NOTICIAS DEL DÍA (18 DE DICIEMBRE DE 2025)

Estudio: Los más ricos de México también necesitan educación financiera.

Un reporte de Invested señala que los patrimonios de las personas más ricas en México podrían aumentar en la medida en que tengan mejor asesoría y educación financiera.

Tener un gran patrimonio no garantiza una buena planeación o estrategia de inversión en México, de acuerdo con un estudio de Invested.

El reporte llamado "Wealth Pulse 2025", en el que se entrevistaron a personas con más de un millón de dólares en activos invertibles, destaca que en el país las personas con estas características suelen ser más conservadoras al momento de invertir, por lo que no aumentan su riqueza como en Estados Unidos, por ejemplo.

"(Aunque) hay algunos inversionistas que sí son más sofisticados y empiezan a invertir en mercados, hace falta un tema de educación financiera para que pueda tener inversiones que le den mayores rendimientos y salirse de la renta fija como Cetes y bonos", dijo en entrevista Christian Hauswaldt, director general de Invested.

A pesar de que en 2022 y 2023 la renta fija fue una buena alternativa porque los Cetes dieron rendimientos históricos, eso se terminó en 2024 con la reducción de tasas. Banco de México (Banxico) empezó el año pasado a reducir la tasa; actualmente está en 7.25% y se espera que cierre el año en 7%.

"Ahorita, con mayor razón, tenemos que salir a buscar otro tipo de opciones, pero sí hay un espacio para la educación financiera", destacó Hauswaldt.

Mientras que las personas con altos patrimonios a nivel internacional suelen asignar 45-55% a renta variable, 20-25% a bonos y entre 10-20% a activos alternativos como private equity, real estate institucional o hedge funds, en México hay una mayor concentración en renta fija y bienes raíces, es decir, hacia deuda tradicional.

"En América Latina -y particularmente en México- los activos reales como inmuebles y negocios privados predominan, reflejando una preferencia por lo tangible y niveles de deuda más bajos que en otros mercados", destaca el reporte.

Uno de los impactos para los patrimonios de estas personas es que mientras que en países desarrollados como Estados Unidos se crece gracias a rentas variables, en México se mantiene acotado y es que en México tiene el 4% del mercado accionario del mundo contra Estados Unidos que tiene más del 30%.

Además de un crecimiento del patrimonio más moderado, el especialista añadió que un 80% de la gente encuestada no tiene estructurado un plan de sucesión para las siguientes generaciones, lo que también apunta a que no hay un acompañamiento de parte de las instituciones financieras.

Una muestra de la necesidad de acompañamiento que tienen las personas con altos patrimonios fue el relanzamiento que hizo recientemente Scotiabank de su banca privada.

El banco de origen canadiense busca hacer la gestión patrimonial de las personas que tienen más de medio millón de pesos. Rodrigo Córdova, director general adjunto Wealth & Asset Management de Scotiabank Mexico, dijo en entrevista que el negocio de la gestión patrimonial crece a doble dígito.

Córdova reafirmó que los mexicanos enfocan sus inversiones en renta fija, por lo que con el relanzamiento de su banca privada buscan entender el perfil de sus clientes y su rango de inversión.

"Lo que estamos asesorando es el momento en el que los clientes diversifican hacia instrumentos de capitales, tanto locales como extranjeros", dijo.

Para el banco, la idea es impulsar la diversificación, pero no moviendo el dinero de un lugar a otro, sino creando un portafolio que cuente con renta fija, capitales y algunos alternativos que ayuden a maximizar el riesgo-retorno de inversión.

Aumento de permisos para gasolineras genera expectativas positivas en la industria para 2026.

Pese a retos regulatorios y un inicio lento del año, la industria gasolinera registra avances en permisos y proyecta un año 2026 con dinamismo y expansión.

