NOTICIAS DEL DÍA (10 DE DICIEMBRE DE 2025)

Sheinbaum busca más inversiones de la mano de un nuevo (y cercano) consejo empresarial.

Expertos consideran que la presidenta Claudia Sheinbaum prevé un 2026 complejo por lo que busca que el sector empresarial sea un aliado y cambiar una relación marcada por la tensión.

En el Salón Embajadores de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reunió a Carlos Slim, Bernardo Gómez, Francisco Cervantes, y una docena de empresarios más para proponer la creación de un Consejo Nacional de Inversiones, con el que se busca impulsar el desarrollo económico de México y hacer frente a un complicado 2026.

Al tener su Consejo Nacional de Inversiones, la presidenta quiere tener a empresarios en una posición más "pro país", explica el economista José Lavalle, catedrático de la Universidad Intercontinental.

"Efectivamente hay una atracción de los empresarios, no tanto como para volverse pro gobierno, sino que trabajar conjuntamente, para apoyar al país, y que las negociaciones sean en pro del país, con miras a a mejorar la situación económica tanto de las empresas como de los trabajadores y de la gente en general", indica.

Xóchitl Pimienta, profesora del Tecnológico de Monterrey, considera que este empujón por parte del gobierno muestra que se está leyendo un escenario complejo a unos meses de que se realice la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), una combinación que hace necesaria una estrategia para impulsar las inversiones

“Está leyendo bien el escenario político y económico que tenemos en el país… La economía se está desacelerando, la inversión fija viene cayendo, entonces es un reconocimiento explícito que hace el gobierno de que sin inversión privada, no va a haber ningún proyecto de transformación que aguante”, explica.

El Plan México anunciado por la presidenta Sheinbaum fue un buen arranque, pero se requiere de una alianza con los empresarios para atraer inversiones.

Un grupo empresarial aliado

En la fotografía junto a la presidenta además del dueño de Grupo Carso, el directivo de Televisa y el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, estaban personajes como José Antonio Fernández Garza (Femsa y Coca Cola Femsa), Carlos Hank González (Grupo Banorte), Alejandro Baillères Gual (Grupo Bal) y José Antonio Chedraui Eguía (Grupo Chedraui), así como Altagracia Gómez Sierra, quien será la coordinadora del Consejo.

De ellos, solo Francisco Cervantes no continuará en el Consejo, pues a su lugar en el CCE llega José Medina Mora, el expresidente de Coparmex.

Lavalle Montalvo considera que los líderes de cúpulas empresariales suelen no confrontarse con el gobierno, sin embargo, Medina Mora tiene un perfil más crítico que podría buscar que la voz de los empresarios sean escuchados.

“Todos los líderes empresariales siguen la línea del actual gobierno, pero cuidando sus intereses. Sin embargo, el nuevo líder de CCE es más más crítico, lo que pudiera equilibrar, la posición de los empresarios para un mejor acercamiento con la presidenta”, indica.

En su momento José Medina Mora aclaró que representaba una organización empresarial política, pero apartidista. Apenas este lunes hubo un primer acercamiento entre el nuevo presidente del CCE y la presidenta.

Una alianza necesaria y para bajar la tensión

Aunque el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una relación de colaboración con el sector empresarial, la tensión fue una constante.

La presidenta Sheinbaum, en cambio, optó por un acercamiento mayor con empresarios y empresarias, lo que –a decir de los especialistas– es acertado. “Venimos un sexenio de mucha tensión de la clase política con la clase empresarial, pero no podía seguir sobre todo si queremos aprovechar todavía la última ola de nearshoring que nos queda y llegar bien a la revisión de del Tratado de Libre Comercio, la presidenta necesita al sector empresarial sentada con ella en la mesa y no como espectador de lo las decisiones que vaya a tomar el gobierno”, agrega Pimienta.

A la presidenta Sheinbaum le ha tocado enfrentar un escenario complejo por las constantes amenazas del gobierno de Trump de imponer aranceles, sin embargo también por condiciones propias de México como la inseguridad, pero por decisiones políticas tomadas en el gobierno anterior.

