventivo es clave para evitar consecuencias graves tanto en el ámbito administrativo como penal.