
El giro hacia Venezuela abre una interrogante: si su crudo puede regresar con volumen y calidad suficientes, y si Petróleos Mexicanos podrá sostener su papel en un entorno donde la geopolítica se mueve.
La detención de Nicolás Maduro a inicios de 2026 volvió a colocar al petróleo venezolano en el radar internacional. No por un repunte inmediato en la producción, sino porque el episodio reactivó el interés estratégico de Estados Unidos en un país que concentra las mayores reservas probadas de crudo del mundo.
Venezuela posee 303,200 millones de barriles de reservas, una cifra que la coloca por encima de Arabia Saudita y muy lejos de cualquier otro productor. Sin embargo, esa abundancia contrasta con una industria petrolera deteriorada, cuya producción apenas ronda un millón de barriles diarios.
Donald Trump insistió en que el deterioro del sector energético ha sido uno de los principales lastres del país sudamericano. “Como todos saben, el negocio petrolero en Venezuela ha sido un fracaso, un fracaso total, durante mucho tiempo. No estaban extrayendo casi nada, en comparación con lo que podrían haber extraído y lo que podría haber sucedido”, aseguró durante la conferencia de prensa para explicar los detalles de la operación militar.
Antes del año 2000, el país sudamericano llegó a extraer más de 3 millones de barriles diarios. En los años más críticos del colapso, la producción se desplomó hasta niveles de 500,000 o 600,000 barriles por día, reflejo del deterioro operativo y financiero de su sector energético.
El debilitamiento de Petróleos de Venezuela (PDVSA) es resultado de una combinación de factores: desinversión, mala gestión, pérdida de talento técnico, infraestructura obsoleta y sanciones internacionales que han restringido la exportación formal de su crudo.
Durante los años noventa, la industria venezolana vivió su último gran auge gracias a la apertura al capital extranjero. Empresas estadounidenses como ExxonMobil y ConocoPhillips desarrollaron proyectos que elevaron la producción a niveles históricos.
Ese esquema cambió radicalmente en 2007, cuando el gobierno de Hugo Chávez expropió los principales proyectos petroleros. Las compañías se negaron a ceder el control total al Estado, abandonaron el país y promovieron arbitrajes internacionales que, aunque fallados a su favor, siguen sin resolverse plenamente en términos de pago.
Chevron es la única empresa internacional que mantiene operaciones relevantes en Venezuela, bajo un modelo en el que se le paga con parte de la producción. Ese esquema refleja tanto la falta de liquidez del país como la fragilidad de su aparato petrolero.
El interés de Estados Unidos no es menor. Donald Trump ha señalado públicamente su intención de que empresas estadounidenses inviertan miles de millones de dólares para rescatar la industria petrolera venezolana y elevar su producción.
"Nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, invertirán miles de millones de dólares para reparar la infraestructura petrolera, que está en muy mal estado, y comenzar a generar ingresos para el país”, declaró Trump.
El papel de Estados Unidos
Estados Unidos es hoy el mayor productor de petróleo del mundo, por delante de Arabia Saudita y Rusia. Sin embargo, en términos de reservas ocupa apenas el noveno lugar, con 74,400 millones de barriles, una brecha significativa frente al potencial venezolano.
Aun con su liderazgo productivo, Estados Unidos sigue importando crudo, principalmente de Canadá y México. Un acceso estable al petróleo venezolano modificaría esa ecuación y ampliaría su margen de influencia geopolítica.

De concretarse una recuperación sostenida de la producción venezolana bajo influencia estadounidense, el impacto iría más allá del comercio bilateral. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus Aliados (OPEP+) perdería capacidad para influir en los precios mediante recortes de producción.
Una mayor oferta global también presionaría los precios a la baja, lo que limitaría nuevas inversiones en exploración y desarrollo en distintas regiones del mundo.
¿Qué hay con México?
México observa este escenario desde una posición distinta. El país atraviesa una etapa de ajuste tras el declive del yacimiento Cantarell, que llegó a aportar hasta 2 millones de barriles diarios dentro de una producción nacional que alcanzó los 3 millones.