“Entre las economías de Latinoamérica, la de México es la penúltima en crecimiento de su Producto Interno Bruto durante los últimos cuatro años y esto no es un asunto gratuito ni son las consecuencias de la pandemia", considera Marco Iván Vargas, analista político.

Detalla que el continente americano está tratando de levantarse, pero México esigue con porcentajes de crecimiento del PIB muy precarios y esto no necesariamente tiene que ver con la vecindad con Trump.

"Evidentemente, incide, pero no determina. Hay un conjunto de decisiones en materia de economía y política, que no se han estado haciendo correctamente”, dice.

Algunas de esas decisiones son la renovación del Poder Judicial por voto ciudadano lo que causó incertidumbre sobre el Estado de Derecho en el país.

El nuevo presidente del CCE comentó en una entrevista a El País que si bien el Poder Judicial no era perfecto, funcionaba bien la carrera meritocracia.

“Ahora tenemos jueces y magistrados electos y como ciudadanos, como sector empresarial, lo que tenemos que observar es que esos jueces y magistrados tomen sus sentencias conforme a la ley. En la medida que ocurra esto, se va a generar confianza y eso generará inversión”, sostuvo.

Otra decisión que no ha contribuido a incentivar las inversiones fue la política de seguridad que se resumió en “abrazos, no balazos” a los delincuentes, pues los inversionistas son más cautos de poner sus recursos y proyectos en un país donde no se garantiza la seguridad.

Otro elemento a considerar es la percepción de corrupción que prevalece en el país y que también frena la intención de invertir.

“Platiqué con un empresario que me decía ‘nunca como en este sexenio había tenido una percepción de corrupción como la tengo ahora’, estamos hablando de inversionistas que no están en la opinión pública, pero que ellos son los que están participando año con año con licitaciones, que dan los empleos, esa es una afectación que ya está ocurriendo”, agrega Vargas.

De acuerdo con el catedrático de la UIC, para que la cúpula empresarial pueda responder, requiere certeza. "La inversión requiere confianza, certidumbre, claridad, transparencia, eso es lo que necesita el empresario, pero hasta ahorita no se ve muy claro por dónde vaya a este a caminar el gobierno", dice.

Alcaldes fronterizos EU–México tienen seis demandas para la revisión del T-MEC.

Aseguran que la competitividad norteamericana depende de cadenas de suministro más resilientes e incentivos que atraigan producción a la frontera.

La Asociación de Alcaldes Fronterizos de Estados Unidos y México, que representa a más de 14 millones de habitantes y a los corredores donde cruza más de 40% del comercio bilateral, presentó un pliego de seis demandas rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En una carta dirigida a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), la asociación asegura que el acuerdo solo alcanzará su potencial si coloca a la frontera en el centro de su nueva etapa. En 2024 el flujo comercial entre ambos países alcanzó los 839,555 millones de dólares.

El documento está respaldado por autoridades de regiones como Texas, Nuevo México, Arizona, California, Chihuahua y Coahuila, puntos donde se concentra la mayor parte del comercio terrestre entre ambos países.

1.- Modernización de puertos de entrada

La primera petición se enfoca a la modernización integral de los puertos de entrada. Los alcaldes señalan que la infraestructura obsoleta, los retrasos y la falta de personal elevan los costos logísticos entre 15 y 20%.

Plantean un fondo trilateral de infraestructura, operaciones comerciales continuas 24/7, la adopción de tecnología de inspección y la creación de consejos binacionales para planear ampliaciones. Propusieron también metas públicas de tiempos de cruce y una expansión significativa del programa de Comercio Libre y Seguro (FAST) y el programa de Asociación Aduanera y Comercial contra el Terrorismo.

México y Estados Unidos comparten más de 50 puertos fronterizos entre puentes terrestres, fluviales y cruces peatonales. Son piezas clave para el comercio y el turismo, con nodos estratégicos en Tijuana-San Diego; Ciudad Juárez-El Paso; Nuevo Laredo-Laredo, y Matamoros-Brownsville.

