NOTICIAS DEL DÍA (30 DE ENERO DE 2026)

México enfrenta evaluación de medidas antilavado con debilidades y falta de controles.

Aunque en 2025, la UIF registró el número más alto de “operaciones preocupantes” en 21 años, no tuvo conocimiento público ni generó alertas que derivaran en acciones antes de que el caso fuera revelado por EU.

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) evaluará a México en materia de controles al lavado de dinero y el panorama no es optimista. Casos como el de Vector Casa de Bolsa y los bancos CIBanco e Intercam —señalados por el gobierno de Estados Unidos por acciones ilícitas y relación con cárteles mexicanos– o el de huachicol fiscal empañan los esfuerzos del gobierno de México.

En 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó más de 10 millones de actividades vulnerables y presentó denuncias en 150 casos, sin embargo fue el gobierno de EU el que reveló el escándalo de lavado de dinero que involucró a los bancos con el crimen organizado.

En junio de 2025, el Departamento del Tesoro de EU señaló a Vector Casa de Bolsa, fundado por Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador; CIBanco, del empresario Jorge Rangel de Alba Brunel, e Intercam, del empresario Eduardo García Lecuona Mayeur, como instituciones financieras de "principal preocupación" por presuntas operaciones ilícitas ligadas al Cártel de Sinaloa, así como sobornos al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, preso en ese país.

La sanción se dio en medio de la estrategia que emprendió el presidente Donald Trump para debilitar la estructura financiera de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa y Cártel del Golfo, nombradas previamente como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE).

A siete meses de que se reveló el caso, los bancos tuvieron consecuencias: CiBanco fue vendido a Grupo Multiva y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNByV) intervino y revocó la licencia a Casa Vector, pero no se conocen acciones penales por este caso y bajo esas condiciones es que México enfrentará su evaluación de controles antilavado. Gabriel Regino, abogado penalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, considera que la revisión a México detectará la persistencia de vacíos en instituciones y legislación que frenen efectivamente el blanqueo de activos. “La evidencia señala que faltan controles y hay actividades vulnerables que siguen desarrollándose fuera de los márgenes de ley”, dice en entrevista.

¿Por qué México será evaluado por GAFI?

El GAFI es un organismo intergubernamental creado en 1989 para indicar medidas y estándares internacionales que frenen el lavado de dinero vinculado al narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, el fraude cibernético y otros delitos; 200 países se comprometieron a asumir sus recomendaciones, por lo que sus medidas son revisadas periódicamente.

Actualmente hay 40 recomendaciones a cumplir que se han perfeccionado con los años debido a que los grupos criminales también sofisticaron sus mecanismos para blanquear fondos.

La revisión de GAFI consiste en la visita de expertos internacionales que se entrevistan con distintas autoridades, van evaluando la legislación, los resultados que se han tenido, por ejemplo, en decomisos, para ver si se está cumpliendo con las recomendaciones.

En la más reciente revisión, la de 2017-2018, no hubo una buena evaluación, por lo que la SHCP solicitó la recalificación de siete de 16 recomendaciones que fueron calificadas como parcialmente cumplidas (PC), y en 2021 se reportó que GAFI determinó que “México ha mejorado en seis de las siete recomendaciones en las cuales solicitó recalificación”.

Actualmente, la mexicana Elisa de Anda Madrazo encabeza la GAFI, por lo que liderará al grupo de expertos que realizará la evaluación a México.

Esfuerzos desde México

En los últimos años se ha reforzado la legislación en la materia, por ejemplo, con las reformas “antilavado” –vigentes desde julio de 2025– que prevén mecanismos de colaboración entre la SHCP, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y organismos internacionales.

En 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la institución mexicana encargada de detectar, recibir avisos sobre posibles actividades de riesgo vinculadas al lavado de dinero y promover denuncias, recibió 10.1 millones 122,662 avisos de las actividades vulnerables, que van desde operaciones con activos virtuales, juegos de apuestas, concursos y sorteos, hasta el uso de tarjetas prepagadas.

Sin embargo, solo se presentaron 150 denuncias en contra de 1,329 sujetos, ya que el grueso de las operaciones, al menos las reportadas por la UIF, son transferencias internacionales de fondos de escaso monto: 9.5 millones de reportes por envíos por un monto igual o superior a 1,000 dólares de los Estados Unidos o su equivalente en moneda extranjera.