El sector gasolinero mexicano cierra 2025 con un balance mixto entre retos regulatorios y señales de dinamismo, según especialistas de la industria. A pesar de los cambios legales y la transición de autoridades, la expectativa hacia 2026 es positiva. “Pese a todos los cambios regulatorios y legales, el sector sí ve con ánimo y mejoras el cierre del año; incluso esperan que 2026 sea un año en el que el dinamismo gasolinero sea mayor”, explicó Aldo Vargas, director de Kernotek, en entrevista.

Para Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence, los avances son visibles, aunque el inicio del año fue lento. “Vemos que se están emitiendo permisos y sí vemos que los números de este año, a pesar de que el inicio fue muy lento, sí vemos que este año va a cerrar con buenos números, lo que motiva al sector para el próximo año”.

Cumplimiento normativo y oportunidades de inversión

El cumplimiento normativo seguirá siendo un tema clave en 2026, aunque no ha desincentivado la inversión. “Otro tema de suma relevancia para el sector gasolinero en 2026 será el cumplimiento normativo, es decir, todas esas mejores prácticas que deben cumplirse por ley y que, aunque se trate de más carga regulatoria eso no está desincentivando el apetito de inversión”, explicó Montufar.

Durante 2025, la entrega de permisos para nuevas estaciones mostró un aumento respecto al año anterior. En 2024, la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó 310 nuevas gasolineras, número inferior a años previos.

Tras la desaparición de la CRE el 19 de marzo, solo se otorgaron 44 permisos durante los primeros meses de 2025, dejando pendientes numerosos trámites al inicio de operaciones del nuevo regulador.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) inició funciones en mayo y otorgó los tres primeros permisos en junio, marcando el inicio de un repunte: 148 en agosto y 163 en septiembre, acumulando 358 al cierre del noveno mes.

Se espera que la cifra final se acerque a los 400 permisos tras la más reciente sesión del comité técnico de la CNE, cuyo acta aún no se publica. Si solo se considera la cifra hasta septiembre, la emisión de permisos representa un crecimiento de 48 unidades respecto al año anterior, un avance del 15.48%.

El sector gasolinero enfrenta una situación que Aldo Vargas, director de Kernotek, calificó como paradójica. Por un lado, el esfuerzo de las autoridades para combatir el mercado ilícito ha restringido la entrega de permisos, limitando el acceso a quienes buscan abrir nuevas estaciones de servicio, a pesar de la alta demanda de combustible en el país.

Sin embargo, el directivo señaló que, al mismo tiempo, sí se ha observado la emisión de algunos permisos, reflejando que las autoridades reconocen la necesidad de mantener abastecido el mercado energético nacional. Esta dualidad evidencia la complejidad de equilibrar la regulación y el crecimiento del sector.

Vargas advirtió que, aunque se entreguen permisos, la autoridad continuará un seguimiento cercano sobre quienes los obtengan.

“Aunque sí se entreguen permisos la autoridad va a vigilar de manera importante a quienes los soliciten y los obtengan, habrá un monitoreo importante de quiénes son los que están ingresando esas solicitudes”, explicó el directivo.

México entra a la revisión del T-MEC con un vacío en la seguridad de la inversión extranjera.

El país necesita un mecanismo similar al CFIUS de Estados Unidos para revisar inversiones y cerrar los vacíos regulatorios que hoy afectan las cadenas productivas norteamericanas.

A diferencia de Estados Unidos y Canadá, México enfrenta la revisión del T-MEC sin un mecanismo formal para revisar o bloquear inversiones extranjeras que representen riesgos para la seguridad nacional o económica. En un entorno marcado por tensiones con China, relocalización industrial y cadenas de suministro cada vez más sensibles, ese vacío institucional dejó de ser un asunto técnico para convertirse en una señal de alerta en Washington.

Durante las audiencias públicas convocadas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos sobre el funcionamiento del tratado, especialistas coincidieron en un diagnóstico que se repitió a lo largo de los testimonios. México permanece como el único socio del T-MEC sin un sistema de investment screening comparable al de sus contrapartes.

Esa ausencia no solo genera asimetrías regulatorias dentro del bloque, también abre espacios por donde pueden filtrarse inversiones vinculadas a gobiernos rivales, esquemas de triangulación comercial o flujos de capital que terminan por fortalecer intereses estratégicos ajenos a Norteamérica.

