NOTICIAS DEL DÍA (01 DE JULIO DE 2026)

La reinvención del T-MEC: de funcionar a medias a revivir con los aranceles de Trump.

México elevó de 49% a 88% el comercio bajo el tratado; Canadá pasó de 38% a 81% antes de la revisión.

Este 1 de julio, México, Estados Unidos y Canadá enfrentarán la primera revisión prevista en el T-MEC desde su entrada en vigor hace seis años.

Los tres gobiernos deberán manifestar si desean extender automáticamente la vigencia del acuerdo por otros 16 años o mantener el mecanismo de revisiones anuales hasta su vencimiento en 2036. La decisión marcará el rumbo institucional del tratado, pero llegará cuando este ya dejó de ser el mismo.

Lo que comenzó en 2020 como un tratado para facilitar el libre comercio se transformó, antes incluso de sentarse a revisarlo, en una herramienta para reorganizar la producción de América del Norte. La prioridad ya no es únicamente cuánto comercian los tres países, sino qué producen, dónde lo fabrican, con qué insumos y bajo qué reglas. Detrás de ese cambio no hubo una renegociación del texto ni una reforma jurídica. El detonante fue la estrategia de aranceles de Donald Trump.

Una política comercial ampliamente cuestionada por su impacto sobre la economía estadounidense terminó por revitalizar el propio tratado que el presidente ha criticado en distintas ocasiones. Los aranceles modificaron los incentivos de las empresas y llevaron a que miles de empresas recurrieran al T-MEC como nunca antes.

Las cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos ilustran esa transformación. En 2024, únicamente 49% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos ingresó bajo las preferencias del T-MEC. En 2025, con el regreso de Donald Trump y la aplicación de nuevos aranceles, esa proporción aumentó a casi 80%. Entre enero y abril de 2026 volvió a subir hasta 88%.

Canadá recorrió prácticamente el mismo camino. En 2024 solo 38% de sus exportaciones hacia Estados Unidos utilizaba las preferencias del T-MEC. En 2025 la participación ascendió a 75% y durante los primeros cuatro meses de 2026 alcanzó 81%, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Cambió el incentivo

Durante años, el T-MEC funcionó por debajo de su potencial. Muchas empresas simplemente decidían no utilizarlo.

La explicación era sencilla. Para una gran cantidad de productos industriales resultaba más barato pagar el arancel de Nación Más Favorecida (NMF) que Estados Unidos aplica conforme a las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) —generalmente de entre 2% y 3%— que asumir el costo administrativo de demostrar el cumplimiento de las reglas de origen exigidas por el T-MEC.

En la práctica, numerosas exportaciones cruzaban la frontera sin acogerse al acuerdo porque hacerlo no representaba una ventaja económica suficiente.

Ese cálculo desapareció cuando la administración de Donald Trump comenzó a imponer aranceles adicionales de hasta 25% a las importaciones procedentes de México que no ingresaban bajo las preferencias del tratado, mediante medidas sustentadas en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y otras disposiciones comerciales.

El arancel NMF nunca dejó de existir, pero para miles de empresas dejó de ser una alternativa viable. Exportar fuera del T-MEC pasó de significar un costo relativamente reducido a enfrentar gravámenes mucho más elevados.

La industria automotriz resume ese cambio. Antes de las nuevas medidas, un vehículo de pasajeros que no cumplía con las reglas de origen pagaba el arancel NMF de 2.5%. Con la aplicación de los aranceles de la Sección 232, la carga aumentó hasta 27.5%, al combinar el gravamen por motivos de seguridad nacional con la tarifa ordinaria.

El resultado fue inmediato. Empresas que durante años habían considerado opcional utilizar el tratado comenzaron a certificar origen y reorganizar sus cadenas de suministro para conservar el acceso preferencial al mercado estadounidense.

Lo que sigue

La revisión del T-MEC comenzará, así, sobre un acuerdo que ya cambió en los hechos.

Aunque la estrategia de aranceles de Donald Trump sufrió importantes reveses judiciales, el nuevo funcionamiento del tratado permanece. La Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles generales impuestos bajo la IEEPA y posteriormente la Suprema Corte de Estados Unidos determinó que esa ley no autoriza al presidente a establecer tarifas comerciales de manera unilateral, una facultad reservada al Congreso.

