NOTICAS DEL DIA (12 DE NOVIEMBRE DEL 2025)

Hacienda bloquea 13 casinos por identificar conductas de lavado de dinero.

Algunos de estos establecimientos operaron con movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá, informó la dependencia.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con el Gabinete de Seguridad, en una investigación que lleva meses realizándose identificaron a 13 casinos en donde se detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.

Por su alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloquedas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado, informó la SHCP en un comunicado.

Como resultado, se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero, en establecimientos con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, de acuerdo con los patrones detectados en el análisis financiero.

Algunos de estos establecimientos operaron con movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá; así como a través de plataformas digitales, lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional.

Adicionalmente, se identificó que las plataformas digitales utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, quienes a cambio de un porcentaje transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos.

"Derivado de estos hallazgos, la UIF presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el fin de dar seguimiento a los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), asociación delictuosa y delitos del orden fiscal", destacó Hacienda en un comunicado.

Estas acciones reafirman el compromiso de cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, en colaboración con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para el combate al lavado de dinero, finalizó.

La energía eólica retrocede en México: su participación cae al nivel de 2019.

Tras duplicar su capacidad entre 2015 y 2020, el sector eólico enfrenta su primera contracción en una década. El sector atribuye la caída a permisos bloqueados y falta de planeación en el sistema eléctrico.

El retroceso de la energía eólica en México ya no es una percepción del sector: está en los datos. En 2024, la generación eléctrica proveniente del viento representó apenas 5.68% de la producción total del país, su nivel más bajo desde 2019. Tres años antes, en 2021, había alcanzado su punto máximo con 6.52%. Desde entonces, la participación de esta tecnología ha caído de forma constante, empujada por la falta de permisos, la parálisis regulatoria y un discurso que la desplazó de las prioridades energéticas nacionales.

El informe anual de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) confirma la tendencia. En 2021, los parques eólicos del país generaron 21 millones 075,805 megawatts-hora, pero para 2024 la cifra cayó a 19 millones 984,407 megawatts-hora, una reducción de 5.17%. El dato marca un quiebre en la expansión de una industria que había duplicado su capacidad instalada entre 2015 y 2020.

Gerardo Pérez Guerra, presidente de la AMDEE, destacó que el crecimiento del sector dependerá de que exista la certidumbre necesaria para reactivar las inversiones. “Dependerá de los avances en infraestructura, financiamiento y políticas públicas que den certeza a largo plazo”, señaló en el documento. Su advertencia resume el dilema: la tecnología está lista, pero el entorno institucional aún no.

Retos para el viento

El freno comenzó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Con la cancelación de las subastas de energía de largo plazo —que en el sexenio previo permitieron licitar más de 50 centrales— y la negativa a emitir nuevos permisos de generación, el sector perdió ritmo y visibilidad. La transición energética, que había sido una meta de política pública, quedó relegada por una estrategia centrada en los combustibles fósiles.

Las consecuencias fueron tangibles. Siete centrales eólicas completamente terminadas quedaron sin operar, pese a inversiones por cerca de 800 millones de dólares. Los proyectos no pudieron conectarse a la red por la negativa de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a modificar permisos y del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a otorgar interconexiones.

Tres de esas plantas continúan fuera de operación, aunque el sector confía en que podrían integrarse pronto. “Están en el proceso de entrar en operación, ha habido un movimiento a raíz de esta nueva administración un poco más activo, pero todavía es un proceso lento el de integrar estos proyectos a la generación actual, pero creemos que van por buen camino los que están 100% listos y esperamos que en este año puedan entrar en operación”, dijo Pérez Guerra el 3 de agosto pasado.

El líder empresarial considera que hay señales incipientes de reactivación. “Sí vemos que se va reactivando, pero inicialmente estamos esperando a ver qué sucede principalmente con las nuevas reglas. Los inversionistas estamos aquí, hablando de todas las empresas privadas que estamos en México, continuamos aquí porque creemos al país, le creemos a México a pesar, insisto, de estos seis años de pausa”, afirmó. Además de esos casos, otros 19 proyectos permanecen detenidos en distintas etapas de desarrollo. La AMDEE sostiene que, con condiciones regulatorias estables y una planeación clara del sistema eléctrico, podrían retomarse con rapidez.

El contexto político también jugó un papel. Durante la gestión de Manuel Bartlett al frente de la CFE, la empresa estatal impulsó un discurso en el que las energías renovables fueron calificadas como inestables y poco confiables. Esa postura se tradujo en cambios regulatorios que limitaron su despacho, reduciendo la generación proveniente del viento en favor de las plantas fósiles.

Arturo Carranza, analista en temas energéticos, considera que esa visión tuvo un costo estratégico. “La visión ideológica de las autoridades en la administración pasada representaron el principal cuello de botella para el impulso de la energía eólica y afectó al sistema eléctrico en su conjunto, porque lo mejor para cualquier sistema es la diversificación de su matriz energética”, explicó.

El especialista añade que el freno a la eólica no solo frenó inversiones, sino competitividad. “El hecho de que hayan limitado a la eólica, que a nivel mundial venía siendo más efectiva en términos de costos, afectó la operación y el crecimiento”, apuntó.

