
Con puertos, energía e innovación como ejes, México y Canadá refuerzan su integración económica en un momento de tensión con Estados Unidos y de definiciones clave para el futuro del T-MEC.
La relación económica entre México y Canadá avanza en un momento de definiciones para América del Norte. Mientras ambos gobiernos buscan estrechar su cooperación en infraestructura, energía, comercio y agricultura, Ottawa enfrenta presiones externas que influyen en cada movimiento. La relación con China y las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, marcan el telón de fondo de una etapa clave para el futuro del T-MEC.
En ese escenario el Plan de Acción México-Canadá bajo el gobierno de Mark Carney y Claudia Sheinbaum, coloca a la relación económica como eje central de la relación bilateral. A diferencia de ejercicios anteriores, la nueva estrategia apuesta por una cooperación más profunda en puertos, corredores logísticos, energía, comercio, inversión y agricultura. El objetivo es reforzar la competitividad regional y reducir vulnerabilidades en un sistema comercial cada vez más fragmentado.
Los datos muestran una relación económica con amplio margen de crecimiento. En 2024, el intercambio comercial entre México y Canadá alcanzó 32,027 millones de dólares, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, lo que representó apenas 2.6% del comercio total de México.
El balance favorece a México. En 2024, el país registró un superávit comercial de 5,886 millones de dólares frente a Canadá, y entre enero y noviembre de 2025 el saldo positivo ya sumó 8,780 millones de dólares.
En inversión extranjera directa, Canadá ocupa el tercer lugar entre los principales inversionistas en México, mientras que México se ubica hasta la posición 29 entre los países que invierten en Canadá.
En el plan de Sheinbaum y Carney la infraestructura ocupa un lugar protagónico, con la cooperación portuaria y logística. México y Canadá plantean una agenda conjunta para fortalecer la conectividad marítima, modernizar puertos y mejorar la integración entre transporte marítimo, ferroviario y carretero. La intención es construir corredores logísticos más eficientes, con menores costos y tiempos de traslado, capaces de sostener cadenas de suministro más sólidas y de abrir nuevas rutas hacia mercados internacionales.
Ese impulso se extiende a la energía, pues el plan traza una agenda de corredores energéticos que busca una cooperación más estrecha en seguridad del suministro, transición y desarrollo de infraestructura estratégica. Ambos países apuestan por un diálogo técnico más profundo, el intercambio de información y la exploración de proyectos que respalden el crecimiento industrial y comercial a largo plazo.
El comercio y la inversión completan esta estructura económica al incluir medidas para facilitar el intercambio bilateral y promover la llegada de capital, con atención especial en pequeñas y medianas empresas.
La meta consiste en reducir barreras, mejorar la coordinación regulatoria y ampliar la participación empresarial en ambos mercados. A estas acciones se suman iniciativas de promoción económica conjunta y de digitalización de procesos logísticos y comerciales, orientadas a fortalecer la eficiencia de las cadenas productivas.
En innovación, Canadá y México dan un primer paso con el compromiso de firmar un nuevo Memorándum de Entendimiento para fortalecer la colaboración en investigación. El acuerdo involucrará al Consejo de Investigación en Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá, al Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades y a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de México, y deberá concretarse antes del 31 de marzo de 2026.
Este memorándum busca ampliar la cooperación científica y dar impulso a proyectos conjuntos en áreas interdisciplinarias estratégicas, como la transición energética, la inteligencia artificial y las tecnologías de la salud.
La agricultura también forma parte de este rediseño. México y Canadá proponen una acción conjunta en agroalimentación para fortalecer cadenas productivas, facilitar el comercio de alimentos y avanzar en cooperación sanitaria y fitosanitaria. Este frente adquiere peso estratégico en un momento en el que el comercio agrícola vuelve a ocupar un lugar central en las disputas y negociaciones comerciales.
El cambio es evidente al compararlo con el Plan de Acción México-Canadá, que se pactó en las administraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador y el ex primer ministro Justin Trudeau. En ese entonces, el comercio y la inversión figuraban dentro de una agenda más amplia dominada por temas sociales, movilidad humana, género, reconciliación con pueblos indígenas, salud y cooperación ambiental. La economía tenía presencia, pero no marcaba el rumbo ni contaba con objetivos específicos en infraestructura logística y energética, como ocurre ahora.
Este cambio de enfoque coincide con una etapa compleja para Canadá. El primer ministro Mark Carney ha defendido que las decisiones recientes de Ottawa respecto a China se apegan a las obligaciones asumidas bajo el tratado comercial con Estados Unidos y México. El acuerdo, recordó, impide firmar tratados de libre comercio con economías no basadas en el mercado sin notificación previa. Su gobierno, subrayó, no tiene intención de hacerlo con China ni con ninguna otra economía de ese tipo.