Sin embargo, esos fallos no modificaron los aranceles de la Sección 232 por razones de seguridad nacional, que continúan vigentes y en puerta hay otras opciones.

Para México y Canadá esa diferencia es determinante. Estados Unidos mantiene aranceles de 25% sobre automóviles y determinadas autopartes, además de tarifas relacionadas con acero, aluminio y cobre. En ese contexto, el T-MEC opera como una excepción parcial: las autopartes originarias permanecen exentas, los vehículos que cumplen las reglas de origen reciben un trato preferencial y el arancel se calcula únicamente sobre el contenido no estadounidense.

Estados Unidos ha dejado claro que el objetivo ya no consiste únicamente en mantener el libre comercio. Documentos de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) señalan que el acuerdo debe fortalecer a fabricantes, agricultores, trabajadores y empresas estadounidenses, al tiempo que reduzca el aprovechamiento del tratado por parte de terceros países.

Esa premisa apunta directamente hacia la industria automotriz.

Un análisis del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS) anticipa que la administración de Donald Trump buscará endurecer las reglas de origen durante la revisión del T-MEC para obligar a que una mayor proporción de vehículos y autopartes se fabrique en América del Norte como condición para acceder a los beneficios arancelarios.

El documento sostiene que uno de los principales debates será determinar si las reglas actuales responden a la nueva realidad de la industria, marcada por los vehículos eléctricos, las nuevas tecnologías y la creciente presencia de componentes provenientes de Asia, especialmente de China.

Hoy el T-MEC exige que un automóvil incorpore 75% de contenido regional, que parte del acero y el aluminio provenga de América del Norte y que una fracción de la producción se realice en plantas donde se paguen al menos 16 dólares por hora. El CRS considera probable que Estados Unidos impulse requisitos aún más estrictos, fortalezca la verificación del origen de los insumos y actualice las reglas para adaptarlas a la nueva configuración de las cadenas de suministro.

Por eso, la decisión que los tres gobiernos tomen este 1 de julio irá más allá de definir si el tratado se prolonga automáticamente otros 16 años o entra en una etapa de revisiones anuales. La verdadera discusión será hasta dónde Estados Unidos quiere utilizar el T-MEC como instrumento de política industrial.

Ingresos por petróleo e ISR marcan faltas, mientras IEPS a refrescos rompe récord.

En enero-mayo, el IVA fue el único impuesto que reportó excedentes por 47,806 millones, como resultado de un mayor consumo interno y fortalecimiento de las acciones de fiscalización, reportó Hacienda.

Al cierre de mayo, los ingresos que México obtiene por el cobro del Impuesto sobre la Renta (ISR) y venta de petróleo fueron menores a lo programado, mientras los que llegan a las arcas públicas por el Impuestos Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a refrescos marcaron récord de crecimiento, y por derechos, como servicios vinculados a visitantes y turistas, reportaron mayores niveles a lo aprobado por los legisladores.

En total, los ingresos públicos fueron 151,471 millones de pesos menos a lo presupuestado para el periodo enero-mayo. El total recaudado fue 3.55 billones de pesos, cuando se habían programado 3.70 billones, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El mayor faltante de ingresos fue por la venta y exportación de petróleo por 119,633 millones de pesos. Los resultados se dan ante el comportamiento de la plataforma de exportación y el efecto de la apreciación cambiaria, que redujo la valuación en moneda nacional de las ventas de hidrocarburos, informó Hacienda.

Le siguieron los ingresos por impuestos que fueron 67,909 millones de pesos, menos a lo esperado. En la recaudación por ISR se reportaron faltantes por 72,314 millones, reportó un decrecimiento de 5.8% frente al mismo periodo del año pasado descontando la inflación.

El comportamiento del ISR obedece a menores pagos asociados con las declaraciones anuales de personas morales y físicas. “Esta reducción se mitigó parcialmente con un mayor desempeño de la recaudación por sueldos y salarios, en un contexto de incrementos en los salarios reales y resiliencia del empleo formal”, reportó la SHCP en su informe de las finanzas y deuda públicas correspondiente a mayo.