La reforma energética de 2013 y las Rondas Petroleras buscaron compensar esa caída con inversión privada. Sin embargo, los descubrimientos realizados no fueron suficientes para sustituir el volumen perdido.
Reducir las exportaciones de crudo y destinar más petróleo a las refinerías nacionales tuvo efectos en los ingresos. Aunque el petróleo sigue siendo relevante para las finanzas públicas, la menor producción y la caída de exportaciones han limitado la disponibilidad de recursos para inversión y mantenimiento.
México produce alrededor de 1.4 millones de barriles diarios de crudo, o 1.6 millones si se incluyen los condensados. Poco más de 500,000 barriles se exportan, siendo Estados Unidos el principal destino.
Esa relación comercial mantiene al crudo mexicano como un insumo relevante para las refinerías estadounidenses, aunque no exento de retos. A principios de 2025, por ejemplo, compradores estadounidenses reclamaron por la presencia de agua y sales minerales en algunos cargamentos de Pemex, al considerar que esos niveles incumplían especificaciones de calidad y afectaban los procesos de refinación.
Aunque el gobierno mexicano y Pemex señalaron que se trató de un fenómeno normal y coyuntural, con mecanismos técnicos para su tratamiento, el episodio dejó al descubierto un riesgo reputacional en el principal mercado de exportación de México.
¿Cuál es el riesgo real?
Pese al ruido político, los especialistas coinciden en que no habrá efectos inmediatos. La industria petrolera no toma decisiones de inversión sin un marco legal claro, estabilidad política y precios que justifiquen proyectos de largo plazo.
Óscar Ocampo, director de desarrollo económico del IMCO, advirtió en entrevista que el cambio en Venezuela tomará tiempo. “Creo que ahorita no se ve tan atractivo, esperar una ola de inversiones y un auge petrolero de Venezuela no lo veo en este momento, va a tomar tiempo. La infraestructura de Venezuela es obsoleta y por eso no veo en el corto plazo un auge en la producción, ni siquiera en las inversiones”.
Gonzalo Monroy, socio director de la consultora GMEC, señaló que el mercado no ha reaccionado. “Todo esto, más allá del polvo, no va a afectar en absolutamente nada en el corto plazo, necesitamos que haya cambios reales en la oferta y demanda del petróleo para ver un impacto”, dijo.
Mientras no exista certeza jurídica, un nuevo equilibrio político y condiciones económicas favorables, el crudo venezolano seguirá siendo una promesa lejana para Estados Unidos. En ese lapso, el petróleo mexicano seguirá siendo una alternativa para las refinerías estadounidenses, aunque bajo presión por volumen, calidad e ingresos fiscales.

Aunque Canadá tiene un peso reducido en el comercio de México, con solo 2% de las importaciones y 3.3% de las exportaciones, las preocupaciones sectoriales relucen en la revisión del tratado.
La revisión conjunta del acuerdo comercial de América del Norte ya llegó, y dos de las principales voces empresariales del oeste de Canadá colocan a México en el centro del debate.
Tanto la Cámara de Comercio de Calgary como el Business Council of Alberta coinciden en que el país resulta clave para la competitividad regional, pero advierten que sus políticas en energía, minería y agricultura introducen fricciones que pueden tensar la negociación del T-MEC.
Los comentarios del sector privado canadiense indican que México consolidó su papel como eslabón central de las cadenas productivas norteamericanas, en especial tras el desplazamiento de China como proveedor estratégico de Estados Unidos. Ese reposicionamiento elevó su peso económico, pero también el escrutinio sobre su marco regulatorio y su alineación con los intereses de sus socios.
Se reconoce que la relación comercial entre Canadá y México sigue menos desarrollada que la existente con Estados Unidos, aunque se identifica un amplio margen de crecimiento, ya sea bajo el T-MEC o mediante un acuerdo bilateral, pero se debe trabajar en eliminar las barreras.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, el comercio de México con Canadá aún es reducido. Las importaciones desde ese país representan cerca de 2% del total, mientras que las exportaciones apenas alcanzan 3.3%.
