NOTICIAS DEL DÍA (08 DE SEPTIEMBRE DE 2025)

México explora reexportar gas estadounidense a Asia entre oportunidades fiscales y riesgos energéticos.

La reexportación de gas desde Estados Unidos abre oportunidades fiscales e infraestructura, pero también presión sobre precios eléctricos y mayor vulnerabilidad energética.

México comienza a figurar en el mapa global del gas natural licuado no como productor, sino como plataforma logística. En distintos puntos del país se alistan proyectos de reexportación de gas que llegará desde Estados Unidos por gasoductos, se transformará en estado líquido en terminales de licuefacción y se enviará por vía marítima a otros mercados, principalmente Asia.

La lógica de negocio se apoya en la ubicación geográfica, la creciente demanda asiática de GNL y la abundancia de gas estadounidense. Para México, el papel sería el de un eslabón intermedio en la cadena, con inversiones en infraestructura, operación de terminales y servicios asociados.

El interés por este modelo ha ido en aumento, pero también ha abierto un debate sobre su conveniencia económica, social y ambiental. El Natural Resource Governance Institute analizó recientemente estos proyectos en el estudio México como reexportador de gas natural estadounidense’, donde expone beneficios potenciales y riesgos relevantes.

Beneficios económicos y de infraestructura

En el lado positivo, los proyectos de reexportación implicarían inversión privada, ingresos fiscales y desarrollo de infraestructura energética. Las terminales de GNL, los gasoductos y las instalaciones portuarias ampliarían la capacidad del sistema energético nacional y reforzarían la conectividad con los mercados internacionales.

Desde la perspectiva fiscal, el análisis de NRGI señala que “los operadores de terminales de GNL en México pagarían al gobierno federal impuesto sobre la renta (ISR), impuestos sobre nóminas, derechos portuarios y de procesamiento de gas, así como cuotas únicas por permisos y trámites aduaneros. Los gobiernos estatales y municipales podrían cobrar sus propias cuotas, especialmente por permisos e impuestos prediales”.

Sin embargo, la magnitud de esos ingresos es incierta. “No obstante, es difícil predecir montos específicos, ya que el gobierno federal no ha revelado, ni siquiera de forma general, cuánto espera obtener de las reexportaciones”, expone el documento.

Otro beneficio potencial recaería en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La empresa podría obtener ingresos al suministrar el gas natural que hoy importa desde Estados Unidos a las terminales de licuefacción, aunque se trata de flujos todavía no garantizados.

La CFE ha señalado que, de abastecer al proyecto Altamira FLNG 1 mediante su gasoducto marino Sur de Texas-Tuxpan, podría lograr ganancias de hasta 500 millones de dólares en un periodo de 15 años, una de las cifras más citadas a favor del esquema.

La generación de empleos aparece como otro incentivo, aunque con un alcance limitado. Las terminales de GNL no requieren grandes plantillas de personal en su etapa operativa, por lo que el impacto laboral se concentraría principalmente durante la construcción.

El desarrollo de infraestructura, particularmente de gasoductos, resulta atractivo para el país al ofrecer mayor flexibilidad y capacidad en el sistema de transporte de gas. No obstante, estos proyectos suelen enfrentar retos ambientales y sociales que complican su ejecución.

El contexto energético de México añade complejidad. El país es deficitario en producción de gas natural y depende de importaciones de entre 60 y 70% del consumo nacional, que proviene mayoritariamente de Estados Unidos.

La caída en la producción de hidrocarburos tras el declive de Cantarell redujo la disponibilidad de gas nacional y limitó la estrategia de llevar la molécula a nuevas regiones para impulsar industria y generación eléctrica.

Riesgos energéticos, ambientales y sociales

Desde esta perspectiva, uno de los principales riesgos de la reexportación es profundizar la dependencia del gas estadounidense. En un entorno donde el consumo interno ya representa un desafío para la seguridad energética, cualquier contingencia que eleve precios o reduzca disponibilidad tendría efectos directos en México.