IEPS por cigarros y refrescos e IVA amortizan caídas

En tanto, el IEPS reportó menos dinero a lo programado por 9,352 millones, esto fue principalmente por la aplicación de estímulos al precio de las gasolinas y diésel, a causa del alza en los precios de los combustibles y el crudo a nivel mundial por el conflicto entre EU-Israel e Irán. Tan solo en mayo, el IEPS a gasolinas cayó 27.6% real anual.

Distinto al que se cobra a los combustibles, el IEPS que se incluye a los cigarrillos creció 13.3% real anual su mayor crecimiento, desde 2020, comparando periodos iguales. El IEPS a bebidas saborizadas, como refrescos, creció 54.3% real anual, el mayor crecimiento para el periodo enero-mayo desde 2015, es decir, desde que se aplica este gravamen, refieren cifras de Hacienda.

Cabe destacar que para este año, y en vísperas del Mundial de Futbol, se aplicaron aumentos a la cuota IEPS que se cobra a bebidas saborizadas y azucaradas como jugos, refrescos, sueros, con el objetivo de disminuir su consumo; la cuota pasó de 1.64 pesos por litro a 3.08 pesos. En tanto, para las bebidas edulcoradas pasó de cero a 1.50 pesos por litro.

El IVA fue el único gravamen que reportó excedentes, estos ascendieron a 47,806 millones, como resultado de un mayor dinamismo del consumo interno y fortalecimiento de las acciones de fiscalización. Frente al periodo enero-mayo, y considerando la inflación, el crecimiento fue de 3.3%, detalló la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora.

Los impuestos a la importación fueron menores a lo previsto por 25,535 millones de pesos, a causa de un menor tipo de cambio, que redujo la valuación en moneda nacional de los bienes importados, detalló la SHCP.

Derechos a turistas al alza

La falta del total de los ingresos públicos fue amortizada por casi 30,000 millones de pesos excedentes que reportaron los ingresos que el sector público recibe por derechos y aprovechamientos. En total, los ingresos no tributarios sumaron 197,205 millones, cuando se tenían programados 167,205 millones.

Frente a la celebración de la Copa Mundial de Futbol para este año se aprobaron y aplicaron incrementos en el pago de derechos por servicios vinculados a visitantes y turistas, como las residencias temporales por un año, las visitas sin permiso para realizar actividades remuneradas, expedición de permisos, certificados, constancias y autorizaciones. También hubo incrementos para museos y zonas arqueológicas.

Los perros robot dejan el espectáculo y se convierten en aliados de la industria.

La IA física permite a los robots cuadrúpedos prevenir hasta 50% de las paradas no programadas en plantas industriales y mejorar la seguridad operativa.

La imagen de robots cuadrúpedos realizando coreografías en ferias tecnológicas ya quedó atrás y dio paso a una realidad mucho más rentable.

En la actualidad, estos dispositivos ya son activos estratégicos dentro de la industria manufacturera y minera, dejando de ser simples curiosidades para convertirse en herramientas que representan impactos en la eficiencia operativa de las compañías.

Esta evolución se sustenta en lo que los expertos denominan IA Física, es decir, la convergencia entre la robótica avanzada y la Inteligencia Artificial a través de componentes de última generación, elevando el mercado un 38.5% hacia 2030 y superando los 124,800 millones de dólares, según datos de Grand View Research, pues a diferencia de la robótica tradicional, que seguía una programación rígida y lineal, estos sistemas operan bajo objetivos que les permiten una autonomía real.

"Tenemos robots que ya no tienen una programación lógica sin estructura, sino que nosotros le damos objetivos, los entrenamos y los dejamos tomar decisiones. Eso es un salto grande porque nosotros tenemos que empezar ahora a pensar en plantas que trabajan distinto, que conviven entre robots y humanos para generar algo", menciona Sol Besprosvan, líder de manufactura de TCS Latinoamérica.

De acuerdo con la especialista, el impacto más tangible de esta tecnología se observa en la reducción de costos operativos, específicamente en la prevención de fallas y estima que la implementación de estos sistemas, de acuerdo con informes de TCS, pueden prevenir hasta un 50% de las paradas de planta no planificadas mediante alertas sobre anomalías antes de que ocurra una avería crítica.

