A partir del 1 de enero se activará un mecanismo que permite a los bancos bloquear operaciones digitales. Conoce la razón y cómo evitar este problema desde la app de tu banco.
Las transferencias desde apps bancarias ya son el medio más usado para enviar dinero o pagar servicios. Ese hábito expone a los usuarios a riesgos que las instituciones financieras buscan contener con nuevas medidas operativas.
A partir del 1 de enero se activará un mecanismo que permite a los bancos bloquear operaciones digitales. Conoce la razón y cómo evitar este problema desde la app de tu banco.
Por qué los bancos podrán bloquear transferencias desde enero
Desde el 1 de enero de 2026 entrará en vigor el Monto Transaccional del Usuario (MTU) en toda la banca digital. A partir de esa fecha, cualquier operación que rebase el límite configurado podrá detenerse o requerir una validación adicional antes de completarse.
Esta condición marca el cierre del periodo de transición, que comenzó en octubre, cuando las instituciones debieron habilitar la función para que cada usuario definiera su límite personaliz
Cómo surgió el MTU y por qué cambia la operación bancaria
El 14 de junio de 2024, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó una resolución que modifica la forma en la que operan las instituciones de crédito, con el objetivo de robustecer la supervisión de la banca múltiple en materia de prevención, detección y respuesta oportuna ante el fraude.
Es decir, la CNBV actualizó la normativa para que los bancos tengan más herramientas para combatir este delito, en los que incluyen que toda institución cuente con un “Plan de gestión para la prevención del fraude”.
Sin embargo, una de las medidas que más destacó fue la creación del Monto Transaccional del Usuario (MTU), ya que esta afecta directamente al usuario o cliente del banco. De acuerdo con la disposición oficial, el objetivo principal es establecer límites de movimientos financieros de una cuenta.
Este documento fue resultado de cambios realizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), un órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Hacienda), responsable de proteger la estabilidad y buen funcionamiento del sistema financiero mexicano.
También incorporó la definición de “Conductas observables para la gestión del fraude” externas o internas, y las que pueden ser aquellas que tienden a:
a) suplantar o usurpar la identidad del usuario; b) robar sus datos personales e información financiera; c) suplantar la identidad de la institución de crédito; d) el uso de información privilegiada de usuarios (por parte de los empleados de las Instituciones de crédito); e) comprometer los medios electrónicos usados por el usuario instalando un código malicioso capaz de alterar la realización de operaciones monetarias, o f) alterar cheques y emitir cheques falsos.
La Secretaría de Hacienda informó que los fraudes cibernéticos son una amenaza creciente en México , ya que su incidencia creció 40% entre 2018 a 2024. El phishing fue el mecanismo más común, que consiste en robar información personal o la identidad digital como contraseñas o datos bancarios.
Cómo establecer el MTU en las apps bancarias
HSBC
BBVA
Santander
Banorte
Banamex
El registro de líneas impactará en la portabilidad numérica, ya que podrían vulnerar la continuidad del servicio y la protección de los datos personales de los usuarios.
El próximo año, la portabilidad numérica cambiará por completo. Los lineamientos del Padrón de Telefonía plantean que los usuarios que decidan migrar su línea móvil a una nueva compañía deberán registrar nuevamente su número.
La nueva regulación establece que empresas como Telcel, AT&T, Telefónica y los Operadores Móviles Virtuales (OMV) deberán desvincular la línea que un usuario desee portar. Sin embargo, el artículo 14 señala que, una vez hecho este procedimiento, será el propio usuario quien deba registrar nuevamente su número con la compañía móvil receptora, lo que introduce un paso adicional no previsto en el modelo actual.
Hoy en día, la portabilidad numérica exige que el cambio de compañía se concrete en un plazo máximo de 24 horas. El proceso consiste en que el usuario acuda al operador con el que desea contratar el nuevo servicio, de modo que la migración del número ocurra directamente entre las empresas involucradas y sin intervenciones adicionales por parte del usuario.
Sin embargo, la nueva política introduce el riesgo de desconexión por uno o más días, ya que el procedimiento obliga a desvincular la línea antes de registrar nuevamente el número con el operador receptor.
Isabel Reza, directora general en Regulatory Experts: Telecommunications and Broadcasting, explicó que el problema se vuelve más complejo porque los lineamientos no especifican qué ocurrirá con la información del usuario que decidió ejercer su derecho de portabilidad.