David Gantz, investigador del Centro México del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice, expuso el punto con claridad. México, sostuvo, requiere un mecanismo equivalente al Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos, conocido como CFIUS, para evaluar inversiones extranjeras, en particular aquellas con origen chino, aunque no de forma exclusiva.

El riesgo, advirtió, va más allá del capital financiero. Incluye la posibilidad de que empresas utilicen territorio mexicano como plataforma de trasbordo de bienes chinos hacia Estados Unidos, en sectores sensibles como acero, vehículos conectados, equipo médico o transporte marítimo. Frente a ese escenario, planteó dos rutas posibles. Un esquema nacional propio o un modelo coordinado con Estados Unidos y Canadá.

En los últimos años, Estados Unidos mantiene la lupa sobre las inversiones de China en México. De acuerdo con cifras actualizadas de la Secretaría de Economía, en 2024 la inversión proveniente del país asiático alcanzó un máximo histórico de 916 millones de dólares.

De hecho, ya existen esfuerzos para fortalecer el control de la inversión extranjera en México. El 7 de diciembre de 2023, la exsecretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, firmaron un Memorándum de Intención que subraya la relevancia del control de inversiones como herramienta para proteger la seguridad nacional. Los mecanismos de EU y Canadá

En Estados Unidos, ese filtro existe desde hace décadas. El CFIUS opera como un órgano interinstitucional coordinado por el Departamento del Tesoro e integrado por dependencias clave como Defensa, Comercio, Seguridad Nacional, Estado y Energía. Su función consiste en revisar adquisiciones, fusiones o participaciones de capital extranjero en empresas estadounidenses cuando la operación involucra sectores sensibles, infraestructura crítica, tecnologías estratégicas o grandes volúmenes de datos personales.

El proceso puede iniciar por decisión voluntaria de las empresas o activarse de forma obligatoria en ciertos supuestos, lo que permite al gobierno evaluar riesgos antes del cierre de la transacción.

Cuando el comité identifica amenazas potenciales, puede imponer condiciones para mitigar riesgos, exigir ajustes en la estructura de la inversión o recomendar al presidente de Estados Unidos que bloquee o revierta la operación. Su alcance se amplió de forma sustantiva en 2018 con la aprobación de la ley FIRRMA, que extendió la supervisión a inversiones minoritarias y a tecnologías emergentes.

Ese fortalecimiento convirtió al CFIUS en una referencia internacional y explica por qué Washington presiona a sus socios comerciales para contar con mecanismos equivalentes que eviten vacíos regulatorios dentro de cadenas productivas cada vez más integradas.

Canadá cuenta con un esquema similar. La revisión de inversiones extranjeras se rige por la Investment Canada Act, que permite al gobierno evaluar operaciones bajo dos criterios centrales. El primero es el beneficio neto, que analiza si la inversión aporta ventajas económicas al país, como empleo, producción o innovación.

El segundo es el de seguridad nacional, que se activa cuando una operación puede afectar sectores sensibles. El proceso lo coordina el Ministerio de Innovación, Ciencia e Industria, con la participación de agencias de seguridad e inteligencia.

En años recientes, Canadá endureció ese marco para alinearlo con sus aliados, en especial con Estados Unidos. El gobierno puede imponer condiciones, bloquear inversiones o incluso ordenar la desinversión cuando identifica riesgos, sobre todo en operaciones vinculadas con capital de países considerados de alto riesgo estratégico, como China. Esa convergencia regulatoria dejó a México como la excepción dentro del bloque.

Un rastreo trilateral

Diego Marroquín Bitar, investigador del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, fue aún más categórico. México carece de un mecanismo formal de investment screening y ese enfoque divergente expone a Estados Unidos a riesgos de seguridad y vacíos regulatorios. Para corregirlo, propuso avanzar hacia un comité norteamericano de seguridad económica que permita coordinar decisiones, compartir información y cerrar brechas entre los socios. En su lectura, la debilidad institucional de uno termina por afectar a todo el bloque.