¿Nueva oportunidad?

Con el cambio de administración, encabezada por Claudia Sheinbaum, el sector espera un nuevo punto de inflexión. La nueva política energética ha comenzado a incorporar nuevamente a las renovables en su planeación, aunque con énfasis en la energía solar, donde los costos de instalación y mantenimiento son menores.

El Plan de Expansión de la CFE 2025-2030 incluye siete nuevas centrales eólicas con una capacidad total de 7,228 megawatts y una inversión estimada de 6,796 millones de dólares. Se prevé que entren en operación entre 2027 y 2028, aunque hasta ahora no se han anunciado proyectos concretos ni licitaciones en curso. Para Carranza, la falta de detalles es preocupante. “Se mencionan dentro del plan –pero en los calendarios todavía no hay fechas– así que hay que esperar más claridad con respecto a los proyectos eólicos que vienen incorporados de manera general en el plan de expansión del sistema eléctrico, pero que se entienda que hay que verlo con un sentido de urgencia para que puedan estar en tiempo”, advirtió.

La AMDEE, por su parte, insiste en que el sector está dispuesto a colaborar con el gobierno federal en la definición de nuevas reglas. “El sector eólico mantiene plena disposición para colaborar con las autoridades en la construcción de un marco regulatorio eficiente, transparente y predecible”, señala su informe anual. El organismo recalca que las empresas “tienen la capacidad, el conocimiento y los recursos para contribuir significativamente al crecimiento de la capacidad renovable en México”, pero advierte que se requiere “una ruta clara, acompañada de instrumentos que permitan alinear la planeación con la operación del sistema eléctrico”.

Mientras tanto, el mapa energético del país muestra un contraste: mientras la generación solar sigue ganando espacio, la eólica cede terreno. El país que hace una década se posicionaba entre los líderes latinoamericanos en aprovechamiento del viento hoy enfrenta una curva descendente.

Finalmente, Arturo Carranza señaló que, aunque se trabaja en un nuevo marco legal para el sector, persiste la incertidumbre sobre las condiciones para invertir. “Se empieza a ver un interés en proyectos, pero habrá que ver si alcanza para despertar el apetito del sector”, concluyó.

SICT niega plan para abrir aeropuertos a Uber y DiDi rumbo al Mundial 2026.

La SICT aclaró que no pretende permitir el ingreso de taxis por aplicación a los aeropuertos del país rumbo al Mundial 2026.

Las reacciones del gremio de taxistas que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) encendieron la discusión sobre la posibilidad de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) presente una iniciativa ante la Cámara de Diputados para permitir que los servicios de transporte por aplicación, como Uber y DiDi, operen dentro de terminales aéreas de cara al Mundial.

Sin embargo, la SICT aclaró que no emitió ningún comunicado o propuesta al respecto, aunque no dio más detalles ni estuvo disponible para entrevista.

¿Los taxis por aplicación pueden operar en los aeropuertos?

Actualmente, los servicios de transporte por aplicación no cuentan con autorización para prestar servicios dentro de los aeropuertos. De acuerdo con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, solo pueden operar los taxis concesionados, así como servicios turísticos y autobuses con permisos federales específicos otorgados por la SICT.

Esto significa que, aunque los usuarios pueden solicitar un viaje mediante plataformas digitales y abordar en la vía pública o zonas cercanas, los conductores de aplicaciones no pueden cargar pasaje dentro del área federal aeroportuaria, como las zonas de llegada o los andenes autorizados.

Esta normativa ha impulsado amparos por parte de las plataformas. Recientemente, Uber obtuvo una suspensión definitiva judicial que básicamente implica que, mientras se resuelve el juicio de amparo, los conductores no pueden ser detenidos ni sancionados arbitrariamente por autoridades federales en los aeropuertos del país.

Es por ello que es posible que los usuarios puedan tomar este servicio desde y hacia los aeropuertos en México. Sin embargo, cuando la suspensión definitiva fue otorgada a Uber, la SICT emitió un comunicado en el que recordó que las empresas de transporte por aplicación no cuentan con autorización para operar en aeropuertos.

La SICT precisó que el amparo no equivale a un permiso, sino que busca garantizar que los operativos se realicen de manera legal y no discriminatoria.

“El Juzgado Décimo Tercero en Materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó una suspensión a la empresa para que los operativos de la Guardia Nacional se realicen conforme a la normatividad establecida, evitando que estos sean arbitrarios y discriminatorios, lo que no implica una autorización para la prestación de estos servicios”, detalló en el comunicado.

Expansión consultó a DiDi e InDrive para conocer su postura ante la situación, pero no emitieron comentarios.

Un mercado en disputa rumbo al Mundial 2026

Aunque la SICT negó promover alguna iniciativa específica, la expectativa en torno a los servicios de transporte digital crece ante la llegada del Mundial 2026, en el que México será una de las sedes junto con Estados Unidos y Canadá.

El propio Uber señaló que espera que la suspensión que le fue otorgada quede asentada en una resolución final de cara a la justa deportiva.