Bajo esa premisa, Canadá acordó reducir el arancel de 100% aplicado a los vehículos eléctricos fabricados en China a una tasa de 6.1%, con un límite anual de 49,000 unidades. A cambio, se prevé una reducción de los aranceles de represalia que China impuso a productos agrícolas canadienses como la langosta, el cangrejo y la canola. Para Carney, este entendimiento busca cerrar tensiones comerciales de larga data sin salirse de los márgenes del T-MEC.
La respuesta desde Washington no tardó, pues Donald Trump amenazó con imponer aranceles de 100% a los productos canadienses si Ottawa alcanza un acuerdo comercial con China. Para Carney, no resulta casual que estas advertencias aparezcan justo antes de las negociaciones para renovar el tratado. En redes sociales, el mandatario estadounidense incluso se refirió al primer ministro canadiense como “gobernador” y reiteró su amenaza arancelaria.
Mientras Carney Describió a Trump como un “fuerte negociador” y llamó a leer algunos de sus mensajes dentro de una lógica más amplia.
Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha fijado una línea similar. Su gobierno, afirmó, trabajará para preservar la integración comercial regional. En los meses clave para la continuidad del T-MEC, anunció su intención de colaborar con Mark Carney. Las diferencias, sostuvo, reflejan miradas distintas frente a lo que ocurre en el comercio internacional.
Las cifras económicas refuerzan la relevancia de esta apuesta. Canadá sorprendió con un crecimiento anualizado del PIB de 2.6% en el tercer trimestre de 2025, muy por encima de las previsiones del Banco de Canadá. México, en contraste, registró una contracción anual de 0.2% en el mismo periodo, lo que subraya la importancia de la inversión, el comercio y la infraestructura como motores de crecimiento.
Así, el acercamiento económico entre México y Canadá no responde solo a una agenda bilateral. También refleja la necesidad de afianzar alianzas dentro de América del Norte frente a amenazas arancelarias, tensiones externas y cambios en las reglas del comercio global.

A pesar de la incertidumbre geopolítica y la guerra arancelaria, Jetour dice tener la solidez financiera y la capacidad para adaptarse al crecimiento del mercado nacional.
En un entorno automotriz cada vez más complicado por la guerra arancelaria y la amplia competencia interna, Jetour, una de las marcas del gigante Cherry Holding Group, busca convertir a México en su segundo mercado más importante a nivel mundial, solo por detrás de China.
Y para hacerlo, la compañía plantea una reestructura operativa que busca capitalizar el interés de los consumidores mexicanos por los vehículos SUV y la tecnología híbrida de última generación.
La compañía opera bajo un esquema de subsidiaria, contando con una red de 33 distribuidores en territorio nacional y que espera llegar a 50 a finales de este año, cuenta Saul Espinosa Aguilar, VP de Jetour Soueast México.
__Tenemos una cobertura nacional de aproximadamente el 80%, con presencia en las principales ciudades. Solo nos falta presencia en cuatro estados: Guerrero, Aguascalientes, Baja California Sur y Tamaulipas. __
Actualmente operan 33 distribuidores; buscamos llegar a 40 para la primera mitad de 2026 y cerrar ese año con 50 agencias funcionando al 100%”, detalla el directivo.
A pesar de la incertidumbre geopolítica y los ajustes en aranceles, Espinosa Aguilar destaca la solidez financiera de la compañía y su capacidad para adaptarse al crecimiento del mercado nacional.
“Todas las unidades son producidas en China e importadas. Aunque enfrentamos nuevas cuotas de importación en México, estamos en una etapa temprana de desarrollo que favorece nuestra estructura financiera, contando con el apoyo de Jetour International en costos operativos”, comenta.
“Somos la marca más rentable de Grupo Cherry a nivel mundial. Nuestro cliente tiene un perfil más resistente a los ajustes de precio por el tipo de producto que ofrecemos. Podemos desacelerar el ritmo de crecimiento si es necesario, pero la tendencia sigue firme, y el surtimiento de productos y autopartes está garantizado ya que nuestro portafolio está vigente a nivel global”, añade el VP de Jetour.
“Nuestro cliente tiene un perfil más resistente a los ajustes de precio por el tipo de producto que ofrecemos. Podemos desacelerar el ritmo de crecimiento si es necesario, pero la tendencia sigue firme, y el surtimiento de productos y autopartes está garantizado ya que nuestro portafolio está vigente a nivel global”, destaca el ejecutivo.
Ante un posible riesgo de altos tiempos de espera por refacciones o piezas para los usuarios del país, Espinosa Aguilar dice que cuentan con una alianza con Estafeta para la logística interna y entrega de partes a los distribuidores, lo cual permite que los tiempos de respuesta sean cortos y el servicio técnico sea especializado.