El nuevo proyecto de registro de líneas estipula que los operadores de telefonía deberán resguardar la información de los suscriptores en dos plataformas, sin embargo, en el proceso de portabilidad puede existir una duplicación de la información al no ofrecer detalles sobre qué sucederá con los datos de los usuarios cuando decidan realizar su portabilidad numérica, es decir, el cambio de un operador a otro para no perder su número telefónico.
“Este esquema rompe con el principio fundamental de la portabilidad: que el cambio de compañía sea transparente, continuo y sin interrupciones en el servicio”, alertó la especialista.
Gloria Martínez, consejera del despacho de abogados Von Wobeser y Sierra, advirtió que durante la portabilidad, la información del usuario transita entre dos responsables distintos, lo que aumenta los riesgos si no existen controles claros sobre el bloqueo, eliminación y reactivación de datos.
Para la especialista, una regulación insuficiente en este punto abriría la puerta a duplicidades, tratamientos indebidos o vulneraciones de privacidad. “Los operadores deben implementar medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas lo suficientemente robustas para evitar cualquier vulneración, especialmente porque México es el segundo país con más ciberataques en Latinoamérica.
Pero es poco alentador el panorama de protección de datos que pueden brindar los proveedores de telecomunicaciones”, dijo Martínez.
La portabilidad numérica es un mecanismo relevante entre los consumidores para probar nuevas opciones de telefonía, en un contexto en donde proliferan los Operadores Móviles Virtuales (OMV) que ofertan servicios más asequibles, respecto a las empresas tradicionales.
Además, la calidad del servicio de telefonía y la duración de los datos se han convertido en los dos grandes factores para que los usuarios decidan mantenerse en una empresa telefónica o migrar a una nueva.
Datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) destacan que a agosto de este año, 1.3 millones de mexicanos ejercieron su derecho a la portabilidad, mientras que en el mismo periodo de 2010, solo lo realizaban 818,000 suscriptores.
Desde 2008, los usuarios tienen la posibilidad de cambiar a una nueva compañía telefónica, sin embargo, el proceso era complicado e incluso se realizaba una portabilidad sin el consentimiento de los usuarios. Por ello, en 2014 el IFT aprobó nuevas reglas para que los operadores se comprometieran a respetar el cambio de compañía sin que los usuarios incluso perdieran su número telefónico.
Pero la llegada del registro de telefonía complicará el derecho a la portabilidad, regresando a 2008, cuando cambiar de empresa móvil era un reto.
México importó 694,000 toneladas de pollo estadounidense en 2024, pero solo exportó 5.7 toneladas por barreras sanitarias que el tratado sigue sin resolver.
La Unión Nacional de Avicultores (UNA), responsable de 98% de la producción nacional de pollo y huevo, afirma que el comercio con Estados Unidos opera bajo un fuerte desequilibrio que no responde a aranceles, sino a reglas sanitarias que bloquean la entrada de productos mexicanos, ante esto, piden cambios rumbo a la revisión del Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En un documento dirigido a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), la organización sostuvo que esta asimetría limita la integración productiva, distorsiona el mercado y reduce el potencial de dos proteínas esenciales para la alimentación en Norteamérica.
La UNA proyecta para 2025 una producción de 3.88 millones de toneladas de pollo y 3.15 millones de toneladas de huevo, con un crecimiento anual de 1.73%. El sector aporta 55.5% de las proteínas consumidas en México, una proporción que confirma su relevancia.
Su competitividad depende del acceso estable a maíz amarillo y soya de origen estadounidense, insumos que representan 55% del costo del pollo y 63% del huevo. La asociación reconoció que el Tratado garantiza estos flujos libres de aranceles, pero advirtió que ese equilibrio no se refleja en el comercio de productos terminados.
Barreras
Entre 2019 y 2024, México incrementó sus importaciones de pollo estadounidense de 567,864 toneladas a 694,096 toneladas. En contraste, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos fueron casi inexistentes: cerca de 5.7 toneladas en 2024, principalmente producto procesado.
La producción mexicana de huevo tampoco accede al mercado estadounidense, pese a la eliminación de aranceles bajo el T-MEC.
"A pesar de que el T-MEC/TLCAN preservó el comercio libre de aranceles de aves de corral y huevos entre México y Estados Unidos, los flujos comerciales reales son unilaterales: fuertes exportaciones estadounidenses a México y mínimas exportaciones mexicanas a Estados Unidos", resalta.