Los datos de la UIF muestran que en relación a otros años, el 2025 tuvo el más alto número de “operaciones preocupantes” registradas en 21 años, de 2004 a diciembre de 2025, con 918 casos.

Aun con estos resultados en México, el caso de Vector Casa de Bolsa se detonó en el extranjero, y la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que no tenían información al respecto, es decir, que la UIF no logró detectar las presuntas operaciones ilícitas.

En ese contexto, el especialista Gabriel Regino insiste que estos casos ponen en evidencia que no se han atajado los delitos y no podrá hacerse si aún hay canales financieros por los cuales se blanqueen los capitales.

El SAT descarta facultades para vigilar las transferencias bancarias por tandas o cajas de ahorro.

La duda se da entre personas que participan en este tipo de ahorros o créditos a través de transferencias bancarias, en un contexto de noticias falsas.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) no tiene facultades para vigilar depósitos, ni transferencias bancarias por conceptos de tandas o ahorros colectivos, una preocupación entre las personas que ahorran dinero en estas opciones.

“Toda la parte de tandas y ahorros es fake news (…) el SAT no interviene en ninguno de esos temas, ni procesos, ni de vigilancia, ni de verificaciones de domicilio a toda la población, creo que es un mensaje incorrecto, tal cual el SAT está empleando las mismas dinámicas que ha tenido en años anteriores, solamente reforzándolas”, comentó María José Ríos Cano, administradora desconcentrada de Servicios al Contribuyente D.F. “1”. Alan Vázquez Armenta, administrador desconcentrado de Recaudación D.F.

“1”., explicó que la duda se da entre personas que participan en este tipo de ahorros o créditos a través de transferencias bancarias, en un contexto de noticias falsas.

Los casos en los que el SAT vigila transferencias

El administrador explicó que el SAT tiene facultades, adquiridas tras varias reformas, que se aplicarán a contribuyentes que incurran en ciertos comportamientos o prácticas atípicas que fueron detectadas. Entre estas destacan supuestas operaciones con factureras o nomineras, pérdidas fiscales recurrentes, simulen o abusen de deducciones, e ingresos no declarados.

El SAT también pone atención en el concepto de las transferencias. La Prodecon recomienda poner atención en esto y nunca bromear con el concepto que pongas, pues, dice, el fisco revisa esto con herramientas de inteligencia artificial para detectar personas que hagan evasión fiscal y lavado de dinero.

La nueva política energética pone contra la pared al sector gasolinero en 2026.

Trazabilidad obligatoria, mayor fiscalización y sanciones más severas redefinirán la operación del sector gasolinero y pondrán en riesgo la continuidad de permisos a partir de 2026.

El 2026 es un año fundamental para la regulación del sector gasolinero, debido a que los cumplimientos de normativas se vuelven contundentes para reformar la operación y el manejo de la actividad de expendio de combustibles.

La finalidad de establecer regulaciones más duras y contundentes –a un sector que desde hace años tiene carga regulatoria importante aún con mayores porcentajes de cumplimientos que otros– tiene como objetivo combatir otro problema que incluso afecta a los regulados: el mercado ilegal de los combustibles.

Ifenerghi, firma legal especializada en temas energéticos, considera que el cumplimiento normativo está en un año clave donde aquel que caiga en alguna irregularidad pondrá en riesgo las operaciones y permanencia de los permisionarios, por mínima que sea la falla.

Son al menos tres los factores clave en los que las empresas deben mantener especial atención: una mayor fiscalización, mecanismos de trazabilidad de los combustibles y una visión integral de las autoridades sobre toda la cadena de valor.

En los últimos meses se ha observado una clara intención gubernamental de combatir prácticas que afectan la legalidad y transparencia del mercado, particularmente en temas asociados al combustible ilícito, evasión fiscal y control del transporte de hidrocarburos.

“Iniciativas como la incorporación de mecanismos de identificación y seguimiento digital, entre ellos sistemas de trazabilidad mediante códigos de control, reflejan una estrategia orientada a garantizar que cada litro que circula en el país pueda ser rastreado desde su origen hasta su destino final”, apunta el análisis realizado por la firma especializada en consultoría jurídica y regulatoria.