2.- Colaboración ambiental

La segunda petición gira en torno al fortalecimiento de la cooperación ambiental. Las ciudades fronterizas enfrentan contaminación, desbordes de aguas residuales y emisiones asociadas al tránsito lento.

La asociación propone el lanzamiento del programa Border 2030 con financiamiento anual mínimo de 200 millones de dólares, obras urgentes en los sistemas de tratamiento de Tijuana, Ciudad Juárez y Nogales, así como la instalación de una red trinacional de monitoreo del aire y carriles verdes para vehículos de bajas emisiones.

3.- Logística mejorada

Los alcaldes destacan la necesidad de operaciones transfronterizas más ágiles, redes de transporte mejor integradas y procesos digitales que faciliten el comercio.

La propuesta incluye trámites aduaneros más simples con un manifiesto único, reglas de clasificación alineadas entre los tres países, un intercambio de datos más robusto entre agencias y capacitación continua para el personal encargado del procesamiento de mercancías.

4.- Participación local

La cuarta petición subraya la necesidad de incluir a los gobiernos locales en la gobernanza del T-MEC. Las ciudades fronterizas son responsables de la implementación cotidiana del acuerdo, pero no cuentan con canales formales de participación.

La asociación propone un Consejo de Alcaldes del T-MEC, la incorporación de autoridades locales en comités ambientales, laborales y de facilitación comercial, y la creación de zonas especiales de desarrollo económico con acceso más ágil a programas federales.

Se suma la solicitud de recursos específicos para fortalecer la planeación conjunta entre ciudades hermanas, sobre todo en transporte, uso de suelo y coordinación de infraestructura, especialmente en las comunidades fronterizas que son responsables del mayor volumen de comercio de bienes y servicios.

5.- Mejores condiciones laborales

Las disposiciones laborales reforzadas del T-MEC abren un margen real para elevar las condiciones de trabajo en América del Norte, siempre que exista una coordinación efectiva con autoridades locales y con los sectores productivos.

La propuesta impulsa programas de formación conjunta que reconozcan certificaciones en los tres países y que fortalezcan la disponibilidad de personal para las cadenas de suministro.

También incorpora apoyo técnico y recursos para que las autoridades apliquen de manera eficaz las leyes laborales y detecten violaciones que afectan los estándares del acuerdo. El objetivo se completa con canales accesibles para que los trabajadores expresen inquietudes sin temor a represalias, con el fin de consolidar un entorno laboral más seguro y equitativo en toda la región.

6.- Cadenas de sumnistro

Las disrupciones globales recientes confirmaron el valor estratégico de una cadena de suministro integrada en América del Norte y reforzaron la importancia del T-MEC para impulsar la producción regional. El enfoque de la Asociación pide un mapeo más preciso de los eslabones críticos mediante bases de datos compartidas que permitan identificar vulnerabilidades en los tres países.

Incluye incentivos para que las empresas establezcan plantas en zonas fronterizas y aprovechen su infraestructura y su mercado laboral. La agenda incorpora procesos aduaneros y de verificación más simples para facilitar el cumplimiento de las reglas de origen, sobre todo entre las pequeñas y medianas empresas.

Considera asistencia técnica en comunidades fronterizas para que las pequeñas y medianas empresas (pymes) entiendan las disposiciones del acuerdo y accedan a nuevas oportunidades de mercado.

En conjunto, las seis peticiones dibujan una misma ruta. Las ciudades que sostienen el mayor flujo comercial de América del Norte buscan un lugar real en la mesa donde se decide el futuro del T-MEC. Su mensaje apunta a una frontera que no solo administra el intercambio diario de mercancías, sino que define la competitividad de toda la región.

Sanidad, T-MEC y precios, el triple frente de la carne en 2026.

La suspensión de exportaciones por gusano barrenador golpeó al sector cárnico en 2025. La crisis deja costos millonarios, presiona precios internos y se perfila como tema clave rumbo al T-MEC.