Las alertas
El sector energético aparece como el principal foco de preocupación. Desde Calgary y Alberta se señala que las políticas que priorizan a las empresas estatales mexicanas, en particular Pemex, reducen el acceso de capital extranjero y limitan las oportunidades de inversión para compañías canadienses. La crítica no se dirige al papel del Estado, sino a la ausencia de condiciones equitativas y previsibles para la participación privada.
El Business Council of Alberta añade que este entorno se agrava por las restricciones del T-MEC al mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados en energía, lo que debilita la protección a la inversión extranjera. Para las empresas energéticas de Alberta, este diseño eleva el riesgo de proyectos en México y frena la integración energética regional.
La Cámara de Comercio de Calgary coincide en que la revisión del acuerdo debería atender estas distorsiones, sobre todo para facilitar la cooperación trilateral en energía de bajas emisiones, captura y almacenamiento de carbono, hidrógeno y nuclear. Sin reglas claras y certidumbre jurídica, advierte, América del Norte pierde terreno frente a otros bloques que avanzan con mayor rapidez en la transición energética.
Ambos organismos identifican un posible punto de inflexión, porque la intención del gobierno mexicano es retirar el apoyo financiero a Pemex hacia 2027, esto abre la expectativa de un mayor espacio para asociaciones con capital extranjero. Para el empresariado canadiense, ese giro puede redefinir el equilibrio entre control estatal y participación privada, aunque subraya que cualquier cambio deberá reflejarse en reglas claras dentro del T-MEC.
El segundo eje crítico es la minería, en particular la de minerales críticos. Calgary y Alberta coinciden en que el litio, el cobalto y otros insumos estratégicos resultan esenciales para baterías, vehículos eléctricos, tecnologías avanzadas y sistemas de defensa. En ese contexto, plantean que el T-MEC debe servir como plataforma para crear cadenas de suministro integradas en América del Norte y reducir la dependencia de China.
Se menciona que el “control estatal de las reservas de litio en México” representa una barrera para integrar completamente una cadena de suministro de minerales críticos dentro de la región.
A esta preocupación se suma el temor de que empresas chinas utilicen filiales en México para acceder al mercado norteamericano. Las dos organizaciones proponen reforzar las reglas de origen y la aplicación de disposiciones laborales para cerrar ese espacio, un tema que conecta de forma directa a la minería con la manufactura regional.
El tercer frente es el agrícola, con la canola como principal irritante. Tanto Calgary como Alberta señalan que la prohibición mexicana a la importación de canola genéticamente modificada constituye una barrera no arancelaria incompatible con los principios del T-MEC.
Para el empresariado canadiense, esta medida restringe el acceso al mercado mexicano para uno de sus productos agrícolas más relevantes y sienta un precedente que debilita el comercio basado en evidencia científica.
La Cámara de Comercio de Calgary subraya que eliminar este tipo de restricciones permitiría ampliar el intercambio agroalimentario con México. En ese sentido, destaca la importancia de fortalecer los vínculos económicos con México en un contexto donde el país se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos.
En conjunto, las posturas de Calgary y Alberta dibujan una visión coincidente. México resulta indispensable para la seguridad energética, mineral y alimentaria de América del Norte, pero enfrenta presiones para ajustar su marco regulatorio.

El fisco mexicano detalló que, en los procesos de auditoría, se solicitará una muestra de las partidas sujetas a revisión y no el 100% de la información.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) prevé realizar 16,200 auditorías tras el objetivo de garantizar el cumplimiento y orden en el pago de impuestos de los contribuyentes, por lo que dio a conocer las buenas prácticas que aplicará en estos procesos.
A través de un comunicado adelantó que en días se publicará el Plan Maestro 2026, cuyo eje rector será la "Atención al contribuyente y fiscalización".
Explicó que en caso de que se incumpla con el pago de impuestos, se realizará únicamente una auditoría por contribuyente, y que en los procesos de auditoría se solicitará una muestra de las partidas sujetas a revisión y no el 100% de la información.
La autoridad fiscal detalló que se auditará principalmente a aquellos contribuyentes que realicen las siguientes conductas:
Refirió que se garantizará la misma aplicación y criterios en cualquier oficina del SAT del país respecto a procedimientos de fiscalización en partidas como descuentos, depósitos no identificados, materialidad, mercadotecnia, importaciones, regulaciones no arancelarias, así como permisos, certificaciones y autorizaciones de comercio exterior.