La UNA afirma que esta diferencia no surge de una falta de competitividad, sino de tres barreras: la ausencia de reconocimiento de zonas libres de enfermedades; la falta de equivalencia en los sistemas de inspección; y la inexistencia de plazos definidos para auditorías y certificaciones. Estas condiciones —señaló— impiden que el pollo y el huevo mexicanos entren al mercado estadounidense en condiciones similares a las de sus competidores.
La organización agrega que el enfoque sanitario estadounidense aplica restricciones amplias ante brotes localizados, sin considerar regiones que cumplen con medidas estrictas de bioseguridad y vigilancia. También la falta de equivalencia mantiene a México limitado a exportaciones procesadas, lo que anula cualquier posibilidad de competir en productos frescos.
A esto se suma que la falta de calendarios obligatorios para resoluciones técnicas dificulta cualquier planificación exportadora. De acuerdo con la UNA, estos elementos contradicen compromisos del tratado comercial que exigen regionalización basada en riesgo, proporcionalidad y transparencia.
Correcciones
Frente a este escenario, el sector avícola pone cuatro demandas sobre la mesa para corregir el desequilibrio. La primera solicita regionalización conforme al riesgo, con reconocimiento formal de zonas libres. La segunda pide una ruta clara y con plazos para obtener la equivalencia de los sistemas de inspección (FSIS).
La tercera exige tiempos obligatorios para decisiones del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) y FSIS. La cuarta llama a proteger el acceso científico a los insumos críticos —maíz amarillo y soya— que sostienen la asequibilidad del pollo y el huevo en México y Estados Unidos.
La UNA afirmó que estas medidas ampliarían el comercio en ambas direcciones, reforzarían la seguridad alimentaria norteamericana y reducirían la dependencia de proveedores externos. El documento concluye que el T-MEC ya contiene los principios adecuados, pero requiere que Estados Unidos los aplique con reciprocidad.
Reconocen el beneficio en EU
Desde la industria avícola de Estados Unidos se pide a la USTR asegurar la continuidad del T-MEC, un acuerdo que considera vital para su expansión en México y Canadá.
En sus comentarios oficiales, el USA Poultry and Egg Export Council (USAPEEC) recordó que representa a más de 230 empresas que concentran 95% de las exportaciones estadounidenses de pollo, pavo y huevo, un sector que supera los 5,800 millones de dólares al año.
México se consolidó como un mercado clave. En 2024 adquirió productos avícolas estadounidenses por casi 1,500 millones de dólares y compras de huevo que rondaron los 169 millones.
Ese año, México absorbió 22.5% de las exportaciones de pollo de Estados Unidos, 8.5% de las de huevo y 75.2% de las de pavo.
"El acceso libre de aranceles bajo el T-MEC ha hecho que el mercado mexicano sea indispensable para nuestra industria y ha contribuido a la creación de miles de empleos en Estados Unidos. Además, la mayoría de las exportaciones de pavo a México se destinan a un mayor procesamiento, lo que genera empleos en ambos lados de la frontera", destaca el USAPEEC.
Aunque la USAPEEC reconoce avances, también marcó un pero. El organismo advirtió que la apertura unilateral de México para importar pollo sin arancel desde cualquier país redujo la participación estadounidense de 95% en 2020 a 75.5% en 2024, una pérdida cercana a 250 millones de dólares para la industria.
“Desafortunadamente, nuestra industria ha tenido que lidiar con una mayor competencia en el mercado mexicano en los últimos años, ya que México ha otorgado acceso libre de aranceles a las importaciones de pollo de todos los orígenes desde 2021 como parte de las medidas antiinflacionarias en sectores alimentarios clave”, refiere.
Aun con ese desafío, la conclusión de la USAPEEC es clara. Los beneficios del T-MEC para la avicultura estadounidense alcanzan a toda la cadena de valor. No solo impulsan a las empresas que exportan carne de ave, también fortalecen múltiples industrias conectadas en los tres países.
Los aranceles a juguetes y plásticos asiáticos anticipan un encarecimiento en 2026. La industria prevé alzas de hasta 50% en precios, derivadas del aumento en insumos, menor competitividad y presiones en toda la cadena.
La industria juguetera mexicana entró en una nueva zona de turbulencia desde septiembre pasado, cuando la Secretaría de Economía presentó una propuesta para imponer aranceles de hasta 50% a productos asiáticos —incluidos los juguetes y materias primas como plásticos—. Esta semana, la iniciativa fue finalmente aprobada en la Cámara de Diputados y ahora espera su último aval en el Senado, aunque en el sector ya dan por hecho que entrará en vigor en 2026.