Los perros robot son dispositivos que hacen uso de cámaras LIDAR y profundidad para crear mapas 3D del entorno con la finalidad de escanear el terreno y sepa dónde pisar, calcular las distancias y sortear los obstáculos, Además, cuentan con sensores que miden su aceleración y su inclinación para mantener el equilibrio.

Este tipo de dispositivos se han desplegado en diferentes industrias, desde la minería hasta los centros de datos de Google, Amazon, Meta o Microsoft, entre otros, donde se dedican a realizar patrullaje en las instalaciones para detectar anomalías sencillas, como puertas abiertas o ruidos inusuales, hasta grandes problemas, como fugas que pueden poner en riesgo la operación.

Besprovan destaca que la gran diferencia de estos robots a otros sistemas de seguridad es que mientras los métodos tradicionales suelen basarse en testeos aleatorios, la IA física permite realizar un testeo del 100% de las piezas, asegurando que cada producto que sale de la línea cumple con los estándares exigidos.

No hay preparación, pero sí esperanza

Cifras del estudio Future-Ready Manufacturing Study 2025, elaborado por TCS y Amazon Web Services, señalan que el 75% de los participantes esperan que la IA sea uno de los tres principales factores que contribuyan a los márgenes operativos de este año: sin embargo, solo el 21% de las empresas se siente preparada en términos de datos y plataformas para ejecutar esta transición.

A pesar de ello, los efectos positivos son considerables, el estudio señala que un 67% de las compañías mejoró la visibilidad en tiempo real de la cadena de suministro y un 30% prevé un aumento significativo de la productividad. Además, a nivel financiero los impactos también son relevantes.

Según datos de la empresa Boston Dynamics, un robot cuadrúpedo de su modelo Spot puede oscilar entre los 175,000 y los 300,000 dólares, dependiendo de las cargas útiles que resista.

Sin embargo, Merry Frayne, directora senior de gestión de productos de la firma, detalla que dicha inversión se recupera en un lapso de dos años y los ahorros se perciben a partir de los 18 meses.

Asimismo, otro de los impactos positivos de estos robots se da en el retorno de inversión (ROI) Humano, es decir, aquel centrado en la seguridad, ya que los robots cuadrúpedos asumen tareas en entornos donde la presencia humana es un riesgo inaceptable, como minas subterráneas con peligro de desprendimiento o áreas con gases tóxicos.

“El indicador más terrible que tenemos en la industria tiene que ver con la siniestralidad. Siempre se busca minimizar accidentes y muchas veces por cierta naturaleza de ciertas actividades hemos tenido que enfrentar muertes", puntualiza Besprovan.

Si bien la capacidad operativa de estos sistemas es 24/7, la experta sostiene que su éxito depende de no caer en el "bache de la innovación", un escenario que se da cuando las empresas adquieren la tecnología por moda, sin una metodología clara, lo que resulta en un gasto presupuestario vacío que no escala más allá de una simple prueba de concepto.

Para evitarlo recomienda un análisis de factibilidad técnica frente al retorno de inversión y así elegir los casos de uso que realmente impacten al negocio y que puedan escalar desde una sola nave industrial hasta múltiples plantas operativas.

Registro telefónico arriesga la desconexión de 16 millones de líneas y la pérdida de 1,900 mdp mensuales.

El regulador ganó tiempo para implementar el registro, pero no resolvió su diseño, por lo que Banamex y especialistas prevén suspensiones masivas, pérdidas económicas e impacto en usuarios de menores ingresos.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) emitió una prórroga de 184 días con la finalidad de lograr la vinculación de las 161 millones de líneas móviles que hay en operación en el país. La autoridad delimitó un calendario que opera bajo una lógica en donde cada 15 días, a partir de agosto y hasta diciembre, será la fecha límite asignada del registro conforme al último dígito del número telefónico.

Pero el plazo delimitado por el regulador no evitaría afectaciones para los usuarios y la economía.