La mañana en que Estados Unidos volvió a cerrar de forma temporal su frontera a la importación de reses vivas mexicanas, por un nuevo foco del gusano barrenador, los corrales del norte del país comenzaron a llenarse de animales que ya no podían cruzar. En el mercado, el impacto no fue inmediato, pero el ajuste terminó llegando al precio final de la carne.

Así transcurrió 2025 para la industria cárnica mexicana, entre controles sanitarios, bloqueos comerciales y un debate que ya se asoma hacia la renegociación del T-MEC en 2026.

La plaga del gusano barrenador no es un episodio menor. A más de un año de la detección del primer caso en el sureste mexicano, la emergencia no ha logrado erradicarse y se ha convertido en uno de los mayores retos sanitarios recientes para la ganadería nacional, con efectos directos sobre exportaciones, precios internos y la relación comercial con Estados Unidos.

México, Canadá y Estados Unidos conforman el segundo mayor mercado integrado del mundo, con un valor anual de 7.8 billones de dólares en mercancías comerciadas internacionalmente, de acuerdo con datos de Comecarne. Para el sector cárnico, esta integración ha sido un pilar para el desarrollo regional, la inversión en infraestructura sanitaria y el flujo constante de exportaciones hacia el mercado estadounidense.

Desde la industria se insiste en que la crisis deja más lecciones de cooperación que fricciones. “El gusano barrenador es un excelente ejemplo para cuando nos sentemos a la revisión del T-MEC, de que tenemos que fortalecer los temas de regionalización, que ya existen en la parte práctica, y se ve cómo se generan estructuras adecuadas para continuar el comercio”, dice Macarena Hernández, directora general del Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne).

Desde su perspectiva, la coordinación trinacional ha sido clave para contener una amenaza que no reconoce fronteras. “A todos nos interesa que las enfermedades no se diseminen”, dice Hernández, al subrayar que la experiencia con otras emergencias sanitarias ha demostrado que, con acuerdos vigentes, los tiempos de respuesta son más cortos.

El golpe sanitario y el freno a las exportaciones

El primer punto de quiebre llegó en noviembre de 2024, cuando se detectó una res infectada en un punto de revisión ubicado en Catazajá, Chiapas. A partir de ese momento, los gobiernos de México y Estados Unidos activaron mecanismos de cooperación para frenar la diseminación de la plaga, con el sureste del país como uno de los principales frentes de contención.

Como uno de los primeros pasos formales, en agosto de este año ambos países firmaron un plan de acción para el control del gusano barrenador, enfocado en controles de movilización de ganado, fortalecimiento de la vigilancia sanitaria y protocolos de importación más estrictos. El acuerdo incluyó un componente industrial clave: la construcción de una planta de moscas estériles en Chiapas, que se espera inicie operaciones en el primer semestre de 2026.

Del otro lado de la frontera, el gobierno estadounidense anunció la construcción de una fábrica similar en el sur de Texas, con una inversión de 750 millones de dólares, destinada a evitar que las larvas crucen hacia su territorio y afecten su propia industria ganadera. La estrategia binacional se sostiene en la liberación masiva de moscas estériles para romper el ciclo reproductivo de la plaga.

Pese a estos esfuerzos, la emergencia se mantuvo activa durante buena parte de 2025 y derivó en restricciones comerciales que golpearon directamente a los productores mexicanos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos detuvo de forma temporal la importación de reses vivas, lo que significó dejar de enviar un millón 186,000 cabezas de ganado.

Ese freno tuvo un valor económico inmediato. De acuerdo con cifras de Comecarne, el bloqueo representó un impacto de 1,552 millones de dólares en exportaciones no realizadas, una presión financiera directa para engordadores, transportistas y exportadores especializados en el mercado estadounidense.

Desde el organismo empresarial aseguran que, pese al tamaño del golpe, no ven trabas estructurales en la negociación del T-MEC ni un rompimiento en la relación comercial por esta crisis sanitaria. Por el contrario, destacan la cooperación como un activo que se ha fortalecido en medio de la emergencia.