Cambios importantes

En octubre de 2024, se aprobó la reforma constitucional en materia energética, cuyas leyes secundarias que delimitan la nueva política del sector se publicaron el 18 de marzo de 2025. A partir de ahí ha comenzado a generarse regulaciones para cada actividades específicas como generación de energía, hidrocarburos, entre otras áreas.

Aunque todas esas nuevas reglas están en consolidación técnica y operativa, la intención es clara: un entorno regulatorio que exigirá evidencia verificable –en cada momento– de todos los procesos logísticos, administrativos y comerciales como una práctica estructural permanente dentro de los permisionarios.

Por ejemplo, en temas de trazabilidad de combustibles, que significa que si una cantidad de gasolinas sale de una terminal de almacenamiento a una estación de servicio, llegue la misma cantidad y calidad del combustible del punto A al punto B; es uno de los pilares de la nueva supervisión del sector. Lo anterior implica que ahora no bastará con entregar informes, sino que deberá existir una coherencia entre registros físicos, electrónicos, contables y técnicos; y en caso de existir alguna inconsistencia podría derivar en requerimientos adicionales, o procesos administrativos que comprometan la continuidad del permiso.

El análisis muestra que otro elemento relevante es la evolución institucional de los organismos reguladores, los cuales han generado cambios en los tiempos de respuesta y resoluciones por parte de la autoridad. También se ha generado una mayor definición puntual de algunos participantes del sector de combustibles que en muchas ocasiones no era clara su función y manera de operar, por ejemplo, de los comercializadores o transportistas de combustibles.

“En años recientes, la falta de claridad en ciertos lineamientos provocó respuestas dispares en el mercado y, en algunos casos, la judicialización de decisiones administrativas”, señala el documento.

“El entorno actual exige preparación, orden y visión estratégica. Los permisionarios que se anticipen, documenten correctamente sus procesos y se respalden en criterios técnicos sólidos estarán en una posición de ventaja frente a los retos que marcarán 2026”, afirma el Isidro Fernández, director general de Ifenerghi.

Regulación por cumplir

Son muchas las obligaciones que deben cumplir los participantes del sector gasolinero, pero dentro de ellos se encuentran algunos como los controles volumétricos, que es la medición y reportes digitales a través de sistemas informáticos con los que se comprueban los volúmenes de combustible que se comercializan para garantizar que no existan variaciones de más o menos litros a la hora de traslado y/o comercialización.

Estos reportes deben hacerse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que hasta el año pasado se establecían en los Anexos 30 y 31 de la Miscelánea Fiscal, pero a partir de este año cambió el nombre a Anexos 21 y 22

Otro cumplimiento que deberán tener los permisionarios- en caso de querer regularse sobre las instalaciones de expendio de gasolinas y/o gas LP- es el Registro Nacional de Instalaciones de Gasolinas y Gas Licuado de Petróleo (Renegas), el cual administra la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) en México para la autogestión, registro y regularización de estaciones de servicio y plantas de distribución de combustibles.

Con lo anterior, se busca actualizar información de seguridad, transparencia y cumplimiento ambiental de las instalaciones con el fin de evitar sanciones mediante la regularización voluntaria.

De esta forma, el sector gasolinero busca avanzar hacia un esquema donde la legalidad operativa será tan importante como la rentabilidad comercial. “Las empresas que adopten una cultura de cumplimiento integral estarán en condiciones de aprovechar oportunidades de expansión y consolidación, mientras que aquellas que posterguen ajustes estructurales enfrentarán mayores riesgos regulatorios”, concluye Ifenerghi.

Venezuela abre su industria petrolera a la inversión privada, EU suaviza las sanciones.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, asegura que la firma de la reforma a la ley petrolera significa un “salto histórico” para el país sudamericano.

Venezuela aprobó el jueves la reforma a la ley petrolera que abre la industria completamente a las inversiones privadas, en línea con los intereses de Estados Unidos por operar en el país tras derrocar a Nicolás Maduro.

"Solo cosas buenas vendrán después del sufrimiento", expresó el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez, tras la aprobación de esta ley "para la historia, para el futuro".

Delcy Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y asumió el poder tras la captura del mandatario izquierdista el 3 de enero en una operación estadounidense, que incluyó bombardeos a Caracas y otras regiones vecinas.