A ello se suma el impacto potencial en los costos de la electricidad. “Diversos análisis del gobierno estadounidense y también independientes han advertido que expandir las exportaciones de GNL, ya sea desde Estados Unidos o México, elevará los precios del gas y la electricidad a ambos lados de la frontera”, advierte el estudio.

El texto añade que “un conjunto complejo de factores, con fuertes variaciones regionales y temporales, ya está impulsando al alza los precios de la electricidad en Estados Unidos, siendo los costos del gas natural una parte clave de la ecuación”.

Los impactos climáticos constituyen otro frente de oposición. Aunque el gas natural emite menos que otros combustibles fósiles, no deja de ser contaminante, especialmente si se considera la cadena completa de transporte, licuefacción y envío transoceánico.

NRGI también subraya riesgos sociales y ambientales a nivel local. “En México también han alertado sobre los posibles impactos locales de los proyectos de reexportación. Algunos prevén despojo de tierras y un agravamiento de los conflictos sociales alrededor de las nuevas terminales de GNL, incluso en comunidades indígenas y vulnerables”.

El instituto advierte además que “el tráfico de buques de GNL podría dañar a ballenas migratorias y otras especies marinas en peligro de extinción en áreas ecológicamente sensibles como el Golfo de California, así como alterar las industrias del ecoturismo y la pesca comercial, que ya enfrentan dificultades”.

En términos de avance, de los 15 proyectos de reexportación de gas natural contemplados en México, solo uno se encuentra en operación: Altamira FLNG 1, de New Fortress Energy. Energía Costa Azul, de Sempra, está en construcción y se prevé que entre en operación en 2026.

El resto de los proyectos aún no cuenta con decisiones finales de inversión y algunos, como Saguaro, ya enfrentan litigios que buscan frenar su desarrollo. Para NRGI, aunque estas iniciativas podrían revitalizar infraestructura y economías locales, los efectos negativos podrían superar los beneficios, por lo que el país requiere un debate más amplio antes de consolidarse como reexportador de gas natural.

Los retos para las stablecoins; Banxico advierte de riesgos para el sistema financiero.

Banxico dijo que aunque se genera más eficiencia de algunas transacciones y reducción en costos, advirtió de la importancia de evitar que una mala regulación impacte en la estabilidad financiera.

El mercado de las stablecoins urge una homologación regulatoria a nivel mundial para evitar riesgos para el sistema financiero, advirtió Banco de México (Banxico).

En un reporte llamado "Stablecoins, agenda regulatoria internacional para activos virtuales y riesgos y repercusiones", el banco central destacó que, a pesar de que las stablecoins se utilizan como un puente entre monedas fiduciarias como el dólar o el euro y los activos virtuales, hay retos regulatorios que se deben trabajar.

Las stablecoins o monedas estables son activos virtuales diseñados para mantener su valor al estar ligados a una moneda de curso legal; el objetivo también es mitigar la alta volatilidad que caracteriza a los activos virtuales y la baja liquidez.

El mercado de las monedas estables ha crecido en los últimos años: mientras que en 2021 el mercado era de aproximadamente 149,000 millones de dólares, para noviembre de este año el mercado se incrementó a más de 300,000 millones.

Las monedas estables más utilizadas son el Tether (USDT) y la moneda estable del dólar (USDC) quienes en conjunto acumulan el 86% del mercado de las stablecoins.

Con este acelerado crecimiento y adopción, Banxico identifica que países y organismos internacionales han acelerado sus marcos regulatorios que otorguen certeza jurídica. Entre las iniciativas más relevantes destacan la Regulación de Mercados de Criptoactivos (MiCA, por sus siglas en inglés) en la Unión Europea y la Ley para Guiar y Establecer la Innovación Nacional para Stablecoins de Estados Unidos (GENIUS, por sus siglas en inglés).