La directora de Comecarne admite, sin embargo, que la plaga exhibió fragilidades en el sistema de vigilancia sanitaria del país. “Empezamos a ver cómo esta debilidad de los sistemas hoy de vigilancia, por los bajos recursos que se han inyectado a esta necesidad que debe de ser principal. Cada vez tiene menos recursos y pues eso nos pone más en riesgo”, señaló.

Aunque reconoce los esfuerzos conjuntos de ganaderos y autoridades, también advierte que los resultados no serán inmediatos. “Sabemos que se están haciendo esfuerzos con los ganaderos y con el gobierno para controlar y detener la enfermedad. Sin embargo, bueno, pues esto no va a ser a corto plazo”, añadió Hernández.

Presión de precios y riesgos hacia 2026

Mientras la exportación de ganado en pie se mantuvo intermitente, la presión se trasladó al mercado interno. La dependencia estructural del sector mexicano respecto al mercado estadounidense amplificó los efectos de los bloqueos y terminó por reflejarse en un ajuste gradual de precios al consumidor.

En paralelo, el consumo de carne en México avanzó 4.2% en 2025, impulsado por la mejora en el salario, los programas sociales y el efecto del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), que permitió contener parcialmente los precios de algunos alimentos básicos.

Ese equilibrio, sin embargo, podría romperse en 2026. La nueva nomenclatura del programa dejaría fuera del esquema de productos libres de arancel a la carne de res y pollo que ingresa desde países de Sudamérica, entre ellos Brasil, lo que eliminaría uno de los factores de contención de precios para estas proteínas.

“La carne de res y de cerdo deben permanecer en el PACIC para estabilizar el mercado cárnico nacional en 2026”, dijo Hernández. “El programa no solo influye en bajar los precios, tiene un efecto positivo en el resto de bienes que conforman el suministro de abasto cárnico en el país”, añadió.

De acuerdo con información de Comecarne, el ingreso de proteínas de res y pollo dependerá ahora de un mecanismo de cupos, con volúmenes limitados, lo que introduce un riesgo adicional de presión sobre los precios al consumidor, aunque aún no hay un estimado oficial del posible impacto.

Los datos ya muestran un entorno de encarecimiento. Entre enero y octubre de este año, el precio de la carne de res aumentó 15.1%, la de cerdo se elevó 9% y el pollo avanzó 7.4%, en un contexto donde la inflación general ha comenzado a moderarse, pero los alimentos siguen mostrando rigidez a la baja.

“El programa para enfrentar la inflación ha sido efectivo y se debe considerar para volver a normalizar el mercado, puesto que en este 2025 hemos tenido alzas significativas, alzas importantes en lo que es esta cadena cárnica”, dijo Macarena Hernández.

Smartphones comprados en el mercado gris, un regalo riesgoso para Navidad.

La búsqueda de smartphones hasta 30% más baratos impulsa su compra en plataformas digitales, pero también incrementa los riesgos de adquirir equipos no homologados y vulnerables.

Diciembre es el mes en que los teléfonos móviles se convierten en uno de los regalos más buscados en México. Las compras se disparan en plataformas digitales, impulsadas por descuentos de temporada y por la necesidad de ajustar el gasto en un contexto de inflación todavía presente en los bolsillos de los consumidores.

Al menos tres de cada diez mexicanos buscan adquirir un smartphone como obsequio a través de canales digitales, atraídos por precios que pueden ser hasta 30% más bajos frente a tiendas departamentales y puntos de venta de los operadores, de acuerdo con datos de la consultora The Ciu.

Ese diferencial de precio ha convertido al comercio electrónico en un imán para los compradores de fin de año, pero también en la principal puerta de entrada del mercado gris de celulares, un segmento que crece al margen de los canales oficiales de distribución.

Se trata de dispositivos que ingresan al país por vías no autorizadas y que no necesariamente cumplen con las disposiciones técnicas exigidas para operar correctamente en las redes de telecomunicaciones nacionales, lo que abre la puerta a fallas desde el primer encendido.