"Esta ley nos permite el verdadero salto histórico, cualitativo para convertir estas reservas de petróleo, las más grandes del planeta, en la felicidad más grande del planeta que puede tener un pueblo", dijo Rodríguez en una marcha organizada por el chavismo para celebrar la aprobación de la ley.

La mandataria se refirió igualmente a la llamada de este jueves con Trump, en la que discutieron la reapertura del espacio aéreo de Venezuela y nuevas inversiones. "Estamos dando pasos históricos", dijo, "estamos dando pasos importantes".

La reforma fue propuesta por la propia presidenta, que encabeza un vuelco a la histórica relación hostil con Washington.

El presidente Donald Trump ha calificado a Delcy Rodríguez de "formidable" y ha insistido en su interés por que empresas petroleras estadounidenses inviertan en Venezuela. La nueva ley ofrece más garantías a los privados, cede el control estatal de la exploración, y menos impuestos.

"A través de la nueva ley de hidrocarburos lograremos nuevos ingresos", expresó el trabajador petroquímico Leonardo Castillo en una marcha en apoyo a Rodríguez hacia el palacio presidencial de Miraflores.

El petróleo de Venezuela está bajo un embargo que impuso Trump en 2019 durante su primer mandato.

Y la industria terminó golpeada por las sanciones, pero también por años de desinversión, corrupción y malos manejos.

Llegó a producir 1.2 millones de barriles diarios en 2025, un hito frente a los 300,000 millones extraídos en 2020, pero todavía lejos de los 3 millones alcanzados en su pico histórico a inicios de siglo.

Fin del modelo Chávez

Después de la operación en Caracas, Trump dijo que controlaría la comercialización del petróleo de Venezuela.

En los últimos días, de hecho, entregó al país 500 millones de dólares provenientes de ventas de crudo a precio de mercado, sin los descuentos obligados por las sanciones.

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció el jueves una flexibilización de las sanciones contra el sector petrolero venezolano.

Washington dejará de sancionar la extracción, comercialización y venta de crudo por parte de la petrolera estatal PDVSA y sus asociados, siempre y cuando cualquier contrato esté sometido "a la jurisdicción de Estados Unidos", según el comunicado del Tesoro.

La reforma aprobada echa por tierra el modelo impulsado por Hugo Chávez, padre de la llamada Revolución Bolivariana.

La ley de Chávez en 2006 establecía un amplio control estatal sobre la industria petrolera donde los privados tenían acceso al negocio petrolero a través de un modelo de empresas mixtas con participación mayoritaria del Estado.

El nuevo texto autoriza la emisión de contratos a empresas privadas para explotar, distribuir y comercializar la producción sin participación del Estado, e incluso autorizan la transferencia de sus activos a privados. El oficialismo en la Asamblea Nacional defiende por ejemplo el interés de que privados operen en lo que han llamado "campos verdes", yacimientos vírgenes no explorados. "Privatización"

El instrumento sustituye los impuestos aplicados al sector por una única contribución de hasta 15% sobre los ingresos brutos de la actividad.

Establece igualmente regalías máximas de 30% sobre ingresos, aunque el Ejecutivo determinará los márgenes específicos en cada contrato según las condiciones del proyecto.

La nueva ley se inspira además en la Ley Antibloqueo, un instrumentó que facilito sortear sanciones con negocios acordados bajo un velo de hermetismo y que permitían ya que un privado operara un campo.

"Esto obviamente desmantela completamente el modelo petrolero de Hugo Chávez", explicó al analista petrolero Francisco Monaldi, que no obstante advirtió que las condiciones operativas siguen siendo discrecionales y potestad del Ejecutivo.

La mermada oposición en la Asamblea Nacional exigió introducir obligaciones de transparencia.

El exzar petrolero, Rafael Ramírez, denunció un "retroceso enorme" y una "privatización" de la industria, nacionalizada en 1976.

Muchos trabajadores han expresado optimismo sobre esta apertura petrolera, en medio de salarios precarios que equivalen a centavos de dólar. "Esta reforma de hidrocarburos nos ayuda a dignificarnos, a nosotros, el motor de la producción de petróleo de Venezuela", dijo Karina Rodríguez, trabajadora de la estatal PDVSA al marchar en Caracas.