Sarah Stewart, directora ejecutiva de Silverado Policy Accelerator, amplió la discusión. Para ella, el problema no se limita a la ausencia de un comité formal. También refleja la falta de capacidades para rastrear quién invierte, con qué estructura de propiedad y con qué objetivos estratégicos. Stewart propuso mayor intercambio de información entre los socios, transparencia sobre beneficiarios finales y coordinación regional para cerrar espacios de vulnerabilidad, en particular en minerales críticos y semiconductores, donde China mantiene una posición dominante.

Emily Kilcrease, investigadora principal y directora del Programa de Energía, Economía y Seguridad del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, colocó el debate en una perspectiva más amplia. La revisión del T-MEC, afirmó, debe servir para alinear las políticas de seguridad económica de Norteamérica frente a China.

Eso incluye controles a la exportación, programas de importación tecnológica confiable y mecanismos de revisión de inversión extranjera en cada país. Sin salvaguardas sólidas, advirtió, la creciente integración de México en cadenas ligadas a infraestructura de inteligencia artificial eleva el riesgo de desvío de tecnologías sensibles.

La revisión del T-MEC no girará solo en torno al comercio tradicional. La seguridad de las inversiones se perfila como uno de los ejes más delicados de la negociación. México, convertido en plataforma clave del nearshoring y en socio comercial prioritario de Estados Unidos, enfrenta el reto de fortalecer su arquitectura institucional.

Televisa busca comprar AT&T México, pero la jugada podría resultar en un autogol.

La operación reforzaría su estrategia móvil, pero presionaría liquidez, deuda y calificaciones crediticias en un momento financiero delicado.

Televisa, el mayor grupo de medios del país, sostiene conversaciones con AT&T para explorar la compra de su operación móvil en México, de acuerdo con dos fuentes con conocimiento del tema citadas por Expansión. La pregunta no es solo si puede hacerlo, sino si puede soportar el costo financiero y estratégico de intentarlo.

La transacción está valuada en más de 2,000 millones de dólares y colocaría a Televisa en el centro de una reconfiguración del mercado móvil. No se trata únicamente de crecer en usuarios, sino de incorporar espectro, red y presencia directa en un segmento dominado por Telcel.

Desde el punto de vista financiero, los analistas coinciden en que Televisa tiene la capacidad para ejecutar la compra, pero no sin costos relevantes. La empresa tendría que utilizar una parte sustancial de su efectivo en caja e incluso recurrir a deuda adicional, con efectos inmediatos sobre sus métricas financieras.

Ese movimiento llegaría en un momento delicado. Televisa busca mejorar su posición frente al mercado y recuperar gradualmente la confianza de inversionistas y calificadoras, tras varios trimestres de presión sobre ingresos, rentabilidad y base de clientes.

El atractivo estratégico del activo

El atractivo estratégico de AT&T no está en duda. La operación permitiría a Televisa hacerse de 185.7 MHz de bandas espectrales, además de un negocio mayorista cuyo principal cliente es Movistar, al albergar el tráfico de 23.5 millones de usuarios.

A ello se suma una cartera directa de 24.1 millones de clientes móviles, de los cuales 73.4% corresponde a prepago y 26.6% a pospago. Aunque este último segmento es menor en volumen, concentra al consumidor de mayor valor para los operadores.

Al tercer trimestre, el Ingreso Promedio por Usuario del segmento pospago se ubicó en 146 pesos, uno de los niveles más altos del mercado, solo por debajo de Telcel, que reportó 186 pesos. Ese dato explica por qué el activo resulta especialmente atractivo desde una lógica comercial.

Con estos activos, Televisa fortalecería su estrategia de cuádruple play, particularmente en la parte móvil. Actualmente ofrece televisión de paga, internet, streaming y telefonía a través de izzi Móvil, un operador móvil virtual que opera sobre la red de AT&T.

Hasta ahora, la telefonía móvil ha funcionado principalmente como una herramienta de fidelización. Sin embargo, con la cartera de clientes de AT&T, aún presidida por Mónica Aspe, Televisa estaría en posición de competir de forma frontal con Telcel en el mercado móvil.

