El acceso a la justicia de las personas con discapacidad en México

AJLJ

Escrito por: Abogada Janet López Jiménez28/09/2020

¿Quiénes se consideran como personas con discapacidad?

Jurídicamente, el concepto de individuo con discapacidad es toda persona que por motivos congénitos o adquiridos presenta deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de manera permanente o temporal, que al interactuar con las barreras del entorno social impiden su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás, según lo previsto en la fracción XXI del artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.  

“Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:... - - - XXI. Persona con Discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.”

El derecho humano a un efectivo acceso a la tutela judicial de las personas con discapacidad

Dicho derecho humano se encuentra contemplado en el Artículo 17 de nuestra Carta Magna, que prevé el reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídica de las personas. Tratándose de personas con discapacidad, existe una protección especial de la prerrogativa de acceso a la justicia en los artículos 12 y 13 de la Convención sobre los Derechos con Discapacidad, instrument internacional ratificado por el Estado Mexicano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2008.

Es menester señalar que un aspecto fundamental de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el reconocimiento de la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad, al respecto el artículo 12° del citado instrumento protege:

  1. Reconocimiento de la personalidad jurídica;
  2. Capacidad jurídica en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida;
  3. Acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica;
  4. Salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos en relación a las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica;
  5. Garantía del derecho a ser propietarias, heredar, controlar sus propios asuntos económicos y acceso a créditos financieros, en igualdad de condiciones.

En este contexto, la falta de reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad se refleja en barreras y/o prácticas que vulneran la autonomía y otros derechos que requieren el reconocimiento de la capacidad jurídica para ser ejercidos.

En relación a la interpretación del artículo 12 del instrumento internacional, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señaló en su observación general:

Que los Estados partes tienen la obligación de respetar, proteger y hacer realidad el derecho de las personas con todo tipo de discapacidad al igual reconocimiento como persona ante la ley; de modo que deben abstenerse de cualquier actuación que las prive al igual reconocimiento como persona ante la ley.

Que los Estados deben adoptar medidas para impedir que agentes no estatales y particulares interfieran en la capacidad de las personas con discapacidad de hacer efectivos sus derechos humanos y de disfrutarlos.

Que uno de los objetivos del apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica es fomentar la confianza y las aptitudes de las personas con discapacidad de modo que puedan ejercerla con menos apoyo en el futuro si así lo desean. Los Estados partes tienen la obligación de impartir capacitación a las personas que reciben apoyo para que puedan decidir cuándo necesitan menos apoyo o cuándo ya no lo necesitan en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Que para reconocer plenamente la capacidad jurídica universal (con independencia de su tipo o de su aptitud para adoptar decisiones), los Estados deben dejar de negarla cuando el propósito o efecto de ello sea discriminar por discapacidad.

Que los sistemas que niegan la capacidad jurídica basándose en la condición de la persona constituyen una violación del artículo 12 porque son discriminatorios prima facie, al permitir imponer la sustitución en la adopción de decisiones sólo porque tienen un determinado diagnóstico.

Que los criterios basados en las pruebas funcionales de la capacidad mental o en los resultados que conducen a negar la capacidad jurídica, constituyen una violación del artículo 12, si son discriminatorios o si afectan en mayor medida al derecho a la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad.

Que los Estados partes deben tomar medidas para elaborar leyes y políticas por las que se reemplacen los regímenes basados en la sustitución en la adopción de decisiones, por uno de apoyo para la adopción de decisiones que respete la autonomía, la voluntad y sus preferencias; esto es, exige suprimir los primeros y elaborar distintas alternativas para los segundos.
Que los derechos establecidos en el artículo 12 se aplican desde el momento de la ratificación; de modo que los Estados partes tienen la obligación de hacerlos efectivos inmediatamente.

Que los Estados partes tienen la obligación de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones.

Que debe reconocerse a las personas con discapacidad, personalidad jurídica con la misma capacidad en las cortes de justicia y los tribunales.

Que los Estados también deben velar porque las personas con discapacidad tengan acceso a representación jurídica en igualdad de condiciones con las demás.