Además, los tiempos de devolución para personas físicas se realizarán en promedio en 5 días, y para empresas en 30 días. El plazo establecido en la ley es de 40 días hábiles.
"Lo anterior permitirá optimizar los recursos del sistema tributario mexicano para 2026, con menos auditorías y mayor recaudación, garantizando piso parejo en el cobro de las contribuciones", destacó.

Telcel y AT&T ya publicaron sus lineamientos para el registro de líneas telefónicas para sus usuarios. De no realizarlo podrán perder la comunicación en este año.
A partir del viernes 9 de enero, todas las personas que cuenten con líneas de telefonía móvil deberán registrar sus números con su proveedor, según la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Telcel y AT&T, dos de las más grandes compañías de telefonía móvil en México, ya compartieron sus lineamientos para que sus usuarios hagan este trámite, y en ambos casos habrá posibilidad de realizarlo de manera remota.
Fechas clave
El registro, por disposición oficial, arranca el viernes 9 de enero de 2026, por lo que todos los usuarios de cualquier compañía tendrán que realizarlo. El plazo límite es el martes 30 de junio.
A partir del 1 de julio de este año, los usuarios que no hayan hecho el trámite no tendrán sus servicios de telefonía normal a menos que completen la vinculación. Lo único disponible en sus líneas serán las llamadas a números de emergencia o atención ciudadana como 074, 079, 088, 089 y 911.
Registro en Telcel
Según el sitio oficial de la telefónica , el trámite podrá realizarse tanto de manera presencial en un Centro de Atención a Clientes, o en línea como modalidad remota para todos sus usuarios, sean de plan en renta o tengan un esquema de cobro de prepago.
En el caso de solicitar la opción digital, cada usuario tendrá hasta tres oportunidades para realizar el registro. Si no se obtiene un resultado exitoso, se podrá contactar a un asesor marcando al *111 para Planes de renta y *264 para líneas Amigo.
Los requisitos son:
Vinculación en AT&T
La sección de Servicios Legales de AT&T señala que los usuarios de la telefónica tendrán hasta tres intentos para vincular sus números telefónicos por medio de un mensaje SMS, o por medio del sitio oficial con un código QR que aparecerá en la pantalla de inicio.
La plataforma de AT&T solicitará la captura de datos de la credencial para votar (INE) para usuarios nacionales, o pasaporte vigente en el caso de extranjeros. Después de proporcionar la información personal y sean validados, la telefónica enviará un mensaje SMS para confirmar su vinculación exitosa o rechazarla si los datos fueron incorrectos.
AT&T señaló que quienes estén en un sistema de recargas, solo podrán disfrutar del saldo y los demás beneficios una vez que se complete la vinculación. En caso de adquirir un nuevo número, el usuario tiene 30 días después de la activación para vincular su línea.
“Si no completas este proceso dentro de ese periodo, el saldo, beneficios de las recargas o pagos que hayas realizado serán eliminados”, señala el apartado legal de la empresa.
Padrón de Telefonía en México, ¿por qué tengo que registrar mi número?
La razón por la cual los usuarios tendrán que realizar el registro de sus números telefónicos se debe a una nueva regulación nacional para tener seguridad y transparencia dentro del sector de las telecomunicaciones.
Uno de los objetivos principales es la reducción de actos ilícitos con el uso de esta tecnología, como los ataques de phishing, una táctica que implica mensajes de apariencia formal para que los usuarios revelen información confidencial por engaños. Se estima que cinco de cada diez mexicanos es víctima de esta vulneración, según la firma de ciberseguridad Kaspersky.
Según el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación ( DOF ) del 9 de diciembre de 2025, también busca vincular a los titulares de las líneas telefónicas, lo que da certeza acerca del uso del servicio.
Con la nueva política, todas las líneas deberán estar registradas a nombre de las personas que las usen, o perderán el servicio. El “Padrón de Telefonía” estará compuesto por los números telefónicos e información personal como una identificación oficial con fotografía y la Clave Única de Registro de Población (CURP).