El atractivo del precio frente a los riesgos técnicos

Los riesgos van más allá de una simple mala cobertura. La American Chamber of Commerce of Mexico advirtió en su reporte “Piratería, diagnóstico empresarial” que estos dispositivos pueden generar problemas de conectividad, carecer de garantía, presentar riesgos eléctricos y quedar expuestos a vulnerabilidades de ciberseguridad.

Pese a estas advertencias, en México se estima que este tipo de teléfonos alcance una participación de mercado de 3%. El crecimiento se explica por un entorno de inflación desacelerada, pero con ingresos aún presionados, que vuelve más atractiva la opción de adquirir equipos más baratos, aunque ello implique renunciar a certidumbre técnica y legal.

El canal digital ha sido clave para esa expansión. De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), la compra de teléfonos se ubica como el sexto artículo más consumido en plataformas de comercio electrónico.

Este mayor flujo de operaciones en línea ha ampliado también la exposición de los consumidores a dispositivos que no cumplen con los estándares de homologación, sobre todo en temporadas de alta demanda como el cierre de año.

A ese escenario se suma un vacío regulatorio que ha dejado sin un freno efectivo a este mercado. Antes de ser extinguido, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) impulsó la creación de un sello que acreditaría el cumplimiento de los estándares técnicos y el funcionamiento óptimo de las terminales móviles.

Ese distintivo debía entrar en vigor el 1 de julio de este año, pero los cambios de política pública en el sector obligaron al exregulador a aplazar su implementación hasta el 1 de julio de 2027, abriendo un periodo de indefinición que hoy es aprovechado por los distribuidores de equipos no homologados.

Vacío regulatorio, bloqueos y una nueva autoridad en puerta

Ahora la responsabilidad recae en la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que deberá decidir si retoma el esquema del sello o si adopta un mecanismo distinto para ordenar el mercado de dispositivos móviles en el país.

Para Jorge Moreno Loza, abogado especializado en telecomunicaciones, la falta de reglas claras eleva el riesgo de que los usuarios enfrenten fallas graves de conectividad. “Sin la especificación es probable que más usuarios queden desconectados, ya que mantienen su apuesta por adquirir dispositivos móviles por canales no oficiales por ser más asequibles, respecto a los centros de distribución autorizados”, afirmó.

El problema no es solo técnico. En el último año, algunos fabricantes comenzaron a bloquear equipos identificados como grises. Moreno Loza recordó que “como pasó el año pasado, cuando empresas como Samsung inhabilitó algunos teléfonos y Motorola advirtió que haría lo mismo”.

En su opinión, el instrumento diseñado por el regulador era una pieza central para ordenar el mercado. “El sello IFT era un modelo que daría certeza al manejo de los equipos, y desplazar del mercado aquellas terminales no compatibles con las redes del país”, dijo el especialista.

Desde la perspectiva empresarial, la falta de control también agrava el problema de la piratería digital. La American Chamber of Commerce of Mexico alertó que “la piratería digital ha crecido significativamente, 91% de las empresas reporta haber detectado productos apócrifos en canales de comercio electrónico, superando con creces al comercio informal físico (72%) y al formal (63%)”.

Ante la ausencia de una regulación activa, la organización considera necesario desplegar campañas de información al consumidor sobre los riesgos de adquirir equipos no homologados, así como reforzar la exigencia de certificados en aduanas y puntos de ingreso al país.

El debate, sin embargo, no está exento de matices. Para Rolando Alamilla, especialista independiente en telecomunicaciones, la compra de dispositivos por vías digitales no debe prohibirse ni catalogarse como comercio ilegal, ya que ello afectaría a un número considerable de consumidores.

En lugar de restricciones, el analista plantea que la nueva autoridad retome el esquema de certificación como vía de ordenamiento. “Debe privilegiarse la libertad del consumidor para adquirir dispositivos donde prefiera, siempre que se garantice que no se trate de teléfonos ingresados de manera ilegal al país”, afirmó.