Cabe destacar que en la quinta sesión del Comité Ad Hoc para la elaboración de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre el asunto de la capacidad jurídica, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas presentó un informe en el que se analizó de manera exhaustiva los términos “personalidad jurídica” y “capacidad jurídica”, utilizados en tratados de derechos humanos. En este contexto, se definió la capacidad jurídica como un concepto más amplio que el de personalidad jurídica, compuesto por “la capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones (elemento estático) y la capacidad de ejercer dichos derechos o de asumir obligaciones a través de sus propias decisiones (elemento dinámico)”. En este sentido, mientras que la personalidad jurídica alude sólo al mencionado elemento estático; la capacidad jurídica engloba tanto al elemento estático como al elemento dinámico.

En ese orden de ideas el Marco convencional establece que los Estados partes asegurarán que las personas discapacitadas accedan a la justicia en igualdad de condiciones que los demás, incluso ajustando los procedimientos y adecuándolos a su edad, según lo dispone la fracción I del artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

“Artículo 13. - - - Acceso a la justicia. - - - 1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.” 

Cabe resaltar que el Comité de Derechos Humanos en la Observación General N° 32 Artículo 14: Derecho a la igualdad ante cortes y tribunales y a un ensayo justo, ha manifestado que el derecho a la tutela judicial efectiva, al ser un derecho que protege a todas las personas, toda distinción en el acceso a los tribunales que no se pueda justificar de manera objetiva y razonable será considerada discriminatoria.

Asimismo, es importante mencionar las “Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad“ en las que se incluye el acceso formal de las personas con discapacidad a los procesos judiciales así como el acceso efectivo a todas las instancias y medidas disponibles por la administración de justicia para que ello se concrete.

La personalidad jurídica de las personas con discapacidad

La personalidad jurídica es un derecho reconocido en distintos instrumentos de todos los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, entre los que destaca el artículo 16° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, norma considerada como un modelo seguido por el artículo 12° inciso 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por su redacción similar. En efecto, mientras que el artículo 16° del Pacto dispone que “todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”; el artículo 12° inciso 1 de la Convención establece que “los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica”.

De igual manera, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 3º establece que “toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado en reiterada jurisprudencia que el contenido propio de este derecho es que se reconozca a la persona:

En cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales y lo cuál implica la capacidad de ser titular de derechos (capacidad y goce) y de deberes; la violación de aquel reconocimiento supone desconocer en términos absolutos la posibilidad de ser titular de los derechos y deberes civiles y fundamnetales.

Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de setiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 87; Caso del Pueblo Saramaka Vs. Suriname.

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 166;

Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, párr. 176.

En base a lo expuesto, se pueden identificar tres aspectos claves en torno al reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas con discapacidad:

a) Igual reconocimiento como persona ante la ley.- Este derecho pertenece a todas las personas - mujeres y hombres, niños y niñas, ciudadanos y ciudadanas, extranjeros, apátridas, personas con discapacidad, entre otros - desde el nacimiento y se pierde sólo con la muerte. Por tanto, todas las personas con discapacidad tienen derecho a un igual reconocimiento como persona ante la ley.

b) Capacidad de ser titular de derechos y obligaciones.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el derecho a la personalidad jurídica representa un parámetro para determinar si una persona es titular o no de derechos. Por tanto, implica el reconocimiento de toda persona como sujeto de derechos y obligaciones por lo que la violación de aquel reconocimiento hace a la persona vulnerable frente al Estado o particulares. De este modo, el contenido de este derecho se refiere al correlativo deber del Estado de procurar los medios y condiciones para que la personalidad jurídica pueda ser ejercida libre y plenamente por sus titulares o, en su caso, la obligación de no vulnerar dicho derecho.

En consecuencia, se puede afirmar que el reconocimiento de la personalidad jurídica es condición sine qua non para el goce y ejercicio de todos los derechos.

c) Reconocimiento a la personalidad jurídica como parte del núcleo duro de derechos humanos.- La denominación de núcleo duro de derechos humanos se refiere a algunos derechos fundamentales que no pueden ser suspendidos bajo ninguna circunstancia, un mínimo irreducible en la protección de la persona. En efecto, el artículo 4° inciso 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que la personalidad jurídica es uno de los derechos que no puede ser suspendido en “situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente” De manera similar, el artículo 27° inciso 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que no se autoriza la suspensión de determinados derechos como la personalidad jurídica “en caso de guerra, de peligro público o de cualquier otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte”.