"Aunque ambas comparten objetivos comunes y presentan similitudes, tienen matices distintos, lo que podría derivar en asimetrías e incentivar el arbitraje regulatorio", destacó el reporte.

Además, en 2023, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia publicó dos marcos complementarios que incluyen las recomendaciones de alto nivel para la regulación y supervisión de actividades de cripto-activos; y otras equivalentes para las stablecoins globales.

Para Banxico, las stablecoins presentan vulnerabilidades comparables a las de los fondos de mercado de dinero, particularmente en contextos de pérdida de confianza o episodios de tensión en los mercados financieros.

Recortes a salarios y prestaciones afectan la autonomía judicial, alertan trabajadores y jueces.

Francisco Javier López, del Colegio de Secretarios y Actuarios del Poder Judicial, sostuvo que por el momento todas las prestaciones de los trabajadores están aseguradas.

Juzgadores y trabajadores judiciales advirtieron que la reducción de las percepciones de 800 personas en funciones –concretado en este diciembre– afecta la impartición de justicia y es un ataque a la independencia judicial.

Además denuncian que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) instruyó de forma indebida la revocación de suspensiones de amparo que mantenían a salvo los salarios y prestaciones de los juzgadores.

En septiembre pasado, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) emitió un Tabulador General de Sueldos para el Tribunal de Disciplina Judicial y el mismo OAJ –organismos de nueva creación– y modificó los Tabuladores de la SCJN y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el periodo de septiembre a diciembre.

Los cambios ajustaron a la baja los salarios y prestaciones de los juzgadores al reducir la percepción ordinaria quincenal, eliminaron el seguro colectivo de retiro y el de separación individualizada, además de la prima vacacional. La reducción en las percepciones implicaría la disminución de un 20% hasta casi un 40%.

Ese mismo mes la rebaja pudo aplicarse a los ministros de la SCJN, e incluso la ministra Loretta Ortiz, quien llegó a la Corte en diciembre de 2021 y fue electa para un nuevo periodo en junio pasado, cuestionó la medida.

En esa ocasión declaró en entrevista radiofónica que la rebaja salarial sería tan “fuerte” que ganará sólo 27,000 pesos más que su secretaria particular, cuando las responsabilidades son más grandes.

Ese ajuste no pudo aplicarse a magistrados y jueces, que previamente habían interpuesto amparos contra la reforma judicial para oponerse a la reducción de sus percepciones.

La reforma al Poder Judicial –vigente desde septiembre de 2024– además de establecer la elección de juzgadores en urnas, impuso un tope a los salarios de ministros, jueces y magistrados.

En el artículo 94 de la Constitución detalla que la percepción “no podrá ser mayor a la establecida para la persona titular de la Presidencia”. Sin embargo, se mantuvo un candado para que la percepción no sea "disminuida durante su encargo”, apartado que con la decisión de bajar las percepciones de jueces y magistrados se vulneraría.

Se presentaron más de 500 amparos de juzgadores en funciones, sin embargo en noviembre pasado el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, instruyó a los titulares de juzgados que habían dictado suspensiones de amparo para que no se aplicaran esos recortes, a revocar esas medidas.

El sustento para la instrucción del ministro habría sido una sentencia de la “vieja” Corte emitida en noviembre de 2024 –cuando finalmente se validó la reforma judicial– y la aprobación de un criterio en febrero pasado por el que los jueces no tienen competencia en materia electoral.

En esas sentencias, la SCJN instruyó a los jueces a revisar si las suspensiones que habían otorgado estaba en litigio la materia electoral, caso en el que no procedían medidas cautelares. Sin embargo, en el caso de los sueldos y prestaciones de juzgadores, el ministro presidente de la SCJN ordenó revocar automáticamente toda suspensión que había sido decretada, aunque no estaba de por medio la materia electoral.

El juez Juan Pablo Barrios Oliva, del segundo tribunal laboral federal, explicó en redes sociales que esta decisión del presidente de la Corte no estuvo apegada a derecho y señaló que así como con la reducción de percepciones de jueces y magistrados, es un muestra de ataque a la independencia judicial.