Un estudio de perspectiva de Banamex anticipó que al cierre de este año, 26 millones de líneas telefónicas serán suspendidas, equivalente a dos de cada tres números de prepago. El apagón también equivaldría al mercado chileno que contabiliza 26.2 millones de líneas, según la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

Además, la desconexión se traducirá en una pérdida permanente para el sector de telecomunicaciones cercano a los 1,900 millones de pesos al mes.

Solo en el primer trimestre del año, el mercado móvil registró la baja de un millón 23,000 usuarios de recarga. De ese total, Telcel concentró la pérdida de 482,000 clientes, mientras que AT&T registró la desconexión de 541,000 usuarios, de acuerdo con sus reportes operativos.

Banamex aseguró que aunque la CRT modificó el calendario de implementación del registro telefónico, no alteró los incentivos que sustentan la medida, debido a que el problema no radica en la forma en que se ejecuta el padrón, sino en su diseño, al advertir que, incluso si se lograra registrar la totalidad de las líneas de prepago, los grupos criminales seguirían teniendo mecanismos para evadir el sistema.

“El instrumento golpea al usuario legítimo que no necesitaba disuadir y no alcanza al criminal que dice perseguir. La salida requiere cambiar la pregunta: no quién usa la línea, sino a quién pertenece el aparato”, advirtió la entidad bancaria.

Al 25 de junio, apenas 63 millones de personas habían completado el proceso, equivalentes al 39.1% del universo estimado de líneas. De ese total, 40.2 millones corresponden a usuarios de prepago y 22.8 millones a pospago, lo que deja todavía 98 millones de líneas pendientes de vinculación, de acuerdo con datos de la Comisión.

La proyección del banco se alinea con la perspectiva de los analistas de la industria móvil. 

Adolfo Cuevas, experto en el sector y excomisionado presidente del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), consideró que el nuevo esquema de CRT genera un trato desigual entre usuarios y aumenta el riesgo de que millones de líneas no alcancen a completar el proceso antes de su fecha límite, especialmente aquellas cuyo número termina en cero y que deberán registrarse antes del próximo 15 de agosto.

El especialista consideró que el plazo resulta insuficiente ante la persistente falta de información y la incertidumbre que rodea al procedimiento. “Este nuevo criterio no es realista.

Queda claro que falta información, incentivos, mecanismos para generar confianza en los usuarios, antes que simplemente amenazarlos con perder un derecho constitucional a la expresión, comunicación y acceso a información”, advirtió el exfuncionario del IFT.

Hasta ahora, la CRT no ha explicado públicamente los criterios jurídicos, técnicos y operativos que sustentaron la decisión de otorgar una prórroga mediante un calendario escalonado.

La autoridad tampoco respondió a una solicitud de información de Expansión en la que se le pidió detallar los argumentos que motivaron el nuevo esquema y el análisis que la llevó a concluir que esa era la vía más adecuada para implementar la medida.

Sin embargo, la decisión de la autoridad de establecer un calendario escalonado responde a los desafíos técnicos y operativos que implicaría ejecutar un apagón masivo de líneas telefónicas de un día para otro.

Las redes y los equipos de trabajo de los operadores están programadas para habilitar el acceso a los usuarios y la política del regulador implica que hagan lo contrario.

De acuerdo con fuentes de la industria, las redes y los sistemas de los operadores están diseñados para garantizar la continuidad del servicio, por lo que suspender de forma simultánea millones de líneas requeriría reconfigurar diversos procesos y plataformas para retirar el acceso de los usuarios.

Ante esa complejidad, la CRT también amplió de 24 a 72 horas el plazo con el que contarán las empresas para suspender las líneas correspondientes a los usuarios que no hayan realizado la vinculación dentro de las fechas asignadas para cada terminación telefónica.

Con el nuevo calendario, la CRT gana tiempo para ejecutar una de las mayores desconexiones de líneas móviles en el país sin comprometer la estabilidad operativa de las redes.

Pero la prórroga no modifica el objetivo de la política ni despeja las dudas sobre su efectividad para combatir el delito, mientras persisten las advertencias de especialistas y analistas sobre sus costos económicos, el impacto en los usuarios de menores ingresos y el riesgo de dejar sin servicio a millones de personas.