“El próximo año se celebrará el Mundial de futbol en México, y es de suma importancia que mostremos nuestra mejor cara a los millones de turistas que recibiremos durante la justa deportiva más importante del planeta” explicó la empresa.

El volumen de turistas internacionales y la presión por mejorar la movilidad en los aeropuertos podrían abrir una oportunidad histórica para regular de manera más flexible el acceso a taxis por aplicación.

Sin embargo, por ahora, la operación de estas plataformas sigue restringida dentro de los aeropuertos, por lo menos dentro del papel, y su presencia definitiva y sin suspensiones o amparos de por medio dependerá de si el Congreso o la propia SICT decide impulsar una reforma.

Los topes a comisiones: competencia, costos y consecuencias imprevistas.

Desde hace años denuncian que las redes de pago están controladas por pocos bancos y marcas de tarjetas, lo que mantiene los costos altos y desincentiva el uso de terminales en pequeños negocios.

El sector financiero mexicano vive días de tensión por una reforma que, en apariencia, es técnica y relativamente menor: la propuesta del Banco de México (Banxico) y la CNBV para poner topes a las cuotas de intercambio que los bancos cobran cada vez que alguien paga con tarjeta. Detrás del lenguaje regulatorio se libra una batalla de fondo: quién y cuánto debe pagar por el avance hacia una economía menos dependiente del efectivo.

La iniciativa busca limitar las cuotas a 0.3% en débito y 0.6% en crédito, frente a los niveles actuales que, en promedio, se ubican en 0.45% y 1.35%, respectivamente. Para los comercios, en especial los de alto volumen y bajo margen, como supermercados y tiendas de conveniencia, el beneficio es inmediato. JPMorgan estima que el cambio podría ahorrarles unos 1,600 millones de dólares al año. Para algunos, esto implicaría elevar su rentabilidad en alrededor de 10%, una cifra por demás relevante.

No sorprende que las asociaciones de comerciantes y consumidores aplaudan la medida. Desde hace años denuncian que las redes de pago están controladas por pocos bancos y marcas de tarjetas, lo que mantiene los costos altos y desincentiva el uso de terminales en pequeños negocios. La Cofece ha argumentado al menos desde 2018 que el sistema de pagos mexicano enfrenta “barreras a la competencia”.

Las instituciones financieras, grandes bancos como BBVA y Banamex, y nuevos jugadores como Nu, responden que el cambio puede tener un efecto contrario: reducir la inclusión financiera. Argumentan que las cuotas de intercambio financian los costos de emitir tarjetas, mantener seguridad antifraude y atender a clientes. Si desaparece esa fuente de ingresos, podrían verse obligadas a concentrarse en clientes de mayores ingresos, dejando fuera a quienes más necesitan acceso al sistema.

Para las fintech el riesgo es todavía mayor. Muchas dependen en gran medida de esas comisiones y podrían ver graves deterioros en sus resultados, en un momento en el que muchas de ellas todavía no alcanzan la rentabilidad operativa. Para ellas, la reforma no es sobre competencia, sino sobre sobrevivir. Los defensores del cambio contraatacan: ¿por qué los comercios, y ultimadamente los consumidores, deben subsidiar los programas de lealtad de los bancos? En México, aceptar tarjetas sigue siendo caro para los pequeños negocios. Si los costos fueran más bajos, más comercios podrían aceptar pagos digitales y menos gente usaría efectivo.

Ambos lados tienen al menos algo de razón, pero sólo ven una parte del problema. La cuota de intercambio es apenas un eslabón de la cadena. La tarifa total que paga el comercio, conocida como Merchant Discount Rate (MDR), incluye también lo que cobran el banco adquirente (el que cada comercio contrata para manejar los pagos con tarjeta), la red (Visa o Mastercard) y, en su caso, el agregador (como Clip o Mercado Pago). Si baja la comisión de intercambio, será importante que la autoridad se asegure que el MDR baje en un monto igual para que el ahorro efectivamente llegue a los comercios.

La reforma también tiene aspectos positivos. Busca obligar la interoperabilidad entre cámaras de compensación —para que las transacciones fluyan entre redes— y dar a Banxico un papel más fuerte como registrador de tarifas, con CNBV como ente supervisor. En teoría, eso daría más transparencia y competencia. Sin embargo, dado el contexto mexicano de un mayor uso del efectivo, una regulación de precios tan agresiva puede alterar los incentivos de formas imprevistas.

Finalmente, es importante señalar que, si de reducir el uso del efectivo se trata, el gobierno cuenta con múltiples otras herramientas a su disposición. Por ejemplo, el Banco del Bienestar podría dar incentivos para que quienes reciben apoyos sociales realicen pagos con sus tarjetas, en lugar de simplemente retirar todo su saldo, lo cual tiene un gran costo que pagamos todos.

Al final, el debate no es sólo técnico. Se trata de cómo promover competencia sin desincentivar la inclusión, y de cómo proteger al consumidor sin frenar la digitalización. Ese equilibrio, entre regulación y crecimiento, definirá si la modernización financiera de México avanza o se estanca.