El golpe, anticipan los fabricantes, se reflejará en toda la cadena de valor. Los nuevos aranceles a las importaciones asiáticas apuntan a encarecer los juguetes hasta 20%, presionar márgenes, frenar inversiones y trasladar parte del impacto directamente al consumidor, en un mercado que depende de insumos importados para sostener su producción nacional.
El impacto no será homogéneo. Mientras sectores como el calzado y el textil celebran la medida por su alto contenido nacional, los fabricantes de juguetes advierten que su dependencia de insumos importados los deja en una posición especialmente vulnerable frente a este nuevo marco comercial.
El sobrepeso para los jugueteros no es menor. La Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (AMIJU) sostiene que el cambio en las reglas para importar plásticos y juguetes desde países de Asia sin acuerdo comercial con México encarece incluso a las mercancías de fabricación nacional. La razón es que no existe suficiente producción local de materias primas, particularmente plásticos, para abastecer las necesidades del sector. En ese vacío industrial se juega buena parte del encarecimiento que ya anticipan las empresas.
Miguel Ángel Martín, presidente de la AMIJU, explica que estas políticas sí representan un beneficio para algunos sectores, pero no para la industria juguetera, cuya cadena de valor está fuertemente anclada a Asia, especialmente a China. “Todo este esfuerzo que está presentando el gobierno federal está muy bien para unas empresas. Para la industria del calzado y para la industria textil es maravilloso porque básicamente 90% de su componentes y materias primas son fabricados en México”, dice.
Para el caso de los juguetes, la situación es opuesta. La industria depende de derivados del petróleo, electrónicos y componentes que no se producen en el país, lo que dificulta cualquier sustitución rápida de importaciones.
Martín subraya que, en el terreno de las poliolefinas —insumo clave para la fabricación de plásticos—, solo Pemex tiene facultades para producirlas en México. “Ningún particular está facultado para poner una refinería y la industria consume alrededor de ocho millones de toneladas de poliolefinas al año. Pemex antes producía y era autosuficiente, pero en la actualidad sólo produce dos millones de toneladas”, apunta Martín González.
El desbalance entre oferta nacional y demanda industrial obliga a mantener una fuerte dependencia del exterior. Esto se traduce en una mayor exposición a los aranceles que ahora se perfilan para 2026.
Dependencia estructural del plástico y los componentes
Las empresas trabajan con la Secretaría de Economía para sustituir importaciones, pero los retos van más allá del petróleo. Existen otros insumos críticos, como los chips de luz y sonido que incorporan los juguetes modernos, que tampoco se fabrican en México. En este entorno, la AMIJU advierte que la aplicación de un arancel de 17.7% para plásticos y de entre 25% y 50% para productos de países sin acuerdos comerciales coloca a la industria en clara desventaja frente a otros sectores productivos.
“Estamos totalmente de acuerdo en la política, pero para aquellos que sean autosuficientes y la industria del juguete no lo es. Los chips para un juguete no se fabrican en México. Tenemos que traerlos del extranjero de donde estén”, añade el dirigente empresarial.
El impacto no se quedará solo en los insumos. La AMIJU estima que el encarecimiento de los plásticos podría elevar hasta en 35% el precio de los juguetes fabricados en el país, presionando directamente el bolsillo de los consumidores a partir del próximo año.
A este escenario de mayores costos se suma un riesgo adicional: el freno a las inversiones. Para Miguel Ángel Martín, los aranceles colocan al sector en una desventaja competitiva justo cuando se abría una ventana de oportunidad por la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Inversiones en pausa y exportaciones en riesgo
En los últimos años, la industria juguetera había logrado atraer capital relevante. Se estima que se han realizado inversiones por alrededor de 900 millones de dólares en el país, impulsadas por la reconfiguración de las cadenas globales de suministro.
En 2022, Lego expandió su planta de Monterrey, Nuevo León, con una inversión de 507 millones de dólares. Estas instalaciones se convirtieron en las más grandes de la compañía a nivel mundial.
Ese mismo año, Mattel anunció una inversión superior a los 1,000 millones de pesos en su planta de Escobedo, Nuevo León, destinada a su expansión y modernización para fortalecer su estrategia de abastecimiento del mercado norteamericano, que representa el 50% de su volumen de ventas.
Con el nuevo giro en la política arancelaria, la industria advierte que México no solo podría recibir menos inversiones, sino que se difuminan las posibilidades de crecer las exportaciones hacia Estados Unidos, un mercado que consume alrededor de 40,000 millones de dólares al año en juguetes.