Actualmente, la empresa emplea de forma directa a 50 personas, pero su red de distribuidores genera entre 300 y 500 empleos indirectos. Una vez que operen las 50 agencias, los empleos indirectos podrían escalar hasta los 1,500 puestos.
Respecto a la posibilidad de instalar una planta productora en México, el directivo reconoce que existe el interés, pero el factor determinante será la estabilidad política. "Al día de hoy, con tanta incertidumbre a nivel global, no se da la certidumbre para una inversión de esa magnitud. Sin embargo, la puerta permanece abierta una vez que el panorama internacional se aclare”.
Jetour llegó a México en 2023 bajo una modalidad de importación, modelo que permaneció hasta marzo de 2025, cuando tomaron el control bajo un esquema de subsidiaria, vendiendo y operando directamente como marca. Actualmente tiene una oficina nacional de ventas para controlar la operación con distribuidores.
De marzo a noviembre pasados, la empresa llevaba 2,088 unidades vendidas en el país.
La apuesta de Jetour va más allá de las fronteras mexicanas, ya que tiene presencia en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. En Brasil entrarán como subsidiaria a mediados de 2026. La firma está en el Top 10 de ventas en Medio Oriente y China. En 2026 entraremos a Europa y para inicios de 2027 a otros mercados africanos. Solo en Estados Unidos y Canadá no tienen presencia en el continente.

Los viajeros mexicanos necesitarán, además de su pasaporte, un permiso digital obligatorio para permanecer en el país europeo hasta por seis meses.
Reino Unido exigirá a los viajeros mexicanos, como requisito indispensable para abordar un vuelo hacia este país, una Autorización Electrónica de Viaje (ETA), incluso para aquellos que solo hagan una escala en este país.
Esta medida afectará a miles de viajeros mexicanos que visiten Reino Unido por turismo, negocios o para estancias de estudios menores a seis meses.
La ETA es un permiso digital obligatorio para estancias de hasta seis meses en Reino Unido y forma parte del nuevo sistema de control migratorio británico. Este trámite no garantiza la entrada al Reino Unido.
La ETA tiene un costo de 16 libras esterlinas, aproximadamente 390 pesos. Tiene una vigencia de dos años y se puede usar las veces que se desee, siempre en estancias menores a seis meses. Este documento quedará vinculado al pasaporte del ciudadano que hizo el trámite.
El trámite puede realizarse a través de una aplicación disponible para iOS y Android o por el portal del Gobierno Británico.
Los visitantes al Reino Unido que no requieren de una visa deben presentar una ETA, incluidos aquellos que cuenten con un pasaporte europeo.
Aplica en los siguientes casos:
Están exentos de este requisito aquellos ciudadanos que tengan un visado aprobado; los que ya estén registrados como residentes en el Reino Unido; o aquellos ciudadanos con pasaporte irlandés.
¿Y si tengo una visa?
Además de la ETA, el Reino Unido implementará la eVisa, un registro digital que sustituye documentos físicos para quienes estudian, trabajan o residen en el país.
A partir del 28 de enero de 2026, los viajeros deberán actualizar su cuenta UKVI con su pasaporte vigente para evitar retrasos o negativas de abordaje.
El gobierno de Reino Unido ha advertido sobre el incremento de fraudes para los trámites de visa y ETA.
“Si tienes que tramitar una visa, por ejemplo para estudiar o trabajar en el Reino Unido, es muy importante que no te arriesgues a utilizar servicios de terceros no autorizados que puedan estafarte o proporcionarte información incorrecta”, indica la Embajada Británica en su cuenta de Facebook.
El gobierno británico da las siguientes recomendaciones:

La Ley General de Economía Circular busca aprovechar mejor los materiales y reducir residuos. Expertos advierten que las empresas deben adaptarse con una coordinación sectorial.
Hace unos días,__ la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)__ dio a conocer la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General de Economía Circular, un nuevo punto de partida para la política ambiental en México. La normativa tendrá implicaciones directas en la operación de las empresas y en su relación con las más de 120,000 toneladas de residuos que se generan diariamente en el país.
La nueva regulación es considerada un paso firme para reducir el uso de materiales vírgenes en los distintos sectores productivos, pues de acuerdo con estimaciones del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), el mundo ya consume más recursos naturales de los que el planeta puede regenerar. De mantenerse las tendencias actuales, hacia 2050 se requerirán hasta tres planetas para sostener el nivel de consumo global.
