En los últimos años, el SAT ha intensificado su fiscalización sobre sociedades civiles, aplicando criterios automatizados que, en muchos casos, ignoran el principio del flujo de efectivo que rige su régimen fiscal. Esta desconexión entre la normatividad y los algoritmos de revisión ha generado diferencias en ingresos reconocidos, determinaciones de ISR indebidas y requerimientos que ponen en riesgo la operación de estas figuras jurídicas.

En el contexto del plan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) impulsado por la OCDE, los conceptos de materialidad y materialización se han consolidado como filtros clave para validar operaciones entre partes relacionadas. Ya no basta con que una operación esté documentada formalmente: ahora se exige sustancia económica real, evidencia funcional y congruencia con la realidad del negocio.

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Aunque muchas devoluciones se hacen de forma automática, hay ciertas situaciones que pueden frenar el proceso o incluso hacer que la solicitud sea rechazada.