En plena guerra comercial, los fabricantes en México buscaban posicionarse como proveedores de grandes marcas para desplazar producción asiática. Ahora, ese objetivo se complica mientras los costos internos escalan.
“Si no ponen el piso parejo y nos suben los costos nos permiten ser competitivos, tanto para la demanda nacional, como para la demanda internacional que va a ser una mina por explotar.
De la cifra que consume Estados Unidos solo exportamos entre 1,200 y 1,500 millones de dólares, y ahora tenemos un campo tan disparejo que van a seguir ganando los asiáticos”, sentencia el presidente de la AMIJU.
Así, mientras el gobierno apuesta por reforzar la producción nacional mediante barreras arancelarias, la industria juguetera enfrenta un dilema estructural: producir más en México sin acceso suficiente a insumos locales o trasladar los mayores costosa los consumidores a partir de 2026. En ambos escenarios, el juego será más caro.
La UE ha logrado reducir su dependencia a los combustibles rusos, pero se ha convertido en el mayor importador de gas natural licuado.
La Unión Europea tomó una decisión que transformará el mapa energético definitivamente.
Los embajadores de los países de la Unión Europea han dado luz verde este miércoles al plan del bloque para eliminar progresivamente las importaciones de gas ruso para finales de 2027, según ha declarado un portavoz de la presidencia danesa de la UE, lo que despeja uno de los últimos obstáculos legales antes de que la prohibición pueda convertirse en ley.
La UE llegó la semana pasada a un acuerdo sobre una ley para cortar los lazos con Rusia, el que fuera el principal proveedor de gas de Europa, tras la invasión de Ucrania por Moscú en 2022.
El acuerdo señala que la UE pondrá fin a las importaciones de gas natural licuado ruso a finales de 2026 y de gas por gasoducto a finales de septiembre de 2027.
La prohibición del gas ruso aún debe aprobarse formalmente en una reunión de ministros de los países de la UE y por el Parlamento Europeo antes de convertirse en ley.
El Parlamento votará la próxima semana, mientras que se espera que los ministros de la UE aprueben formalmente la prohibición a principios del año próximo. Los responsables de la UE esperan que ambos aprueben el acuerdo con una cómoda mayoría, a pesar de la oposición de Hungría y Eslovaquia.
Del chantaje energético al divorcio definitivo
La prohibición de la exportación de gas es el resultado del consenso entre el Parlamento Europeo, que abogaba por una prohibición más rápida, y los 27 Estados miembros de la UE que solicitaban un poco más de tiempo. "Lo hemos logrado", dijo el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen.
"Cerramos el grifo del gas ruso por fin y de modo definitivo. Europa ha optado por la seguridad y la independencia energéticas. Nunca volveremos a nuestra peligrosa dependencia de Rusia. Nunca volveremos a la volatilidad de los suministros y a la manipulación del mercado. Nunca volveremos al chantaje energético ni a exponernos económicamente”, subrayó.
Rusia criticó de inmediato la decisión y aseguró que la medida "acelerará" el declive de la economía de la UE, ya que obligará al bloque a recurrir a alternativas más costosas.
En el caso del gas suministrado por gasoductos, la prohibición de los contratos a largo plazo, que a veces duran décadas, entrará en vigor el 30 de septiembre de 2027, siempre que las reservas de gas sean suficientes. Como muy tarde, se aplicará el 1 de noviembre de ese año.
En el caso del gas natural licuado (GNL), los contratos a largo plazo estarán prohibidos a partir del 1 de enero de 2027, anunció Von der Leyen.
Y en el caso de los contratos a corto plazo, la prohibición entrará en vigor el 25 de abril de 2026 para el GNL, y el 17 de junio del mismo año para el gas que llega por gasoducto.
Este calendario deberá ser ratificado por los Estados miembros de la UE y por el Parlamento.
Las empresas europeas podrán esgrimir la prohibición de la UE como un caso de "fuerza mayor" para justificar legalmente la ruptura de estos contratos.
Cómo Europa reinventó su seguridad energética
Desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, la Unión Europea redujo su dependencia de los combustibles fósiles provenientes de Rusia.
El gas natural es un insumo clave para la industria y para la vida cotidiana de los europeos. Este combustible se utiliza principalmente para la generación de electricidad, la calefacción doméstica y los procesos industriales. Alrededor del 30 % de los hogares de la UE se calientan con gas.