En otras palabras, el reconocimiento a la personalidad jurídica es parte del conjunto de derechos que conforman el núcleo duro de derechos humanos. Por tanto, la personalidad jurídica es una condición inherente que no está sujeta a ninguna restricción.

La capacidad jurídica de las personas con discapacidad

En primer lugar es preciso señalar que la capacidad jurídica es "la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones (capacidad legal) y de ejercer esos derechos y obligaciones (legitimación para actuar)". En efecto, para hacer plenamente efectivos esos derechos, es imperativo que las personas con discapacidad tengan oportunidades de formar y expresar su voluntad y preferencias, a fin de ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás. Esto significa que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de "vivir de forma independiente en la comunidad y tomar opciones y tener control sobre su vida diaria".

De igual forma, el artículo 12° inciso 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que “los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida”.

En este contexto, es claro que el artículo 12° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es una norma revolucionaria porque supone un cambio de paradigma en el Derecho, al plantear el reemplazo del sistema de sustitución por el de APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES. En efecto, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que:

“La mayoría de edad con lleva la posibilidad de ejercicio pleno de los derechos, también conocida como capacidad de actuar. Esto significa que la persona puede ejercitar en forma personal y directa sus derechos subjetivos, así como asumir plenamente obligaciones jurídicas y realizar otros actos de naturaleza personal o patrimonial.”

El artículo 12° inciso 3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dispone que “los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.” Finalmente, es preciso destacar que el concepto de apoyo es flexible y está en constante evolución como el concepto de discapacidad y capacidad jurídica. En este sentido, de acuerdo al Comité de la Convención, apoyo es un término que incluye una variedad de acuerdos de carácter formal e informal, acuerdos que pueden ser de distintas intensidades según los requerimientos de la persona que los solicita.

Por añadidura, es importante mencionar que el International Disability Caucus que participó activamente en el proceso de elaboración de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad invocó a las delegaciones a adoptar el modelo social y afirmó que la capacidad jurídica es una construcción social ya que históricamente el Derecho se la ha concedido o denegado a diferentes poblaciones en condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, las MUJERES. Respecto al reconocimiento de la personalidad jurídica y de la capacidad jurídica de las mujeres, el Comité de Derechos Humanos establece que:

El derecho que enuncia el artículo 16° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el sentido de que “todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica es particularmente pertinente en el caso de la mujer, que suele verlo vulnerado en razón de su sexo o su estado civil. Este derecho supone que no se puede restringir en razón del estado civil o por otra causa discriminatoria la capacidad de la mujer para ejercer el derecho de propiedad, concertar un contrato o ejercer otros derechos civiles. Supone también que la mujer no puede ser tratada como un objeto que se entrega a su familia junto con la propiedad del marido difunto. Los Estados deben proporcionar información acerca de las leyes o prácticas que impidan que la mujer sea tratada como persona jurídica de pleno derecho o actúe como tal, así como de las medidas adoptadas para erradicar las leyes o prácticas que permitan esa situación.”

De lo anterior, se colige con el contenido mandato constitucional previsto en el artículo 1°, referente a que ninguna persona será objeto de discriminación por cuestión de origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

En conjunto con ello, las autoridades de nuestro país se encuentran obligadas a no discriminar o en su caso, verificar que no han sido discriminadas por otros sujetos, lo que en la labor jurisdiccional se le conoce como JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO o ATENDIENDO A LA SITUACIÓN ESPECIAL DE VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS.

Así, el primer paso para emitir un análisis de tal naturaleza, es precisamente, identificar si los sujetos se encuentran en un grado de desventaja frente al otro, por su condición de sexo, discapacidad, edad, entre otros.

En efecto, lo que determina juzgar con perspectiva de género o atendiendo a la situación de vulnerabilidad de las personas, no es el hecho de que esté involucrada una mujer, un adulto mayor o una persona con discapacidad, pues en cada caso tiene que hacerse un análisis orientado a detectar relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad.  

Defensa de las personas con discapacidad

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