En este contexto, la nueva Ley General de Economía Circular se diferencia de normativas previas centradas únicamente en la gestión del residuo, ya que incorpora una visión completa sobre el ciclo de vida de los productos: desde la producción y transformación, los materiales utilizados y su entrega al usuario final, hasta los mecanismos para mantenerlos dentro del circuito económico. Expertos en sostenibilidad corporativa coinciden en que esta legislación no excluye ni sustituye a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) ni a las leyes locales, sino que se suma a ellas para ampliar su alcance.
El decreto, publicado el 19 de enero, establece un marco normativo orientado a transitar de un modelo económico hacia uno sostenible, con énfasis en la conservación ambiental y el uso eficiente de los recursos. Entre sus objetivos destacan la reducción en la generación de residuos, la disminución en la extracción de materias primas vírgenes y el impulso al aprovechamiento de materiales secundarios a lo largo de los procesos productivos.
Antonio Vizcaya, consultor y profesor de sostenibilidad corporativa, sostiene que uno de los principales cambios que introduce la Ley es la ampliación de la responsabilidad empresarial más allá de la operación directa, pues las empresas dejarán de ser responsables solo de su gestión interna y ahora tendrán obligaciones que van desde el diseño del producto hasta lo que ocurre al final de su vida útil.
El experto considera que uno de los ejes centrales de la legislación es la incorporación de la Responsabilidad Extendida del Productor, que obliga a las compañías a asumir la gestión integral del ciclo de vida de sus productos, desde su concepción hasta su disposición final, con el objetivo de minimizar impactos ambientales. Esta medida busca incentivar la innovación, el ecodiseño y la reutilización de materiales.
“Esta ampliación del alcance implica que la circularidad deberá integrarse desde la selección de materias primas hasta la relación con proveedores y clientes finales. El nuevo marco obliga a las compañías a entender su impacto desde que se extrae una materia prima hasta que el producto se utiliza y eventualmente se desecha”, añade Vizcaya.
El decreto también formaliza la creación del Sistema Nacional de Economía Circular, coordinado por la Semarnat, con el propósito de articular políticas públicas entre los distintos niveles de gobierno y promover la participación del sector privado, la academia y la sociedad civil.
Asimismo, el texto contempla mecanismos de circularidad, instrumentos económicos y programas de educación y capacitación orientados a fortalecer la cultura ambiental, impulsar mercados circulares y consolidar una transición ordenada hacia un desarrollo económico más sostenible.
Eduardo Legorreta, socio de Regenerative y experto de la Asociación Mexicana de Empaques y Embalajes (AMEE), coincide que la Ley no sustituye otros marcos regulatorios existentes, como las leyes de gestión integral de residuos o los planes de manejo. Por el contrario, señala que la Ley de Economía Circular los articula y complementa al incorporar una visión integral sobre cómo se producen, transforman, distribuyen y recuperan los materiales.
No obstante, Legorreta advierte que el impacto será desigual para las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Mientras que las grandes corporaciones suelen contar con mayor capacidad técnica y financiera para adaptarse, las Pymes enfrentan mayores desafíos, por lo que necesitarán instrumentos fiscales y financieros para que puedan iniciar su proceso de adaptación. En la misma línea, Vizcaya señala que imponer nuevas obligaciones sin acompañamiento puede dejar en una posición vulnerable a los proveedores más pequeños, por lo que la colaboración de todos los miembros de los sectores será un factor clave.
“La coordinación sectorial será fundamental para reducir costos y aumentar la eficiencia. A través de organismos coordinadores y asociaciones, las empresas podrán desarrollar soluciones compartidas para el acopio, reciclaje y aprovechamiento de materiales, especialmente en sectores como alimentos, empaques y envases, que generan grandes volúmenes de residuos”, apunta Legorreta.
Ambos especialista coinciden en que el enfoque gradual será determinante, pues no todos los sectores enfrentarán las mismas exigencias al mismo tiempo. Aquellos que generan mayores volúmenes de residuos o residuos problemáticos, como la industria alimentaria, estarán entre los primeros en ser considerados, mientras que sectores con requerimientos sanitarios estrictos, como el médico, mantendrán esquemas de manejo especializado.
Los especialistas reiteran en que el éxito de la Ley dependerá de un cambio estructural en las empresas, acompañado de capacitación, coordinación sectorial y un diálogo constante con las autoridades, para que industria, gobierno y sociedad avancen de manera conjunta hacia un modelo productivo más eficiente y sostenible.
En el contexto internacional, el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) ha señalado la importancia de que países como México se sumen a la tendencia de desacoplar el crecimiento económico de la generación de residuos, pues reconoce que la humanidad tiene por delante muchos retos, lo que incluye comprar más artículos producidos de forma sostenible, hacer menos viajes y comer menos carne.
"Hace falta, sobre todo, un cambio de mentalidad en los gobiernos, empresas, pero sobre todo individuos que tienen más altos niveles de consumo", menciona la organización ambiental.