“Eso también va contra la independencia porque es una orden directa de revocar una determinación judicial, cuando existen recursos para ello y en este momento muchos de los casos ya se agotaron, y los Tribunales Colegiados ya emitieron una decisión firme que no puede ser cambiada ni siquiera por el pleno de la SCJN, mucho menos sólo por su presidente.

El juez explicó que para revertir las decisiones de los jueces eran posibles una queja o un recurso de revisión, pero no la orden del ministro presidente. Además, si bien la Corte puede emitir criterios o atraer los casos y resolverlos, como ya lo hizo y se analizará el fondo, no era posible levantar las suspensiones con una instrucción como lo hizo el presidente Aguilar.

¿Qué pasa con los salarios de los trabajadores judiciales?

Francisco Javier López, del Colegio de Secretarios y Actuarios del Poder Judicial, reconoció que el año cierra sin recortes a sus percepciones, pero lo que más preocupa a los trabajadores es el ajuste a los juzgadores, pues atenta contra la impartición de justicia y esto también les afecta, como profesionales del derecho que son.

“Por el momento quedan aseguradas todas las prestaciones de los trabajadores. Lo que se logró pactar con el sindicato es que no se reduzca ninguna”, dijo y aseguró que eso deberá confirmarse a la firma de las condiciones generales de trabajo para 2026.

Aun sin recortes a las percepciones de secretarios y actuarios, informó que el rezago salarial ya es de 36.37%. “Llevamos 8 años sin el menor incremento a nuestro salario. Un solo peso no se nos ha subido”, comentó. Aun cuando el asunto salarial no es ya una preocupación inmediata, López indicó que ven con "mucha preocupación" esta reducción al sueldo de los juzgadores.

"Es claramente un ataque a la independencia judicial, es una forma de controlar a la judicatura a través de sus remuneraciones”, dijo.

Explicó que ahora solo queda el camino de instancias internacionales y recordó que hay juicios pendientes a nivel internacional que podrían tardar meses o años y aún está por verse la respuesta que en su caso dé el Estado mexicano.

La afectación a la autonomía judicial

La reducción en los salarios y en las prestaciones de los juzgadores afecta la garantía de independencia judicial, establecidas en la Constitución y tratados internacionales, sostiene la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, encabezada por la jueza Juana Fuentes.

“La independencia judicial se sostiene en tres elementos: estabilidad en el cargo, garantías contra presiones externas y remuneraciones adecuadas e inamovibles. Ninguno de esos elementos es ornamental. Todos son componentes esenciales para que quienes juzgan puedan decidir los asuntos conforme a derecho, sin miedo a represalias económicas, administrativas o políticas”, detalló.

Sin embargo, el organismo alertó que con la elección judicial, y ahora con un posible recorte a sus prestaciones y percepciones, se afectan los principios de inamovilidad, estabilidad en el cargo e irreductibilidad salarial.

“Un juez cuya remuneración puede ser recortada a voluntad del poder político es un juez expuesto, vulnerable, condicionado. Reducir su ingreso no lo afecta solo a él: envía un mensaje inequívoco de subordinación”, alertó la jueza Yasmín Murillo Meza.

“La protección al salario de los jueces es uno de los pilares técnicos de a independencia judicial, reconocido en tratados internacionales. Reducirlo no es austeridad, es una acción concreta para completar el sometimiento de los jueces al poder político”, expuso el magistrado en retiro Osiris Cedeño.

Defendió que con una remuneración adecuada, se reducen incentivos perversos como “presiones, capturas, corrupción o fuga de talento”.

Para el juez Juan Pablo Barrios Oliva, los reclamos no son una defensa por privilegios, e indicó que se presume que en breve también se aplicará el recorte a secretarios de juzgados y actuarios, con lo cual se modificarían indebidamente las condiciones generales de trabajo, mismas que no deben ser cambiadas unilateralmente por el patrón.