El peso del riesgo financiero y regulatorio

Pero el impacto de una compra de este tamaño va más allá de la lógica comercial. Antes de concretarse, una operación así tendría que superar el escrutinio regulatorio y contar con el visto bueno de los accionistas, en un entorno de alta sensibilidad para la industria.

Las agencias calificadoras ya han marcado líneas claras. En junio pasado, S&P Global ubicó a Televisa en una escala BBB, que implica que aún conserva el grado de inversión, aunque con una capacidad vulnerable para cumplir con sus obligaciones financieras.

La calificadora advirtió entonces que, si la compañía recurre a mayor endeudamiento para financiar inversiones, fusiones o adquisiciones, su calificación crediticia podría deteriorarse aún más. Ese escenario encaja directamente con una eventual compra de AT&T.

Moody’s Ratings, por su parte, ya rebajó la calificación como emisor y deuda sénior a ‘Ba1’ desde ‘Baa3’. Esta evaluación coloca a Televisa en una categoría especulativa, con un riesgo crediticio sustancial y menor margen de maniobra financiera.

En ese contexto, los especialistas advierten que una operación de la magnitud de la compra de AT&T prácticamente garantizaría una reacción negativa de las agencias calificadoras. La probabilidad de una rebaja crediticia es alta, lo que alejaría aún más al grupo de la posibilidad de consolidar o recuperar el grado de inversión en el mediano plazo.

“Si Televisa compra a AT&T las calificadoras van a reaccionar de inmediato y es probable que la respuesta sea quitar el grado de inversión. Para realizar la adquisición requerirá de una combinación de efectivo, acciones y apalancamiento. Pero muy probablemente la presión más fuerte vendrá de la caja y Televisa no está ahora en condiciones de endeudarse más”, aseguró Amin Vera, director de inversiones de Invala Family Office y analista financiero.

Rentabilidad bajo tensión

Las rebajas responden a un contexto operativo complejo. Televisa busca alcanzar la rentabilidad en un entorno donde sus negocios de telecomunicaciones, particularmente Izzi y Sky, enfrentan cambios estructurales en los hábitos de consumo.

Los usuarios migran hacia plataformas digitales y reducen su contratación de televisión de paga. Solo en el tercer trimestre, Televisa registró una caída en beneficios de 1,932 millones de pesos, una disminución de 4.8% en ingresos y la desconexión de 329,000 clientes de Sky.

A ello se suma una deuda total que alcanza los 4,900 millones de dólares y un flujo de liquidez de 1,500 millones de dólares, recursos de los cuales tendría que echar mano para financiar la adquisición de AT&T.

Brian Rodríguez, analista de Monex Grupo Financiero, considera que la intención estratégica es comprensible, pero cuestiona el momento. En su opinión, la empresa debería evitar elevar su apalancamiento en el contexto actual.

“Televisa en los últimos años afronta retos operativos con márgenes bastante cerrados, bastante apretados, y suscriptores a la baja, lo que ha mermado también la capacidad de generación de utilidades y con una compara de este tipo elevará su nivel de apalancamiento y con riesgos de poder generar beneficios en el corto y en el mediano plazo”, dijo Rodríguez.

El aumento de deuda y la reducción de efectivo limitarían la capacidad de Televisa para invertir en la creación y adquisición de contenidos para ViX, su plataforma de streaming. Este activo es clave para competir en el mercado de video bajo demanda, dominado por Netflix.

Además, la compra de AT&T implicaría inversiones intensivas adicionales. Televisa tendría que ampliar y mantener la red, así como participar en licitaciones de espectro, un insumo que en México tiene uno de los precios más elevados de América Latina.

Así, la posible compra de AT&T se perfila como una jugada de alto impacto estratégico, pero también de riesgo financiero. La viabilidad no depende solo de la capacidad de compra, sino del costo que Televisa estaría dispuesta a asumir en su balance para redefinir su papel en el mercado de telecomunicaciones.