“Defender la irreductibilidad salarial no es defender dinero. Es defender que un juez pueda decirle 'no' al poder sin preguntarse cuánto le va a costar. Cuando la justicia empieza a depender de la nómina, deja de ser independiente y se vuelve obediente”, planteó el abogado José Mario Meza, quien encabeza Perteneces, asociación civil en defensa de los derechos humanos.

Presión de Trump sobre Venezuela incrementa: Estados Unidos vuelve a interceptar otro buque petrolero.

Desde la primera incautación, las exportaciones de crudo venezolano han disminuido drásticamente. China es el mayor comprador, que representa aproximadamente el 4% de sus importaciones.

Estados Unidos incautó un buque petrolero en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela, informó la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, en una publicación en 𝕏.

"Estados Unidos seguirá persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región", escribió Noem. La Guardia Costera estadounidense detuvo el buque antes del amanecer con el apoyo del Pentágono, añadió.

La operación ocurrió pocos días después de que el presidente estadounidense , Donald Trump, anunció un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen del país sudamericano.

Esto marcaría la segunda vez en las últimas semanas que Estados Unidos ha incautado un petrolero cerca de Venezuela y se produce en medio de una gran acumulación militar estadounidense en la región.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, no dijeron dónde se estaba llevando a cabo la operación, pero añadieron que la Guardia Costera estaba al mando.

La Guardia Costera y el Pentágono remitieron las preguntas a la Casa Blanca, que no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. El Ministerio de Petróleo de Venezuela y la petrolera estatal PDVSA no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

"Estoy ordenando UN BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO DE TODOS LOS PETROLEROS SANCIONADOS que entran y salen de Venezuela", dijo Trump el martes.

En los días transcurridos desde que las fuerzas estadounidenses se apoderaron de un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela la semana pasada, ha habido un embargo efectivo en vigor, con buques cargados que transportan millones de barriles de petróleo que permanecen en aguas venezolanas en lugar de arriesgarse a ser incautados.

Desde la primera incautación, las exportaciones de crudo venezolano han disminuido drásticamente.

Aunque muchos buques que recogen petróleo en Venezuela están sometidos a sanciones, otros que transportan petróleo del país y crudo de Irán y Rusia no han sido sancionados, y algunas empresas, en particular la estadounidense Chevron CVX.N, transportan petróleo venezolano en sus propios buques autorizados.

Por ahora, el mercado está bien abastecido y hay millones de barriles de crudo en petroleros frente a las costas de China a la espera de ser descargados. Si el embargo se mantiene durante algún tiempo, es probable que la pérdida de casi un millón de barriles diarios de suministro de crudo haga subir los precios del petróleo.

Desde que Estados Unidos impuso sanciones energéticas a Venezuela en 2019, los comerciantes y refinadores que compran petróleo venezolano han recurrido a una "flota en la sombra" de petroleros que camuflan su ubicación y a buques sancionados por transportar petróleo iraní o ruso.

La "flota en la sombra" se considera expuesta a posibles medidas punitivas por parte de Estados Unidos, según han señalado analistas navieros. Hasta esta semana, de los más de 70 petroleros en aguas venezolanas que forman parte de la flota en la sombra, alrededor de 38 están bajo sanciones del Tesoro estadounidense, según datos de TankerTrackers.com. De ellos, al menos 15 están cargados con crudo y combustible, añadió.

La campaña de presión de Trump sobre Maduro ha incluido un aumento de la presencia militar en la región y más de dos docenas de ataques militares contra buques en el Océano Pacífico y el mar Caribe cerca de Venezuela, que han matado al menos a 100 personas.

Trump también ha dicho que pronto comenzarán los ataques terrestres de Estados Unidos contra el país sudamericano.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciado que la concentración militar estadounidense tiene como objetivo derrocarlo y hacerse con el control de los recursos petroleros de la nación miembro de la OPEP, que son las mayores reservas de crudo del mundo.